"Terrenos de El Icacal deben ser solo para turismo"

El cantón El Icacal tiene 13 kilómetros de playa que pudieran aprovecharse para desarrollo turístico. La venta de 64 manzanas del Gobierno está en discusión. foto EDH / archivo

El proyecto de ley que permitiría la venta de las 65 manzanas de terreno en el cantón El Icacal, en La Unión, no contempla una cláusula con la que el Gobierno pudiera obligar al comprador a que use los terrenos exclusivamente para fines turísticos.

Aunque explotar el turismo es la finalidad que el Gobierno ha expresado en varias ocasiones, el experto en jurisprundencia nacional, Francisco Bertrand Galindo, afirmó que es necesario que el cuerpo de ley sea claro para que no haya lugar a trampas u otras suspicacias.

El documento explica las seis parcelas en las que están divididas las 65 manzanas y también las características del comprador y su experiencia en hoteles de playa.

Pero, para el analista jurídico, el documento no explica que la tierra debe ser exclusiva para la explotación turística, un dato que si no se rectifica ahora, podría generar problemas posteriormente.

"Ahora están poniendo condiciones al comprador, pero una vez este lo haya adquirido, este puede hacer con el terreno lo que quiera. Yo entiendo que el Gobierno quiere hacer un polo turístico, pero esta puede ser una trampa", dijo el doctor en leyes.

Añadió que el Gobierno no puede vender ningún bien sujeto a condiciones, pues el artículo 107 de la Constitución de la República establece que "se prohibe toda especie de vinculación".

Para el jurídico, lo mejor sería que el Gobierno concesionara las tierras o las diera en comodato, porque esa figura sí permitiría al Gobierno otorgar el inmueble bajo las condiciones que quiera.

O bien, pueden crear un capítulo de afectación del suelo en el que quede claro que el terreno será utilizado para fines turísticos.

Sin embargo el ministro de Turismo, José Napoleón Duarte, declaró hace una semana que solicitarán a la Asamblea Legislativa que el terreno no sea vendido si no es para fines turísticos.

El secretario técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, también indicó este mismo punto en una entrevista matutina. "No podemos deshacernos de un bien para entregárselo a alguien que lo compre, para que especule y para que lo reparta y venda, y venda terrenos", afirmó.

La idea del Estado es que las 65 manzanas, que han estado olvidadas por muchos años, sirvan para construir un hotel de lujo que atraiga el turismo a la zona.

La ley se encuentra actualmente en manos de los diputados de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa.

Los legisladores apenas y han recibido al ministro de Turismo, quien a pesar de haberles explicado los proyectos que quieren desarrollar en el cantón El Icacal, no dejó claro el mecanismo de venta.

Lo que el funcionario ha dicho hasta hoy es que tras la venta, esperan que inversionistas como Royal Decameron u otras empresas expertas en hoteles de playa quieran comprar las tierras y construir en ellas. Sin embargo, la idea del anteproyecto de ley es que las tierras se vendan a un solo comprador, una condición que no le resulta justa a los empresarios de la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur), quienes consideran que se desaprovechará el terreno así como sería comprado.

Hasta el momento, solo una firma hotelera internacional ha mostrado su interés por adquirir el terreno.

Pero Segovia afirmó que no solo es esa compañía, sino que hay más interesados en el terreno y que también quieren construir un hotel en la zona.

Según explicó Duarte, después de que la Asamblea avale la compra de este inmueble, la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) tendrá que iniciar un proceso de licitación para que las empresas presenten sus mejores ofertas sobre el proyecto.

Segovia aseguró ayer que no hay ninguna confusión en el proceso de venta de este terreno, tal como lo ha dicho este periódico en publicaciones anteriores.

En los próximos días se supone que los legisladores llamarán a otros actores involucrados con este inversión.

Se pretende que empresarios y pobladores de la zona puedan opinar sobre el proyecto turístico.

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