Honduras hace severo recorte de gastos para ahorrar $61 millones

Mientras en El Salvador las gremiales empresariales reclaman que el gobierno no toma medidas eficaces de austeridad y pravalece la falta de liquidez, en Honduras el gobierno decidió, hace un mes, apretarse su propio cinturón para ahorrarse unos $61 millones.

El gobierno hondureño recortó el 11% del salario a los funcionarios que ganan más de 2,500 dólares, congeló plazas y quitó a empleados sin funciones asignadas. Además recortó gastos nacionales hasta por 10 millones de dólares y limitó los viáticos para los funcionarios que viajen al extranjero, entre otras cosas.

Según los periódicos hondureños, los recortes salariales se aplicarán a burócratas de rango medio.

Además, se prohibió hacer contrataciones de personal permanente, por contrato o por jornada; se congelaron las plazas vacantes, incluidas las del personal que se jubila y solamente se autorizarán plazas debidamente justificadas y aprobadas por la Presidencia de la República, según explicó un comunicado oficial de la Secretaría de Finanzas de ese país.

El Gobierno también decidió cancelar al personal sin funciones asignadas o que se compruebe que no se presenten a su puesto de trabajo.

Posteriormente, la Secretaría de Finanzas advirtió, a los empleados del sector público y funcionarios, que podrían participar en eventos fuera del país siempre y cuando los viáticos y otros gastos de viaje sean cubiertos en su totalidad por los patrocinadores.

Además, anunció que los viajes oficiales debidamente justificados se limitarán a dos personas por institución.

Se prohibió también el uso de vehículos oficiales en horas y días no hábiles, sin el debido permiso y otras medidas de ahorro que incluyen sanciones, si no se acatan.

La ministra de la Presidencia hondureña, María Antonieta Guillén, pidió incluso a los ministros y directores del Estado que elaboren una lista de todos los asesores con sus salarios respectivos y el trabajo que desempeñan.

El Gobierno pidió ahorro, incluso en la asignación de horas extras para los empleados públicos y una reducción del 50% en los gastos de alimentos, bebidas, ceremonias y protocolo.

La realidad salvadoreña

En El Salvador, a pesar de que los mismos funcionarios del gabinete económico reconocen que hay un grave falta de liquidez, no se han implementado medidas de austeridad comparables a las de Honduras. Por el contrario, el Estado ha seguido contratando a más empleados públicos y gastando en viajes oficiales; se ha optado por aumentar los recursos del Estado por el lado de los ingresos, al aplicar más impuestos a pequeñas, medianas y grandes empresas.

"El gobierno tiene la capacidad de recortar el gasto ineficiente. Hay un problema de mala administración", señala el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub.

A pesar de que el país está teniendo serias dificultades para afrontar sus gastos obligatorios, ha tenido retrasos en devolver la renta a miles de personas y en pagar a sus proveedores, y ha incumplido metas fiscales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se ha enfocado en aumentar sus ingresos a través de más impuestos, pero no aplicando recortes.

En tres años ha incrementado la planilla de empleados públicos en más de 20 mil plazas. El Gobierno justifica que se han contratado más maestros, médicos y enfermeras debido a que también se han ampliado los servicios de salud y educación.

Pero la semana pasada se reveló que buscan un préstamo por $80 millones sin antes ejecutar $60 millones otorgados en 2010 para el Ministerio de Salud.

En abril, los diputados a la Asamblea Legislativa se recetaron un incremento salarial de $800 para los presidentes de comisiones legislativas, y solo se echaron para atrás debido a la presión ciudadana.

En marzo, la Asamblea Legislativa gastó $20,000 en una recepción para celebrar el traspaso de mando de la nueva legislatura 2012-2015.

En diciembre de 2011, el Congreso también fue blanco de críticas luego que se divulgara sobre la contratación de 584 plazas injustificadas.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia entregó 1.8 millones de dólares a través de bonos de $200 para sus más de 9 mil empleados. En el Tribunal Supremo Electoral, sus funcionarios han gastado más de un millón de dólares en viajes y compra de vehículos en el último año y medio.