AFP proponen liberarse de financiar las pensiones del ISSS Y el INPEP

Una propuesta de las AFP solicita una tasa mínima para los CIP del 4 % y máxima del 7 %

El Gobierno ha dicho que la pensión de las AFP debe ser calculada con base en lo que los afiliados tienen ahorrado. Foto EDH

Dicen que está lista, pero lo afirman desde febrero. Lo cierto es que la reforma de pensiones que prepara el Ejecutivo tendrá que darle sostenibilidad fiscal al sistema pero nadie conoce en qué consiste ni cuales son sus planteamientos principales.

Lo más tangible son las propuestas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que consideran que es importante que se les libere del financiamiento de las pensiones del sistema antiguo (ISSS e INPEP) y que se haga un nuevo cálculo para pagar una mayor tasa de interés por los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

En el afán de aportar insumos para la reforma, las AFP junto con la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Pensiones (Asafondos) elaboraron un documento, que se publicó en mayo pasado, en el cual plantean reformas puntuales para que los ahorros de los trabajadores ganen más intereses y para que, por ende, las AFP paguen una mejor pensión a sus afiliados.

Uno de los planteamientos más contundentes en el "Diagnóstico del Sistema de Pensiones de El Salvador", propone encontrar a mediano plazo una alternativa de financiamiento del déficit previsional del ISSS y el INPEP, que libere a los fondos de pensiones de la obligación de invertir en los certificados, que pagan un interés menor del 2 % a los ahorros de los trabajadores.

Mientras ese mecanismo sea posible, se pide modificar la Ley del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales en lo relativo a las tasas de interés que se pagan por los certificados, de manera que el rendimiento que se pague a los ahorros de los trabajadores oscile en un rango de tasas de interés.

La propuesta es que se cree una cláusula para que los CIP devenguen como mínimo el 4 % y máximo el 7 % anual.

René Novellino, director ejecutivo de Asafondos, sostiene que "se parte de que, hoy por hoy, el portafolio de inversiones está dividido: la mitad en certificados de inversión obligatorios (CIP), con las que se pagan las pensiones del ISSS e INPEP, y el resto en las otras inversiones que realizan las AFP".

Si esa obligatoriedad se mantiene, dice Novellino, se debe permitir que los CIP tenga una mejor rentabilidad, porque por ahora devengan el 1.4 % en promedio, y el resto de inversiones no obligatorias devengan el 12 %. Al sumar las dos la rentabilidad promedio de los fondos supera el 6 %.

Con los fondos de pensiones que se invierten en títulos no obligatorios la propuesta es que se creen nuevos instrumentos de inversión a través de la Ley de Fondos de Inversión o incentivar el surgimiento de nuevos emisores locales.

"Esto se puede complementar con una apertura gradual para que se puedan hacer inversiones en otros países arrancando con un 5 % que podría aumentar después.

Además, "si el mercado de El Salvador no crece en la misma proporción (con la) que crecen los fondos de pensión es necesario encontrar alternativas de inversión para esos recursos", indicó.

Destacó que en los últimos años han surgido nuevos instrumentos y nuevas figuras financieras como las titularizaciones, que han permitido a las AFP invertir en esa clase de títulos. También se han inscritos emisores extranjeros (panameños y costarricenses) para financiarse en El Salvador. "Eso nos da la idea de que a mayor oferta de instrumentos de inversión, las AFP pueden acceder a tasas de interés más atractivas. Hay suficientes recursos para emisores locales y eventualmente para ir abriendo cupos a nuevas emisiones que podrían ser en el exterior también", consideró.

En el estudio de Asafondos también se solicita compensar a los afiliados a las AFP por la rentabilidad dejada de percibir al obligar a estas a invertir a tasas menores que las que corresponden a un instrumento de las características del CIP. La gran crítica acá es porque los bonos soberanos del Estado pagan más del 7 % y a los CIP en promedio apenas se les paga el 1.4 %.

¿Quitar pensión vitalicia?

Si bien los representantes del Gobierno no dicen claramente en qué consiste la reforma, una de las ideas que más ha sonado es la posibilidad de eliminar la "pensión vitalicia". Esta es la que otorga el Estado a los pensionados de las AFP, de modo que estos tengan una pensión acorde a lo que han cotizado en lo institutos previsionales públicos.

Al menos eso se desprende de las palabras del superintendente del Sistema Financiero, Víctor Ramírez, quien afirma que no ha estado directamente involucrado en la discusión, pero tiene claro que además del tema previsional se debe garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones.

Dicha sostenibilidad como la entiende el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pasa por que la pensión se calcule con base en lo que los afiliados tengan ahorrado en su cuenta individual, de modo que el Estado no aporte ni un centavo más para las pensiones futuras. Ello supondría quitarles la "pensión vitalicia" que se aprobó en 2006 a unos 200 mil afiliados obligados a trasladarse a las AFP.

Para el superintendente financiero a la reforma se le quieren incorporar elementos que le den sostenibilidad fiscal, que es algo que se perdió cuando se agregaron cambios al modelo original, tales como la introducción del certificado de traspaso. Después este fue desplazado por el decreto 100 que obligó al Gobierno a pagarle las pensiones a los jubilados (o a sus beneficiarios) aunque ya no tuvieron ahorros en sus cuentas individuales.

De acuerdo con datos proporcionados por Cáceres en una entrevista televisiva, "el déficit pensional al momento de hacer la reforma era de $7,000 millones, y hoy día es de $22,000 millones, justamente porque siguen dándole beneficios a gente que no ha contribuido".

La reforma está siendo elaborada desde hace siete meses por un comité formado por técnicos del Banco Central de Reserva (BCR), el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera. La pretensión oficial es que esté lista antes del próximo trimestre.

Detalló que para la reforma se han analizado todos los escenarios y las recomendaciones de los organismos multilaterales, tales como subir la edad de jubilación, recortar pensiones o incrementar la tasa de cotización. Sin embargo, según Ramírez, "hay temas discutibles ¿Porqué se van a subir edades si en este país es difícil conseguir trabajo a los 40, no digamos a los 50? Eso está muy relacionado con el mercado laboral que no genera oportunidades para trabajadores en edades ya maduras".

La fórmula que se usa para la reforma calcula todas las obligaciones que tienen los sistemas de pensiones con todos sus afiliados, y los pensionados que habrá de aquí a 100 años. Dicha propuesta deberá pasar por la Asamblea Legislativa y de seguro levantará polvo entre los diputados sobre todo porque en un periodo electoral es probable que muchas de las sugerencias no les caigan en gracia.

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