Financieras exigen ley de usura técnica y responsable

La Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), así como las asociaciones microfinancieras y las Cajas de Crédito aglutinadas en diferentes asociaciones recordaron ayer a la Comisión Financiera, de la Asamblea Legislativa, que de la aprobación responsable de una Ley contra la Usura depende el acceso a financiamiento de micro, pequeños y medianos empresarios, así como la supervivencia de las microfinancieras.

Representantes de las instituciones financieras formales enfatizaron que al controlar, a través de una ley, las tasas de interés sin tomar en cuenta sus costos operativos y los riesgos de trabajar con ciertos segmentos, los diputados podrían fortalecer el agiotaje, la actividad que precisamente se busca evitar con la normativa.

"No creemos que la ley que actualmente está discutiendo la Comisión Financiera sea la más apropiada", afirmó el presidente de Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (Asomi), Jorge Peña, quien añadió que por el mismo canal de televisión de la Asamblea se han enterado de que "lo que se discute en la Comisión son tasas de interés que atentan contra la existencia de muchas instituciones financieras, especialmente las que se dedican a dar microcréditos", explicó.

Actualmente, de los $10,200 millones en créditos que han colocado las instituciones financieras agremiadas a Abansa, Asomi, Fedecaces, Fedecrédito y Credicomer, cerca de $1,270 millones fueron aprobados para las micro, pequeñas y medianas empresas y sectores de más bajos ingresos, detalló, el representante de Asomi, quien resaltó que esos préstamos, que rondan en promedio los $500, son los que están en peligro, porque con tasas menores al 45 %, como actualmente se otorgan, son insostenibles, ya que se trata de clientes altamente riesgosos.

Al mismo tiempo, Peña destacó que la medida podría llevar a la quiebra de numerosas empresas formales que se dedican a este tipo de financiamiento; mientras que el vicepresidente ejecutivo de Credicomer, Roger Avilez, destacó que con una política de control de precios habrá una fuerte repercusión en el mercado, pues "desincentivará la incorporación de nuevos actores".

Si bien, el presidente de Abansa, Armando Arias, vio con buenos ojos el que la Comisión Financiera haya aparentemente aceptado segmentar los créditos y establecer tasas diferenciadas, complementó que durante las próximas semanas se avecina el proceso más delicado: el de definir el factor por el que cual se multiplicará el promedio simple de una tasa efectiva.

"Si esto no se hace bien lo que tendremos es una ley que controla precios, en donde nosotros nos vamos a ver impedidos de otorgar créditos, y la población se va a quedar sin ellos o acudirá a la usura".

Consultado al respecto, el presidente de la Comisión Financiera, Douglas Avilés, del partido Cambio Democrático, aseguró que no se aprobará una ley que impida a los ciudadanos el acceso al crédito, y confirmó que los legisladores acordaron establecer una tasa diferente para los préstamos hipotecarios, de consumo y productivos, las tarjetas de crédito y para el resto de segmentos. A la fecha, según Avilés, se han aprobado únicamente cinco artículos del cuerpo de ley, y esperan discutir en próximas sesiones dicho multiplicador.

Enrique Valdez, miembro de la misma Comisión, adelantó que el FMLN había propuesto que fuera 1; no obstante, el estudio técnico presentado por las instituciones financieras sostiene que debe ser de 1.6.

Finalmente, Peña enfatizó que las consecuencias de una mala ley de usura repercutiría en la economía, debido a que las Mipymes, motor de la economía, quedarían sin financiamiento.