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CASALCO sugiere reformar siete artículos

Ley LACAP frena y encarece las obras públicas

» LEGISTAs y constructores identifican los puntos flacos de una normativa que no ofrece soluciones rápidas a los conflictos entre el contratista y el Estado, lo que deriva en retrasos y mayores costos

Lilian Martínez Domingo, 22 de Marzo de 2009

Obras paralizadas o a paso lento, contratos caducados, procesos judiciales, arbitrajes y el 25% de las 639 licitaciones de construcción lanzadas por el Estado en 2008 declaradas desiertas, lo que se traduce, según CASALCO, en al menos 10 mil empleos sin generarse y 60 millones de dólares sin contratarse y dinamizar la economía del país.

Ese es el escandaloso saldo que al menos siete artículos de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) dejaron durante el octavo año de su vigencia.

Tanto el Director Ejecutivo de CASALCO, Ismael Nolasco, como el ministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, acusan a esta ley de no ofrecer procedimientos para resolver de forma breve las diferencias entre los contratistas y el Estado.

Nolasco subraya: "Si usted tiene una divergencia, algo en lo que no está de acuerdo en la aplicación de la LACAP en una licitación pública, se presentan los recursos ante la misma autoridad que lanzó la licitación. Ellos mismos son juez y parte".

Cuestionado en 102nueve radio por el atraso en la construcción del tramo II del proyecto Diego de Holguín, el 12 de enero, Nieto reconoció: "Uno tiene que estar apegado a los procesos legales que le exige la LACAP. No tenemos la agilidad. Creo que la LACAP tiene que tener reformas que le permitan al funcionario público actuar con mayor rapidez de acuerdo a las situaciones que se dan". Pero aunque Nolasco y Nieto coinciden en ese punto, hay otros aspectos en los que difieren.

CASALCO argumenta que el origen de las licitaciones desiertas, las paralizaciones y atrasos en las obras públicas, es el hecho de que el artículo 88 de la LACAP limita el ajuste de precios en los contratos con plazo mayor a un año, negando de forma tácita esa prerrogativa a los contratos de menor duración.

El Estado salvadoreño, por su parte, ve con recelo la posibilidad del reajuste de precios en ese tipo de contratos. El 26 de enero, el ministro de Obras Públicas se refirió al impasse con la empresa a la que se le adjudicó la construcción del tramo II de la Diego de Holguín en estos términos: "La empresa está reclamando mayores incrementos (de precio), cosa que no se justifica".

Por esa divergencia, el MOP y COPRECA se enfrascaron en un proceso legal en el que Nieto es juez y parte.

El gremio de la construcción considera que "el reajuste de precios" es un mecanismo que permitiría que el Estado pague el valor real de la obra.

La "Propuesta de dinamización de obras de infraestructura" que hace unas semanas CASALCO propuso incluir en su plan de gobierno a los candidatos presidenciales argumenta: "(El reajuste de precios) no debe interpretarse como una indemnización antojadiza del Estado, sino como una acción justa ante el rompimiento del equilibrio económico".

Ese equilibrio se rompió el año pasado, cuando el precio del combustibles se mantuvo en ascenso y elevó constantemente el precio de la materia prima. Por lo que muchos constructores decidieron no participar en las licitaciones y otros, se arriesgaron a ofertar, a sabiendas de que los precios iban a subir aún más.

En busca de solución

Es la mañana del 19 de febrero. Dieciocho meses después de la fecha originalmente programada para su conclusión, El Ministerio de Obras Públicas (MOP) habilita el paso a lo largo de 9 kilómetros del aún inconcluso by pass de Usulután.

"Falta ya muy poco. Una vez que caducamos el contrato por el abandono que se había dado en ese proyecto de parte de la empresa (Corporación M&S Internacional), desde hace más de 9 meses", dice vía teléfono el ministro de Obras Públicas, a eso de las 5:00 de la tarde, a los locutores del programa Esperando la Noche de 102nueve radio.

Cinco días después, Corporación M&S Internacional publica un campo pagado donde advierte que el MOP se apresuró a poner en uso el by pass de Usulután "sobrepasando las normas técnicas" y exponiendo la obra a un rápido deterioro.

El representante legal de dicha empresa, Roberto Oliva, asegura que el ministro de obras públicas le pidió a M&S que no paralizara la obra a pesar de los problemas económicos: "'Continúe y después se la reconocemos', les dijo". Pero el MOP no cumplió.

Oliva, quien también representa a COPRECA, asegura que más que dinero, lo que pide M&S es "un mecanismo de solución".

El jurista recordó que a inicios de la década de los 90, el Estado perdía todos los arbitrajes de contratos de construcción. Por lo que desde la gestión de Francisco Flores, el Estado incluyó en las bases de licitación una cláusula según la cual, ambas partes renuncian al arbitraje. Lo que obliga al Estado y al contratista a someterse a un proceso judicial largo, oneroso para las empresas y que origina la paralización de las obras. Pero, Oliva recuerda el artículo 9 de la Constitución: " 'Nadie puede ser obligado a realizar trabajos o a prestar servicios profesionales sin justa retribución'. Eso es lo que están pidiendo las empresas, la justa retribución".

El director ejecutivo de CASALCO razona: "(En los proyectos financiados con fondos internacionales), las instituciones multilaterales dejan plasmados en sus contratos mecanismos de conciliación o de arreglo directo, que son más ágiles que los que nosotros tenemos". Sin embargo, los funcionarios, en palabras de Nolasco: "Le tienen miedo al arreglo directo y a la Corte de Cuentas'". Otros opinan que si la LACAP se aplicara correctamente y sin "miedo" a la Corte de Cuentas, no sería tan difícil para el gobierno resolver diferencias e inaugurar obras públicas.