Se pierden $938 Mlls. por bajo interés en fondo de pensiones

Gobierno paga intereses que rondan los 1.3 % por tomar prestado dinero de los trabajadores

Perdidas de $938 Mlls. por poco interés en pensiones

El Gobierno paga intereses que rondan los 1.3 por ciento por tomar prestado dinero de los trabajadores

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La baja tasa de interés que paga el Gobierno por utilizar el dinero de los fondos de pensiones ha significado para los trabajadores salvadoreños una pérdida de más de $938 millones cada año desde 2006, según denunció ayer el Comité de Trabajadores de Defensa de los Fondos de Pensiones de El Salvador (Comtradefop).

Este comité señaló que desde ese año, cuando se modificó la Ley de Pensiones y se introdujo el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), el Estado ha pagado tasas de interés que no superan el 1.3 % por tomar dinero "prestado" de lo que cotizan los trabajadores mientras que a otros inversionistas internacionales se les paga tasas de por más del 7 %.

"Nos impusieron la obligatoriedad de invertir los fondos que son de nuestra propiedad a un interés o tasa mezquina de 1.30 %, violando así todos nuestros derechos porque no tenemos acceso a los intereses de mercado que se aproximan a los 7.80 %", indicó Ricardo Soriano, presidente de este comité de trabajadores.

De acuerdo con sus datos, hasta la fecha el Gobierno ha tomado "prestado" unos 2,700 millones de las cotizaciones de los salvadoreños, que no generan la rentabilidad suficiente para garantizar una buena pensión en el futuro.

Los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) indican que a octubre de 2013 la rentabilidad o porcentaje de ganancia total de los fondos de pensiones fue de 2.4 %.

La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Pensiones (Asafondos) indicó hace un mes que esta caída en la rentabilidad se debe, en parte, a los límites de inversión que tienen las administradoras pues la mayor parte del dinero es prestado al Gobierno.

Desde 2006, el Estado obligó a las AFP a invertir un 30 % de sus fondos en Certificados de Inversión Previsional, pero en 2012 el porcentaje se elevó a 45 % a petición del Ministerio de Hacienda.

Este dinero se ocupa actualmente para pagarle la pensión a los jubilados del sistema público (ISSS e INPEP), pues este es un compromiso adquirido por el Estado desde la creación de estas dos instituciones que le representa al Estado un gasto anual de $450 millones.

Pero además de eso, las AFP también tienen invertido otro porcentaje en instrumentos emitidos por instituciones públicas.

Las estadísticas oficiales de la Superintendencia del Sistema Financiero indican que a octubre de 2013, de los $7,092.7 millones de los fondos de pensiones cotizados por los salvadoreños, $5,993.2 millones se han invertido en instrumentos de instituciones públicas, es decir que más del 80 % de los fondos de pensiones son prestados al Gobierno.

A juicio de Soriano, el hecho de que el Gobierno pague tan poco por esos fondos constituye una violación a la seguridad social y al derecho del trabajo.

Por esa razón los trabajadores presentaron en abril de 2013 una demanda de Constitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que la Sala declare ilegales las reformas aplicadas en 2006.

"Los trabajadores le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que resuelva lo más pronto y favorablemente nuestra demanda", aseguró el dirigente del comité.

La demanda ya fue admitida en la Sala de lo Constitucional y solo se está a la espera de que los magistrados resuelvan sobre ella.

"Esperamos que la CSJ nos de esa herencia a los trabajadores y nos ayude a proteger nuestros fondos. Esperamos que la sentencia sea favorable", dijo Soriano.

Por su parte, José René Pérez dijo que este problema no solo es del comité de trabajadores, sino de todos los ciudadanos que cotizan actualmente a las AFP, pues de esta rentabilidad depende el beneficio de sus pensiones en el futuro.

Reformas en camino

La petición del comité de trabajadores llega justo en momentos en que el Gobierno prepara -aunque han tratado de negarlo- un nuevo paquete de reformas a la Ley de Pensiones en las que se han considerado medidas tan drásticas como regresar al sistema de reparto (sistema público), aumentar la edad de jubilación (actualmente 55 mujeres y 60 hombres), además de aumentar los años de cotización, entre otras.

El mismo presidente de la República, Mauricio Funes, confirmó que esas reformas serían presentadas a los diputados de la Asamblea Legislativa después de las elecciones presidenciales.

Las medidas no son del agrado de los trabajadores. Ayer rechazaron tajantemente todo cambio que vaya en detrimento de sus cotizaciones y pidieron a los diputados que no continúen decretando leyes con las que el Gobierno pueda seguir tomando dinero de los trabajadores.

De hecho, denunciaron públicamente que el candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Cerén, pretenda estatizar gradualmente el sistema de pensiones hasta nacionalizarlo por completo tal como lo dejó plasmado en su libro "el país que quiero" y presentado en noviembre de 2012.

"Es así que nacionalizar la administración de fondos de pensiones de los trabajadores públicos y privados sería un paso importante a estudiar para comenzar a desmontar la trampa de la deuda", cita textualmente su libro.

"No queremos que el Gobierno siga tomando dinero de nuestros ahorros y poniendo en peligro nuestras pensiones. Quieren estatizar las pensiones para seguir gastando con nuestro dinero", dijo Soriano.

El dirigente aseguró que si estas propuestas llegaran a concretarse, no dudarán en hacer marchas multitudinarias para exigir que sus fondos sean bien utilizados y pagados como se debe.