El Salvador tendrá 2 años con mínimo crecimiento

El FMI bajó a 1.5% la proyección de crecimiento. Advierte que la inversión en infraestructura podría ser clave par levantar la economía

El Fondo Monetario insiste en la importancia de generar condiciones para la inversión privada. Foto EDH /archivo

De 2 a 1.5 % redujo el Fondo Monetario Internacional (FMI) la proyección de crecimiento de la economía salvadoreña para 2013 y 2014. Después de una visita oficial del 5 al 19 de marzo, el organismo internacional ajustó a la baja su proyección de enero pasado, y concluyó que ante "un escenario pasivo (...,) el PIB real crecerá a 1.5 % por año en 2013-14".

Mario Garza, jefe de misión del FMI para El Salvador, aseguró que "las autoridades y la misión coincidieron en que los principales desafíos que enfrenta la economía son el alcanzar un mayor crecimiento económico y que éste sea más inclusivo, asegurar la sostenibilidad fiscal, y reforzar las defensas macroeconómicas para proteger la economía de futuros choques adversos".

Para dinamizar la economía, que se mantiene débil desde la crisis de 2008-2009, el organismo recomendó aumentar la atracción de inversiones y la competitividad.

Solo entre enero y junio del año pasado, según datos del Banco Central de Reserva, el país logró inversión extranjera directa por $116 millones, $126 millones menos que durante el mismo periodo de 2011. Para este año las previsiones oficiales no superan los $250 millones. Las aspiraciones locales se quedan cortas cuando la de los países vecinos superan los $1,000 millones.

Con respecto a la competitividad, la caída en numerosos ranking internacionales —Doing Business, Libertad Económica, Índice de Competitividad, entre otros— confirma que los inversionistas han perdido interés en El Salvador debido a la inseguridad jurídica y ciudadana, y a la burocracia, entre otros.

En el comunicado de prensa, disponible en su sitio web, el Fondo detalló que las autoridades deben actuar decididamente para adoptar su estrategia de crecimiento, en particular fomentando la inversión privada en sectores claves de infraestructura.

De acuerdo con la Cámara Salvadoreña de la Construcción (Casalco), más de una decena de instituciones estatales —entre ministerios y autónomas— presentaron hace unas semanas un portafolio con más de 400 proyectos públicos para 2013, valorados en $643 millones.

De ser ejecutados, estos podrían devolver al país el número de empleos registrados antes de la crisis económica, explicó Ismael Nolasco, director ejecutivo de la gremial, quien no obstante recalcó que para lograrlo el Gobierno debe aumentar su capacidad de ejecución.

Otra de las condiciones para acelerar el crecimiento y la atracción de inversiones, opinó el exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, es que el Gobierno debe abandonar el enfrentamiento con la empresa privada y cumplir con las reglas del juego.

Reducir déficit a 3 %

En el documento del FMI se consigna que la misión también instó a las autoridades a reducir el déficit fiscal al 3 por ciento del PIB en 2013, una cifra similar a la que se le pidió al país en meses anteriores con el acuerdo Stand By, pero que las autoridades no pudieron cumplir.

En 2012 la diferencia entre los ingresos y los gastos creció 4 %, a pesar de que ya se había impulsado una reforma al impuesto de la renta, resaltó el Fondo en el documento.

En la misma línea, Garza declaró que es necesario proponer un presupuesto con un déficit fiscal de 2 % en 2014, para estabilizar la deuda pública en relación al PIB, que alcanzó el 55 % el año pasado, y reducir los riesgos de financiamiento público.

Un objetivo deseable sería reducir la deuda pública en relación al PIB a los niveles anteriores a la crisis global para fines de esta década, indicó la misión del Fondo Monetario.

Respecto a estas observaciones, Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos y Sociales de la Asociación Salvadoreña para la Empresa Privada (ANEP), dijo sentirse complacido de que "por fin" el FMI retomara las recomendaciones que hace tres años el sector privado le hizo al Gobierno.

Con semejante listado de retos en materia económica y fiscal, y en medio de un ambiente preelectoral, Garza indicó que "el diálogo nacional debe contribuir a propiciar un consenso sobre reformas de mediano plazo en el área fiscal, en la inversión, y en la intermediación financiera".

Solo para organizar las finanzas públicas se deberán impulsar reformas para flexibilizar y reducir el gasto corriente en relación al PIB, y aumentar el esfuerzo tributario a niveles más acordes con los países de similar ingreso, explicó.

Según datos del Banco Central de Reserva, el gasto corriente pasó de representar 16.5 % del PIB, en 2007, a un 19.3 % en 2012. En contraste, el gasto capital se mantuvo, en 2012, en el 3.3 % que posee desde 2006.

Sobre el recorte de gastos, el Gobierno ha dado pocas señales a pesar de las numerosas críticas de expertos y del sector privado; pero en cuanto a incrementar los tributos, Hacienda ha sido mucho más diligente, y ni aún así le han alcanzado los recursos para ponerse al día con el pago a proveedores, por ejemplo.

La primera reforma tributaria del Gobierno —que elevó el impuesto ad valorem de bebidas alcohólicas, cigarrillos y bebidas carbonatadas, gaseosas y jugos e introdujo el tributo a la primera matrícula de vehículos, así como el impuesto especial a los combustibles— la aplicó desde el enero 2010 y le permitió más de $500 millones adicionales en dos años.

Por otro lado, las modificaciones al impuesto sobre la renta, que entraron en vigencia en enero 2013, le dejarían más de $300 millones a las arcas del Estado.

Sobre la mesa hay otra propuesta de reforma tributaria, que afectaría la Ley de Imprenta, gravaría las propiedades suntuarias así como algunas transacciones financieras. Con estos cambios, Hacienda engordaría su billetera, por lo menos, con $50 millones adicionales.

En el pasado XXV Seminario regional de política fiscal de la Comisión Ejecutiva para América Latina y el Caribe (Cepal), el titular del Fisco, Carlos Cáceres, aseguró que la meta del gobierno es aumentar a 17 % la recaudación desde el 12.9 % actual.

Reformar pensiones

Otra parte de la estrategia de consolidación fiscal propuesta por el Fondo es una reforma integral del sistema de pensiones para colocarlo sobre una base financiera sólida.

De acuerdo con el organismo, del 55 % del PIB que alcanzó la deuda pública en 2012, 10 % se acumularon pagar el gasto de pensiones.

La Superintendencia del Sistema Financiero realiza en estos momentos un estudio para reformar el sistema de pensiones y las tres propuestas que han trascendido para aliviar la presión que la deuda previsional ejerce sobre las finanzas son el aumento de los años de cotización, el incremento de la tasa de cotización o la entrega de una menor cantidad de pensión a los jubilados, que al cierre de 2012 ascendían a $46,000.

Sin embargo, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) también ha insistido en la importancia de ofrecer mecanismos que les permitan a las AFP mejorar la rentabilidad de los casi $7,000 millones de ahorros de los salvadoreños cotizantes.

Debido a que las AFP están obligadas a comprar Certificados de Inversión Previsional (CIP), que sirven para pagar pensiones de los jubilados de INPEP y el ISSS, los cotizantes deben aceptar tasas de rentabilidad inferiores al 1.5 %.