Empleados de empresas son agredidos por las pandillas

Motoristas que transportan personal de empresas radicadas en La Unión temen a maras

La actividad de diferentes empresas se ve afectada por las acciones de pandilleros. foto edh / Insy Mendoza

LA UNIÓN. El dominio de las pandillas en varios sectores de La Unión y el temor de la población a ser víctima de mareros, ya sea con extorsiones o en el peor de los casos asesinatos, ha comenzado a afectar a la mano de obra de las diferentes empresas de la cabecera.

Uno de esos casos es el de la empresa atunera Calvo, cuyo transporte de personal ya no está ingresando a ciertas zonas de La Unión a dejar a los trabajadores por el temor a ser víctimas de pandilleros.

La preocupación es tal que incluso el edil Ezequiel Milla ha solicitado una reunión con la dirección de la Policía y el ministro de Seguridad, David Munguía Payés.

Según Milla, recientemente se reunió con empresarios de la atunera, quienes le expresaron que "las unidades que son contratadas para transportar los empleados a diferentes lugares ya no ingresan al punto acostumbrado porque las maras se los han impedido".

Agregó, tal y como EDH lo publicó en varias ocasiones en el presente año, que la ola delincuencial que azota La Unión, sobre todo en los casos de asesinato, se ha vuelto un problema mayúsculo para las autoridades.

"Las extorsiones, los homicidios y las amenazas continúan. Me reuní con los directores de Calvo; la empresa le proporciona el transporte a sus empleados y ellos me externaron su preocupación porque hay determinadas horas donde los buses no pueden ingresar a colonia La Rubio y algunos lugares del barrio Las Flores", dijo.

Agregó que los motoristas han sido amenazados si ingresan a esas zonas. Recientemente, EDH publicó que en La Unión hay colonias y barrios, como La Rubio y Las Flores, en donde la ciudadanía después de las 5:00 de la tarde se autoimpuso una ley marcial para evitar ser víctima de pandillas.

"El temor abarca a los motoristas que temen entrar porque los pueden matar, los empresarios temen que sus unidades sean quemadas y lo último es exponer los trabajadores en la calle", agregó el alcalde unionense.

Raúl Castro, presidente de la Cámara de Comercio filial La Unión, confirma la situación que enfrentan los empleados de la atunera, que es una de sus empresas socias.

"Sabemos que ellos les proporcionan a sus empleados el transporte a sus hogares y que en algunos lugares donde hay conflicto entre las maras, el personal que va a bordo de las unidades es asaltado", dijo.

Sostiene que aún no ha sido invitado por el alcalde de La Unión a la reunión con las autoridades del ministerio y de la policía, pero "estamos en la disponibilidad de colaborar en beneficio de la comunidad y del país".

Sobre el tema se buscó la versión de Grupo Calvo, en donde se comprometieron a brindar su postura oficial vía correo electrónico, sin embargo, al cierre de la nota no habían respondido.

Un equipo de El Diario de Hoy habló con dos empresarios que tienen varios años de ser extorsionados.

Ellos no quieren que se revelen sus identidades, tampoco el rubro al que pertenecen, porque aseguran que los pandilleros "son inteligentes y actúan mejor que las autoridades en cuanto a la inteligencia".

Estos empresarios dicen que al tener la oportunidad de hablar con el director de la Policía o el ministro lo harán sin la presencia de ningún elemento policial u oficial de La Unión.

Incluso aseguran que se pueden atrever a presentar ejemplos que no solo los pandilleros están involucrados en las extorsiones y venta de droga.

Lanzó una afirmación peligrosa al decir que "si el director de la Policía me garantizará que solo él se quedará con la información que cierto gremio le podemos dar les aseguro que se asustará".

Luego aclara que "en la Policía de La Unión hay de todos los niveles metidos extorsionando a empresarios, a vendedores de droga, decomisan armas y no las reportan, se las venden a los mareros".

El edil Milla confirmó la visita de las autoridades de justicia a su municipio en el presente mes.

Sin embargo no precisó fecha, aunque confía que con ello se puedan reducir los índices delincuenciales.

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