Esas son algunas de las atribuciones que el presidente de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Mauricio Funes, le delegará al Ejército para combatir la imparable ola delincuencial, cuya decisión tomó luego de una "intensa jornada" de reuniones con autoridades de los ministerios de Justicia y Seguridad Pública, Defensa, y la PNC, según indicó.
El contingente castrense estará diseminado en cinco departamentos: San Salvador, Sonsonate, La Libertad, Santa Ana y San Miguel, de los cuales 19 municipios serán la base de operaciones. En estos lugares han detectado 28 zonas de mayor incidencia delincuencial, acotó el presidente.
Aunque el mandatario prefirió no especificar ni sitios ni cuántos soldados serán desplegados, indicó que el Ejército podrá capturar a los delincuentes sin ningún problema y que se los entregará de inmediato a la Policía para que ésta documente los procesos de aprehensión. A su juicio, "es imprudente" revelar dicha información porque entonces los delincuentes "se preparan y justamente eso es lo que no queremos".
Para Funes, sólo se debe manejar la información que la población necesita saber. "La manera cómo va a intervenir, dónde, a qué horas, en qué zonas, eso no se le puede revelar a la delincuencia", dijo el funcionario.
De igual forma, el presidente afirmó que no van a utilizar los 6,500 efectivos (que representaría el 60% de las FF.AA.) que le ofreció la semana pasada el Ministro de Defensa, David Munguía Payés, pero tampoco darán abasto con los 1,200 ó 1,300 soldados que están trabajando en los grupos conjuntos de la Policía. El mandatario informó que el plan de seguridad acordado con las autoridades "partió de esa oferta" que le hizo el titular de Defensa.
"Hemos aumentado significativamente el número de efectivos. Hemos calculado justo el número de efectivos que necesitamos en estos momentos para apoyar el trabajo de la Policía", apuntó Funes.
Desde la semana pasada, según revelaron fuentes castrenses a El Diario de Hoy, varios contingentes de soldados estaban concentrados en diversas guarniciones militares a la espera de la orden de salida del presidente.
Según las fuentes, son ocho grupos armados, integrados por 380 hombres cada uno, los que estaban listos para asumir la tareas que les delegaran.
Mientras, el gobernante dijo que aprobó la ampliación del apoyo del Ejército a la Policía de modo que puedan "garantizar el orden, la paz interna y la seguridad ciudadana", tal como se lo confiere la Constitución de la República.
"Disponer de la Fuerza Armada de manera permanente para la defensa de la soberanía del Estado y de manera excepcional para el mantenimiento de la paz interna y la seguridad pública", indica la Carta Magna.
Eso es justamente lo que la población está pidiendo: más presencia militar en las calles, según el reciente sondeo de JBS Opinión Pública para El Diario de Hoy.
La encuesta reveló que el 94% de la ciudadanía respalda que el Ejército apoya la labor policial para combatir la criminalidad, ya que se está cobrando la vida de 13 personas por día.
La mayor razón que dan los encuestados es que confían en la capacidad de las Fuerzas Armadas.
Otras tareas de apoyo
Funes explicó que además de los registros y requisas a personas y vehículos, y las detenciones en flagrancia que podrá realizar el Ejército, también ayudará en el resguardo de las fronteras, específicamente en los llamados "puntos ciegos", donde hasta ahora no hay mayor control de las autoridades de seguridad.
Asimismo, estarán facultados para vigilar los alrededores de las cárceles y centros de internamiento de menores, cuando se lo pidan las autoridades penitenciarias y judiciales.
Otra misión encomendada a las Fuerzas Armadas será apoyar por tierra, mar y aire a las labores de la Policía con personal y recursos especializados.
Funes destacó que esta disposición se ha realizado desde 1994 en administraciones del partido ARENA, en ese entonces bajo el mandato del ex presidente Armando Calderón Sol y la más reciente dirigida por el ex presidente Elías Antonio Saca, quien ordenó la creación de los Grupos de Tarea Conjunta (GTC) y los Grupos de Tarea Antipandillas (GTA).
El presidente también indicó que pasados los seis meses de implementado el plan de seguridad entre Policía y Ejército, él rendirá un informe a la Asamblea Legislativa para detallar si funcionó o no "la medida excepcional".
Munguía Payés se comprometió, el pasado 27 de octubre, que en seis meses podrían bajar los índices de delincuencia en un 10 por ciento, sobre todo los asesinatos y las extorsiones.
"Se han hecho propuestas para bajar en un 10 por ciento los homicidios y las extorsiones en un período de seis meses. Es imperante un control más adecuado de los centros penales", declaró Munguía.
Respecto a las nuevas disposiciones del Gobierno, algunos militares retirados expresaron ciertas dudas sobre la efectividad del plan.
El general Mauricio Vargas, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, al principio de los años 90, opinó que los asesores del presidente Funes deberían haber evaluado también las consecuencias que va a traer si el Ejército, al final, no reduce los índices de criminalidad cómo se está prometiendo.
En cambio, el ex ministro de Defensa, general Humberto Corado, expresó que no tiene duda que los militares reducirán los niveles de delincuencia, siempre y cuando se faculte a las Fuerza Armadas y les den el equipo necesario (Leer nota aparte).
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