Ley Disciplinaria de la PNC podría ser una mordaza periodística

» Seguridad dice que no se trata de una "mordaza" a la información

Los diputados creen que se debe revisar de forma minuciosa los artículos con restricciones.FOTO edh/ Archivo

El anteproyecto de la Ley Disciplinaria de la Policía contiene dos artículos que podrían limitar el acceso de los periodistas a cierta información policial. Una limitante que ya propician normativas como la ley de la Corte de Cuentas (ver recuadro).

Los diputados, quienes tienen ya en sus manos el borrador de la ley, y periodistas de diferentes medios ven en la actual redacción del articulado una amenaza de mordaza a la información.

Se trata de los numerales 12 y 14 del artículo 11 del anteproyecto, en donde se consigna como una falta grave para los policías el "divulgar información de documentos o información oficial que conozca por razón del cargo, cuando se perjudique el desarrollo de la labor policial o de los derechos de las personas".

Además, el numeral 14 establece que es considerada también una grave falta para un agente el divulgar "el contenido de documentos o información en el marco de una investigación penal o disciplinaria".

El ministerio de Seguridad, promotor de la nueva ley, rechaza que esos artículos pretendan poner una mordaza a la información policial, aunque admiten que cierta información debe quedar sólo en niveles superiores.

La Ley debe ser debatida aún en el seno de la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, pero ya hay diputados de partidos como el PCN, PDC y FMLN que opinan que la redacción debe revisarse con detenimiento.

EL peligro de obstrucción

Los artículos citados podrían interferir en el periodismo de investigación o el de profundidad, en los que además de las fuentes oficiales y documentos públicos se usan fuentes cuya identidad no se menciona por motivos de estricta seguridad, y documentos secretos que son cruciales para comprobar datos, confeccionar hipótesis o sentar hechos que por su naturaleza no se dan a conocer de manera pública por las autoridades. Al existir esta prohibición, los policías serían sancionados si dan esta información, obstaculizándose así el derecho de la población a conocer hechos de fuerte relevancia y el ejercicio libre del periodismo.

El ministro de Seguridad, René Figueroa, a través de su departamento de comunicaciones aseguró que los artículos van en consonancia con los protocolos de seguridad propios de una institución como la Policía, y que, una vez judicializados los casos, la información puede ser publicada.

El viceministro de Seguridad, Ástor Escalante, rechazó que con esos artículos se pretenda colocar una mordaza.

"En ningún momento afecta el derecho de expresión, ni atenta contra la libertad informativa. Este punto tiene que ver con divulgación de datos que puedan afectar una investigación. Si se divulga una información antes que la autoridad fiscal o policial recolecten elementos probatorios importantes, con esa divulgación se afecta la investigación", declaró.

Las dudas también vienen de algunos legisladores. Aunque con diferencias de enfoque, todos los partidos —excepto ARENA— opinan que la redacción de la ley tal como está deja una ventana abierta a la mordaza.

El FMLN cree que detrás de esa redacción podría haber una intención de "ocultar información" y que cabe la posibilidad de que también violente las libertades de los policías. Aunque, no por eso considera que debe existir libre acceso a todo el proceso investigativo.

"Hay un tipo de información que en un momento debe ser secreta por las implicaciones, pero el secreto no debe ser eterno. La publicidad es la garantía de que las cosas vayan caminando como está establecido en la ley", expresa el farabundista Benito Lara.

Por otro lado, en el PCN no hay una postura homogénea. Mientras para el diputado Mario Ponce la propuesta de Seguridad violenta el acceso de los medios a la información, el diputado Elizardo González Lovo está en favor de la propuesta, aunque considera que debe redactarse después de un pacto entre medios y el Estado.

"Tenemos que revisar de forma minuciosa estas propuestas que van en dirección de castigos severos contra policías. En términos generales es muy positivo, pero hay cosas como ese numeral que viola el acceso al derecho de información, es un derecho que tienen los ciudadanos a saber qué está sucediendo en las instituciones, y un policía no debe ser restringido a dar información a un medio de comunicación en cualquier etapa en que esa investigación se encuentre", dice Ponce.

Desde una perspectiva completamente opuesta, su correligionario González Lovo aboga por una redacción clara de los límites, los cuáles son bastante restrictivos para los periodistas.

"Hay que hacer un análisis con los periodistas para ver qué se puede y qué no se puede (publicar), por ejemplo, para mí la Policía no debe llevar medios cuando capturan a alguien... lo exhiben, lo denigran y después resulta que no hay pruebas y lo dejan libre... pero ya le arruinaron la vida a la persona", dice González Lovo, a quien también le preocupa la imagen de la Policía tras el reciente caso de supuestos sicariatos.

Héctor Dada, de CD, coincide con González Lovo en un punto: en que no es bueno para la investigación policial que se publique información sin que estén las pruebas. Pero está en contra de que la redacción quede así como Seguridad la ha propuesto.

"Es claro que en la investigación policial deben haber hallazgos que se deben mantener secretos mientras no se concreta la investigación, pero hay que tener cuidado de delimitar esa restricción de información. A mi juicio es excesivamente amplia la redacción del artículo... Dice 'entregar información que pueda ser considerada...' ¿por quien?, 'Dañar el proceso de investigación...', ¿cómo? Eso merece mayor concreción", dice Dada.

Esa generalidad de redacción de la que habla Dada es lo que también critica el secretario general del PDC, Rodolfo Parker, quien es enfático al decir que así como la ha mandado de Seguridad "no la vamos a aprobar".

"Debe quedar claro cuál es la etapa donde necesariamente se debe proteger la información... en un periodo de investigación policial se realizan pesquisas que no tienen que ser del conocimiento público para no espantar al delincuente y en eso estaríamos de acuerdo", dice.

Y por su parte, los diputados de ARENA Guillermo Gallegos y Guillermo Ávila Qüehl consideran que lo que se busca es que no se entorpezca el proceso de investigación y que además no anden por allí todos los policías sirviendo de "voceros".

"Una vez esa información esté judicializada y ya no sea parte de una investigación ya es del dominio público, no antes. Entonces, queda a la decisión de divulgarla a las autoridades judiciales", dice Gallegos.

El anteproyecto fue entregado apenas el miércoles y los diputados aún no han iniciado su estudio, pero ya mostraron algunos desacuerdos en la redacción de esos artículos. El ministerio de Seguridad aseguró que se encuentra "abierto" a cualquier modificación en el articulado, aunque dijo que ya fue consensuado.