CEL a punto de ir a otro arbitraje

La administracióN de la Cel, en los últimos años, ha obligado al país a pagar fuertes sumas de dinero a inversionistas internacionales que la demandan por incumplimiento de contratos.

a administración de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) continúa pasándole factura a los salvadoreños debido tanto a la falta de inversiones como por los arbitrajes internacionales que ha promovido, por los que ha tenido que pagar millonarias indemnizaciones, con el agravante de que es probable de que siga incurriendo en tan costosa "resolución de conflictos".

Tras los arbitrajes con Nejapa Power, iniciado en 1999 y por el cual Cel debe pagar $18 millones; y el promovido por Enel Green Power en 2008, aún en proceso; está a las puertas un nuevo litigio con la firma italiana Astaldi por el mal diseño de la presa El Chaparral, cuya construcción está paralizada desde finales de 2010 por fallas geológicas.

En 2010 tras la tormenta Agatha, se detectó un supuesto desplazamiento de un "montículo" del margen derecho del terreno sobre el que se construía la presa, lo que, según la compañía constructora, obliga a hacer un nuevo diseño por razones de seguridad, pero que la Cel no quiere admitir porque la falla no estaba contemplada en el contrato llave en mano que firmaron para la ejecución de la obra, ya que este no permite prorrogar la fecha de entrega ni el ajuste de precios.

Ante esta realidad, en un primer momento, el expresidente de la Cel Nicolás Salume se refirió al arbitraje como una opción para solucionar la controversia.

Se habló, incluso, de contratar a una compañía especialista en detectar fallas de origen geológicas para que, tras un estudio técnico, emitiera su opinión sobre la conveniencia o no de mover aguas arriba la construcción del "dique", lo que conllevaría también desplazar la construcción del túnel del lugar en que ya se trabajaba para desviar el río Torola.

Tras la salida de Salume de la Cel, a finales de febrero del año pasado, fue nombrado en junio de 2011, Irving Tóchez, quien en sus primeras declaraciones dijo que no se había contratado el estudio de los expertos internacionales en geología para definir si era la autónoma, o la compañía responsable del proyecto, la que debía asumir los costos del atraso, estimado entonces en más de $19 millones más el rediseño y desplazamiento del sitio del embalse, antes de llegar al arbitraje.

La inversión en la represa, que inicialmente se estimó en $219 millones, fue financiada con un préstamo de $163 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y con $56.9 millones en recursos propios de la Cel.

A la fecha y tras el paso de varios presidentes al frente de la autónoma, en poco más de un año, aún no se ha agotado la fase de "trato directo" para buscarle una solución al problema, lo que hace pensar que lo más probable es que se entable un nuevo arbitraje internacional por parte de la empresa pública.

Incluso el diputado por ARENA Edwin Zamora dijo que, de no solucionar el impasse por la vía de trato directo, se debe recurrir a ese mecanismo de solución de controversias, sobre todo porque el Estado no debe ceder a pagar algo que no está demostrado técnicamente.

Mala planificación

Según el diputado y analistas económicos, los reiterados arbitrajes a que ha recurrido la Cel son muestra de que "mucho" se está haciendo mal en materia de planificación de proyectos energéticos.

"Al final, lo que uno puede ver, en este gobierno, el anterior o los que sean, es realmente una falta de interés en vigilar y administrar los recursos públicos o los recursos obtenidos por la vía del endeudamiento para asegurarse una administración y una ejecución planificada de ese tipo de obras", dijo el analista Rigoberto Monge.

"Más grave aún es si la empresa ejecutora está pensando en llevar al Estado salvadoreño a un arbitraje por incumplimiento. A ese tipo de cosas, al final del día, el nombre que uno le puede poner es una mala administración de obras de inversión pública importante", añadió.

Pero, además, se mal invierten los impuestos "que pagamos los contribuyentes". También pierde el país porque deja de tener una fuente generadora de electricidad y los usuarios, que al no tener acceso a mayores fuentes generadoras de energía a base de agua se ven afectados con alzas de tarifas en cada revisión de los pliegos tarifarios, acotó.

El economista Claudio de Rosa destacó que primero pierde la institución, porque cada arbitraje "son cientos de miles de dólares, además de ser una institución que le han quitado buena parte de su capital con la orden que le dieron de tomar $50 millones para financiar subsidios cuando necesita hacer inversiones por más de $100 millones".

"Cuando sucede eso, perdemos todos como país, porque la generación está al límite de satisfacer la demanda y se empiezan a correr riesgos de racionamientos o de tener que cobrar más aún por el servicio eléctrico", añadió De Rosa.

Además, dijo, se pierde en imagen y lamentablemente "retrocedemos en todo, porque así vemos que ha pasado con el puerto de La Unión y con el aeropuerto, que no se va a modernizar. Vamos quedando rezagados en todas las áreas de gestión", agregó al referirse a la forma en que administra la ejecución de proyectos el resto de entidades del Estado.

Al diputado Zamora le llama la atención que esta clase de proyectos siempre se complican. "Como que no (se) hace bien el trabajo preparatorio o no hay suficiente transparencia desde el inicio del proceso de licitación y, de hecho, he oído muchas quejas en ese sentido, que no hay mucha transparencia y que hay muchas interrogantes en esto".

Empero, Zamora está de acuerdo en que la Cel se vaya a un arbitraje para resolver el problema, porque, de lo contrario, "el país podría terminar pagando una suma cuantiosa por algo que no necesita". Según el legislador, un arbitraje bien sustentado, con suficientes pruebas, podría resolverse rápidamente.