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Acusan de espionaje a exjefe de la policía secreta
En 2011 fue condenado a 25 años de prisión
COLOMBIA. El exdirector de la policía secreta fue acusado ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en una red de espionaje a periodistas y opositores del gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
La oficina de prensa de la Fiscalía indicó que presentó la acusación contra Jorge Noguera Cotes, quien entre 2002 y 2005 se desempeñó como jefe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Los delitos por lo que deberá responder Noguera en juicio son, según la Fiscalía, abuso de autoridad por acto arbitrario, autor intelectual de violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y concierto para delinquir, o la asociación de dos o más personas para cometer un número indeterminado de crímenes.
Noguera está detenido en la cárcel La Picota, sur de Bogotá, desde diciembre de 2008.
En septiembre de 2011, Noguera fue condenado por la Corte Suprema a 25 años de cárcel por sus nexos con las bandas paramilitares y por el asesinato en 2004 del profesor universitario Alfredo Correa De Andréis, baleado por sicarios en la ciudad de Barranquilla, en el Caribe colombiano. El catedrático investigaba el desplazamiento forzado de campesinos en la zona caribeña a manos de paramilitares.
De acuerdo con documentos encontrados en la computadora de un paramilitar y testimonios de exfuncionarios del DAS, Noguera entregó a esas bandas los nombres de sindicalistas y activistas -entre ellos el de Correa De Andréis que posteriormente fueron asesinados.
Noguera siempre se ha manifestado ajeno a sus probados vínculos con los paramilitares, al asesinato de Correa y al espionaje ilegal desde el DAS, una entidad que dependía directamente de la Presidencia de la República y que EN 2011 fue clausurada por el presidente Juan Manuel Santos a raíz de los escándalos de corrupción.
En febrero de 2009, la revista Semana publicó un extenso artículo que daba cuenta de que, desde el DAS, se les hacía seguimiento ilegal y que se habían interceptado los teléfonos a magistrados, periodistas, activistas y, en general, opositores del gobierno de Uribe. —AGENCIAS.

