Familias no tienen escrituras pero sí agua y electricidad

Comunidad La Dalia busca legalizar tierras para escriturar

La gestión de la legalización de las tierras de la comunidad La Dalia lleva ya tres años. Foto EDH / Mauricio Guevara

SANTA ANA. Las 196 familias que habitan la comunidad La Dalia, al nor poniente de la ciudad, tienen 12 años de gestionar la legalidad de los terrenos donde viven.

Según relataron, luego de los terremotos del año 2001, optaron por usurpar esas tierras y habitarlas, ante la necesidad de un lugar donde vivir.

Lo paradójico es que pese a no tener escrituras de los terrenos, hace nueve años gestionaron los servicios de agua potable y energía eléctrica y los consiguieron.

Se solicitaron detalles al respecto en la Compañía de Energía Eléctrica de Santa Ana (Clesa), al igual que en la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda); pero, al cierre de esta nota no se había recibido ningún tipo de información.

De igual manera, los habitantes de esta comunidad también han sido beneficiados por el Gobierno Central y la alcaldía municipal con el Programa de Ayuda Temporal al Ingreso (Pati) y la instalación de un Centro de Alcance Por Mi Barrio; pese a no estar legalmente establecidos en la zona.

Al pasado

La historia de esas tierras es compleja; pues, aunque ninguna institución da fechas precisas, recuerdan que el terreno fue entregado por el Estado en comodato a la alcaldía municipal.

Sin embargo, esta última no le dio uso y perdió esa categoría; y pasó a ser considerada un área forestal.

Sin embargo, de esto ninguna institución tiene documentos que respalden dicha versión.

"Se manejó que era una reserva ecológica; pero, el ministro del Medio Ambiente dijo que este lugar no es reserva y nos ha puesto a su jurídico para empezar a trabajar por las escrituras", aseguró Cristina Hernández, integrante del comité de apoyo de la comunidad, que fue creado por habitantes interesados en agilizar este proceso; y que es ajeno a la directiva comunal.

Se intentó obtener una versión del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); pero, dijeron que no había nadie disponible para brindar declaraciones al respecto; pues, el caso se encuentra en la Asamblea Legislativa.

El diputado por Santa Ana del partido Gran Alianza Nacional (Gana), Juan Carlos Mendoza, explicó que fue el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) el que autorizó los proyectos de agua y energía eléctrica, aun sin que los habitantes tuvieran los títulos de propiedad.

"Por decreto se entregó el terreno a Fonavipo. Ellos dieron la autorización para eso", aseguró Mendoza, quien ha dado seguimiento al proceso de legalización desde hace tres años.

Para que estas familias puedan obtener las escrituras, la Asamblea Legislativa debe, mediante decreto, permitir que el terreno sea desmembrado en tres grandes áreas: una zona verde, un pequeño bosque que hay en el lugar y el área habitacional.

Según el presidente del Fonavipo, Roberto Góchez, ellos solo están esperando el decreto de la Asamblea para iniciar el proceso de escrituración de esta comunidad santaneca.

"Según el informe de medio ambiente, la zona se encuentra totalmente intervenida por personas y por tanto no había ningún medio ambiente que cuidar. Se está pidiendo a la Asamblea que desafecte y nosotros pasamos a la legalización", manifestó el funcionario.

Para los habitantes lograr obtener los títulos de propiedad representa uno de los más grandes sueños, ya que finalmente tendrían la plena seguridad que nadie podrá sacarlos de ahí.

"Ahorita tenemos estancados algunos proyectos porque hemos concentrado todas nuestras energías en gestionar las escrituras", dijo Hernández.

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