Entre otras funciones la nueva comisión legislativa revisaría y adecuaría el marco legal existente sobre el tema, fomento del mecanismo de coordinación interinstitucional para aplicación de una política de transparencia y control de la corrupción; redistribución de los presupuestos para la prevención o reprensión de la corrupción, seguimiento y evaluación del desempeño de las instituciones en contra del flagelo y la promoción de la participación ciudadana en el desarrollo de políticas pública en ejercicio de contraloría ciudadana.
Establece reformas a la Constitución, leyes secundarias y reorganización interna de la Asamblea Legislativa para mejor transparencia.
Los demandantes justifican la petición porque la Corte de Cuentas de la República es insuficiente para recuperar los recursos que por ley, las entidades públicas y privadas deben girar a las arcas del estado.
La magnitud del problema es tanto que en los informes de auditorías correspondientes al periodo de 2001 y 2007, la Corte de Cuentas sólo detectó irregularidades por 526 millones de dólares y sólo en 85 millones se estableció reparos o sentencia a pagar al estado, lo dejado de declarar, según sus propios informes en siete años, afirmó Jaime López, representante de Fespad.
"Implica que un 83.8 por ciento de las irregularidades encontradas por la Corte de Cuentas quedaron desvanecidas sin que se haya justificado los motivos", explicó. Esto implica que por cada dólar que la Corte de Cuentas ha detectado como irregular a lo sumo a logrado recuperar 17 centavos en los últimos siete años, es decir hay una gran impunidad.
Los propulsores de esta iniciativa afirman que el mecanismo es urgente, debido a la resolución del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda que perdonó a tres entidades bancarias a pagar 14. 6 millones de dólares, por concepto de impuestos.
Agregaron a las justificaciones de la nueva comisión, la petición de aumento salarial que los diputados en enero de este año hicieron para incrementarse el salario y si bien el dinero incrementado fue devuelto, a esta fecha la auditoría que establecería el o los responsable de ordenarlo, aún no ha sido revelado.
Para Salvador Menéndez, procurador adjunto de los Derechos Humanos, el problema de la corrupción es que distrae recursos para fines de carácter social. "Cuántas obras e iniciativas pudieron haberse ejecutado a partir de los recursos que han sido distraídos".
"Consideramos que el reclamo social porque en El Salvador se elimine al máximo las prácticas corruptas es un reclamo totalmente legítimo", concluyó Menéndez Leal.
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