Ley contra la Usura restringiría más el acceso a créditos

b Alrededor de medio millón de microempresarios se vería afectado, según Asomi

La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) y la Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (Asomi) advirtieron ayer que la aprobación de una Ley contra la Usura restringirá el acceso al crédito a los micro y pequeños empresarios, así como a los salvadoreños con menores ingresos.

Dicha ley incluiría el apartado de las tasas de interés que se cobran por las tarjetas de crédito.

Para la directora ejecutiva de Abansa, Marcela de Jiménez, si la Asamblea Legislativa aprueba un marco legal que no tome en cuenta los costos operativos de las instituciones financieras no solo se reduciría el acceso de la gente al dinero plástico, también provocaría "una contracción de la oferta de crédito que hacen las instituciones formales en todos los destinos: consumo, vivienda y empresarial", enfatizó.

De Jiménez aseguró que los costos operativos y de riesgo crediticio resultan más caros para el banco en aquellos préstamos de cantidades pequeñas y entre los clientes con menores ingresos, por lo que concluyó que la medida, que en teoría busca beneficiar a la población más vulnerable, terminará afectándola, porque con tasas demasiado bajas será imposible ofrecer créditos a estas personas, dijo.

Asomi, que se especializa en el otorgamiento de capital de trabajo para micro y pequeñas empresas, estima que de aprobarse una normativa que no haga una segmentación en la tasa máxima que cobra este tipo de organizaciones y la de los bancos, alrededor de medio millón de salvadoreños podría quedarse sin una fuente de financiamiento formal.

"Los bancos, por su naturaleza y metodología, tienen unas tasas de interés menores que las microfinancieras. Las últimas responden a una estructura de costos mucho más elevada que la estructura de las otras instituciones", explicó Peña.

A ellos habría que sumarle los 300,000 usuarios de la banca, con salarios de entre $300 y $700 mensuales, que se han quedado sin tarjeta de crédito debido a las intenciones de fijar un techo a las tasas de interés del dinero plástico.

"Toda institución financiera que desde el primer momento percibe que existe riesgo real de controlar o imponer techo a la tasa de interés, hace evaluación de los segmentos de su cartera de créditos que se van a ver afectados por esta iniciativa, y ante ese riesgo potencial, decide cambiar su política de oferta de créditos", argumentó la directora ejecutiva de Abansa.

La Ley contra la Usura que estudia la Comisión Financiera planea fijar un techo a la tasa de interés de todos los productos que ofrecen las instituciones financieras formales. En ocasiones anteriores, los diputados han analizado la propuesta bancaria de establecer tasas segmentadas, es decir que variarían según el destino; sin embargo, no han llegado a un acuerdo sobre la fórmula para estipular el valor del dinero, y de acuerdo con Peña han hablado de tasas topes de hasta el 36%. En el sector que el representa las tasas más altas rondan entre el 46 y el 48% anual, dijo.

A la estructura de costos de pequeñas financieras, Peña añadió los altos intereses a los que ellos se fondean. Según el presidente de Asomi, ellos adquieren créditos con una tasa de hasta el 14%, además de que realizan otro tipo de acercamiento con los más de 200,000 clientes que no atiende la banca convencional. Sumado a eso, sus deudores representan un mayor riesgo. "La única garantía que tenemos es la moral de pago de las personas", recalcó Peña, y agregó que "si nos ponen una tasa bien baja, en su mayoría, las instituciones financieras nos iríamos a otros segmentos que sí ofrecen garantías reales: un fiador, una garantía, una propiedad".

Bajo este panorama, el mal que se busca prevenir: la usura, sería potenciado por la misma ley, aseguran los representantes de Abansa y Asomi, pues al no ser sujetos de crédito en instituciones formales, a los salvadoreños no les quedará otra alternativa que acudir a los agiotistas, que cobran más del 60% diario (es decir 1,800% mensual o 21,600% anual) por cantidades pequeñas de dinero.

Al menos entre Asomi, las más afectadas serán las jefas de hogar, pues representan el 85% de los clientes que maneja la organización.

La propuesta de Abansa

De Jiménez ha insistido en que "lo más conveniente es que el mercado opere en términos de competencia", pero ayer matizó que si los diputados creen necesario aprobar una ley deberían revisar la propuesta que Abansa, Asomi y otras organizaciones elaboraron hace ya varios meses.

El borrador presentado plantea que para calcular la tasa máxima de interés, el Banco Central de Reserva (BCR) calculará la tasa efectiva promedio simple de las instituciones bancarias durante los últimos tres meses. La cifra debería ser multiplicada por 1.6 y eso dará como resultado la tasa techo que la instituciones podrán cobrar por prestar dinero.

El presidente de Asomi explicó que el factor 1.6 resulta de un estudio en el que se calculan los costos de las instituciones financieras por ofrecer sus productos y servicios.

De acuerdo con la propuesta de Abansa, el BCR sería el encargado de publicar las tasas máximas vigentes cada tres meses, y para estimar el tope que podrán cobrar las microfinancieras, únicamente se tomarían en cuenta las tasas efectivas reportadas por cajas y cooperativas de crédito, bancos de los trabajadores, entre otros negocios bancarios de esta naturaleza. La normativa también ofrece la posibilidad de que las casas comerciales, las de empeño y cualquier establecimiento que se dedique al préstamo de dinero puedan enviar su información para que sus tasas de interés sean incluidas en el promedio. El último intento de la Asamblea por fijar el techo de las tasas de interés, al menos de las tarjetas de crédito, fue frenado por el Presidente de la República, Mauricio Funes, quien observó la ley por considerar que los legisladores no habían hecho un buen cálculo para imponer una tasa máxima.