Uno de los puntos que deberá estar claro es el blindaje legal para las labores que realicen, una postura que es compartida por el FMLN, que antes se oponía a esa medida (ver nota aparte).
El analista político Joaquín Samayoa planteó recientemente que "nunca hay que meter a un ejército a pelear batallas que no puede ganar", en referencia a que ante la falta de una estrategia gubernamental para combatir la criminalidad "la participación de la Fuerza Armada podría resultar irrelevante y hasta contraproducente, porque su eventual fracaso vendría a acrecentar la sensación de impotencia de la población y enviaría a los delincuentes el nefasto mensaje de que no hay quien pueda con ellos", apunta. Este académico destaca que no está claro el papel de los uniformados para determinar el verdadero impacto de su participación en el combate a la delincuencia.
Esa visión es compartida por el ex ministro de Defensa René Emilio Ponce, quien cree que antes de echar a andar la idea "debe analizarse si la PNC y el ministerio de Justicia y Seguridad tienen políticas, estrategias y planes" concretos en los que participaría el Ejército, y con este panorama claro debería revisarse otra serie de aspectos, como "cubrir legalmente las acciones de la Fuerza Armada", esto en referencia a crear un marco legal que les permita ejecutar acciones como capturas y presentación de detenidos.
El FMLN respalda esta medida, aunque consideran que debe ser de carácter temporal.
Otro de los puntos que destaca Ponce es que debe revisarse los recursos con que cuenta el ministerio de la Defensa, que desde hace más de una década no presenta refuerzos; "no hay armamentos y los recursos están reducidos", explicó.
Pero para el ex jefe castrense lo más importante es la capacitación de los soldados, ya que "no están entrenados para realizar labores de seguridad pública, sino nacional". En este sentido, recomienda que la decisión que se tome "no tiene que hacerse de manera apresurada".
Ponce destacó que una participación no apropiada, por falta de capacitación, podría incluso llevar a que la Fuerza Armada sea señalada por organismos de Derechos Humanos por violaciones, por desconocimiento.
Con la firma de los Acuerdos de Paz se redefinió el rol del Ejército, despojándolo de las labores de seguridad pública, un tema que fue criticado y señalado por defensores de los Derechos Humanos. Casi dos décadas después del fin de la guerra, la Fuerza Armada ha alcanzado un reconocimiento como pocas instituciones en el país, según lo que reflejan diversas encuestas.
Otro militar en situación de retiro que se pronunció en este tema fue el general Orlando Zepeda, quien considera que a los militares hay que darle la capacitación necesaria y un adiestramiento óptimo para evitar que se cometan errores que pongan en entredicho el trabajo realizado a partir de 1992.
Zepeda invitó al presidente Funes a "que no le tiemble el pulso para ocupar al Ejército" en labores de seguridad pública, aunque no ocultó sus reservas porque si los planes no resultan efectivos se vaya a perder el prestigio de la institución armada.
La iniciativa de poner al Ejército en un rol más activo en el combate a la delincuencia surgió recientemente del presidente Funes, y desde entonces se ha debatido en varios sectores sobre la conveniencia o no de esta medida. Para mañana se espera que el mandatario haga anuncios sobre esta participación.
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