Disputa por tierra podría acabar de manera violenta

LA UNIÓN. Lo que hace más de 14 años inició como una disputa legal por la propiedad de la hacienda San Ramón, conocida como La Marañonera, en la jurisdicción de Intipucá, podría terminar en derramamiento de sangre.

Hay dos cooperativas que reclaman como suyo el inmueble. Una es la Cooperativa de Producción Agropecuaria San Ramón y la otra es la cooperativa El Agencio, de la comunidad Los Ranchos.

El proceso legal se ventila en el Tribunal de Paz de Intipucá mediante la aplicación de la Ley Especial para la Garantía de la propiedad o posesión regular de inmuebles bajo la figura de invasores.

En ese proceso, el tribunal determinó que la hacienda San Ramón está en su derecho de exigir el abandono de las tierras de 51 familias que son parte de la otra cooperativa y que llevan más de 14 años residiendo en el lugar.

La audiencia en la que se determinó que estas familias están usurpando el inmueble se desarrolló en diciembre pasado, luego que los administradores de la hacienda interpusieron una demanda por usurpación en 2009.

Son procesadas 51 personas a quienes el Tribunal ya dio la orden de desalojar la propiedad en cuestión.

Tal demanda acabó en orden de desalojo en el perímetro de La Marañonera y Tequera, la cual la Policía tendrá que hacer cumplir a mediados del presente mes.

Carmelo Cabrera, representante de la cooperativa El Agencio, acusados de usurpación, asegura que tienen una promesa de venta con el verdadero dueño de las tierras.

Ellos no reconocen a la Cooperativa San Ramón como propietaria del inmueble, el cual posee buena tierra para todo tipo de cultivos, especialmente el marañón.

"No es cierto que los de la San Ramón sean los verdaderos dueños; les demostraremos con documentos, ya hicimos una demanda en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos", dijo Cabrera a este medio.

Cabrera recuerda que en esa lucha incluso se ha derramado sangre. "Ya han matado socios de nuestra cooperativa siempre por el mismo litigio, aquí todos estamos dispuestos a defender estas tierras, queremos primero hacerlo por las vías legales", dijo.

La comunidad se mantendrá en lucha y que no les asusta que llegue la Policía, pues están preparados para resistir, dicen las familias.

"Aquí no nos encontraran de brazos cruzados, somos familias pobres que no tenemos donde irnos a vivir o a trabajar y estamos dispuestos tanto las mujeres como los hombres, a defender las tierras", dijo un lugareño.

Juan Bautista, otro de los cooperativistas , dijo que "vivo acá desde 1997, estoy demandado, pero no estoy dentro de los que tienen la orden de desalojo, vamos a resistir en la forma legal; y si no se logra se utilizarán otros medios".

Del tema, Marco Perdomo, jefe interino de Operaciones de la Policía en La Unión, dice que hicieron el acompañamiento al tribunal que conoció el caso para las mediciones de los terrenos.

Fue posible porque se pudo coordinar con los líderes, por lo que espera que esa misma pasividad se dé si en un momento la institución debe intervenir.

"Ya existe una orden de desalojo y entiendo que hay un plazo de 15 días para cumplirla y, si no la acatan, la juez puede pedir apoyo de nosotros como fuerza pública para que se cumplan las disposiciones", dijo. Las familias que serían desalojadas aseguran que no van a abandonar sus terrenos y que lucharán si es necesario.