Empresarios exigen claridad en la reforma aduanera

El sector empresarial visualiza contradicciones entre el discurso oficial vertido por el Ministerio de Hacienda, sobre las recientes reformas a la Ley de Simplificación Aduanera, y el documento aprobado por la Asamblea Legislativa a principios de junio y que está en manos del presidente de la República, Mauricio Funes.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) ha insistido en que la reforma al artículo 12 de la Ley de Simplificación Aduanera dictamina que el pago de $18 por el nuevo servicio de rayos X no es un cargo aplicado a cada furgón escaneado, tal y como lo defendió la cartera en un comunicado publicado el viernes pasado. Dicha cantidad, explicó ayer el director ejecutivo de la ASI, Jorge Arriaza, debe cancelarse por cada declaración de mercancía, un procedimiento que los empresarios hacen antes de consumar la importación o la exportación de cualquier producto o mercancía.

"El pago (de los $18) deberá efectuarse al momento de la transmisión electrónica del Manifiesto Declaración de Mercancía", reza la reforma aprobada por los legisladores, mientras que el comunicado de Hacienda sostiene que "el pago de la tasa de $18 (...) se realizará por cada furgón o medio de transporte que se someta al servicio de inspección no intrusiva (rayos X)".

Arriaza detalló, sin embargo, que tal y como lo plantea la reforma, el pago debe hacerse cuando el empresario notifica al Centro de Trámites de Exportación (Centrex) el tipo de movimiento que hará (importación o exportación), una transacción que ocurriría mucho antes de que el furgón sea efectivamente inspeccionado por el servicio aduanero.

La ASI ha expuesto que si tal y como lo ha subrayado Hacienda "el escaneo no recaerá en el 100% de las importaciones o tránsitos aduaneros", sino que obedecerá a las operaciones que la gestión de riesgo identifique como riesgosas, ¿por qué el pago debe realizarse antes de saber si el transporte será sometido a registro?

El líder gremial amplió que los empresarios incluso tendrán que pagar la tasa si se trata de un traslado de mercancía de una zona franca a otro punto dentro del mismo territorio nacional, debido a que legalmente estas áreas son consideradas zonas extraterritoriales o fuera del territorio aduanero nacional y, por lo tanto, son transacciones de comercio exterior.

En total, la Corporación de Exportadores (Coexport) ha estimado que al año los empresarios realizan 1.2 millones de declaraciones, lo cual significaría una recaudación de más de $18 millones para el fisco, un costo "altísimo" para el sector privado, resaltó Arriaza, y que tendría un impacto negativo en el sector exportador, debido a la pérdida de competitividad, subrayó la directora ejecutiva de Coexport, Silvia Cuéllar.

Ambos ejecutivos aclararon que el sector privado es uno de los propulsores de la modernización aduanera, por lo que no se oponen a la implementación de mecanismos modernos para evitar el contrabando y facilitar las transacciones. Ambos se mostraron de acuerdo en el pago de una tasa por el servicio, pero enfatizaron que debe ser una que provenga de un análisis sobre los costos que realmente puede asumir el sector privado sin sacrificar su crecimiento.

Hacienda ha defendido la tarifa de revisión con " rayos X", argumentando que se debe "al costo de mantenimiento, el costo de la operación y el de la ampliación, adecuación o actualización de los equipos y sistemas". Sin embargo, se trata de un trabajo que no asumirá la cartera de Estado, sino una empresa privada, a la que ya le fue adjudicada la licitación, mucho antes de que se tuvieran los fondos, algo que las gremiales empresariales también denunciaron.

Respecto al cobro, en el artículo 12-C, el fisco incluso ha estipulado que la tasa podrá ser revisada y ajustada cada dos años hasta un máximo de 10% sobre el valor de la tasa establecida, es decir, sobre los $18.

A juicio de la directora de Coexport, en lugar de incrementar el valor del servicio debería disminuir, debido a que se recuperaría la inversión hecha.

En medio de los inconvenientes que han ocasionado las reformas, el representante de la ASI lamentó que, a pesar de que existe una Comisión Intergremial de Modernización de Aduanas (CIMA) que ha discutido el tema por más de diez años nunca se llevaron a la mesa las reformas aduanales, una tarea que podría haber ahorrado la inseguridad jurídica a la que actualmente se encuentra sometido el sector. "Se vio en la comisión cuando ya estaba presentado el anteproyecto en la Asamblea Legislativa, pero no cuando se estaba formulando", comentó.

Arriaza se inclinó por que el pago de la tasa obedezca a cada furgón o medio de transporte y no por declaración, pero exige a las autoridades que sea eso que han afirmado públicamente lo que quede por escrito en el cuerpo de ley, para evitar inconvenientes en el futuro.

Otras observaciones

Ahora que el decreto se encuentra en Casa Presidencial, la ASI hizo un llamado al presidente Funes para que devuelva con observaciones las reformas a la Asamblea Legislativa.

El representante gremial expuso que las autoridades y el mandatario también deben prestar atención a otras incongruencias como el futuro de los $150 que actualmente pagan los empresarios si son sujetos de revisiones físicas, así como los lugares en que podrán realizarse las inspecciones no intrusivas.

Sobre el primero aspecto, la directora ejecutiva de Coexport sostuvo que si estas inspecciones no pueden ser eliminadas, esperarían que las autoridades redujeran la selectividad, es decir que disminuyan el número de furgones que revisan físicamente para descargar de impuestos a los exportadores.

Cuéllar explicó que la selectividad ronda el 20%, lo que significa que más o menos 400 mil unidades son registradas. La representante del sector exportador, no obstante, consideró que las revisiones podrían llevarse a un nivel de selectividad de entre el 5 y el 7%.

Sin embargo, este es otro de los puntos que ha causado confusión entre el sector empresarial, pues las reformas mencionan la imposición de un nuevo pago, pero no detallan qué ocurrirá con el que actualmente cancelan los exportadores e importadores.

Respecto a los puntos de registro, la ley sostiene, según la ASI, que el Servicio Aduanero establecerá los lugares en los que podrá practicarse la inspección no intrusiva, entre ellos, sitios fuera de los recintos aduaneros. El cambio a la normativa contempla que las operaciones realizadas de esta forma podrán ser coordinadas con la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones encargadas del control de las operaciones de comercio exterior. Esto, al parecer de Arriaza, deja entrever que se facultan las inspecciones físicas en ruta.

La ASI ha solicitado que se prohiba explícitamente en la normativa que durante esas inspecciones se pueda abrir o descargar furgones, para garantizar la seguridad de la mercancía y evitar arbitrariedades y abusos.

Finalmente, la Asociación de Industriales sostiene que la ley no establece exclusiones para el pago de la tasa, y, a consideración de la gremial, transacciones como la exportación o importación de muestras son vitales para conseguir nuevos negocios, por lo que deberían estar libres del pago. Hacienda ha dicho que esta clase de mercancías se envían por vía aérea, vienen en forma consolidada y deberá pagar los $18.