Subrayan abusos que llevaron a la destitución de Lugo

El juicio político, del que resultó la separación del cargo del expresidente Fernando Lugo, fue el resultado de 4 años de reiteradas violaciones a la Constitución por parte del Poder Ejecutivo, de la inestabilidad política y social, derivadas de la complicidad de éste con ocupantes de tierras privadas, grupos armados y "actores sociales" que actuaban en permanente violación de la ley y que culminó con la masacre de 17 personas en la localidad Curuguaty, a principios de junio de este año. Así resume el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), la crisis que Paraguay ha superado con el nuevo presidente Federico Franco.

Para el CEAL, una agrupación de 511 líderes empresarios latinoamericanos de 18 países (incluyendo El Salvador), con sede en Brasil, independientemente del juzgamiento que se pueda hacer sobre la rapidez del proceso para la destitución de Lugo realizado en ambas Cámaras Legislativas - rapidez derivada de las circunstancias políticas del momento - el mismo se realizó conforme a lo establecido en la Constitución Nacional de la República del Paraguay, resultando toda la actuación legal y legítima.

El mismo Lugo, en su momento, aceptó salir por la puerta grande de la casa de gobierno.

Después de analizar la situación de Paraguay, en un comunicado difundido el fin de semana, el CEAL pone énfasis en que la transmisión del mando presidencial a manos de Franco ( el 22 de junio), "fue realizada con toda tranquilidad, la ciudadanía tomó con total calma la situación y todos los servicios públicos siempre estuvieron en funcionamiento, los comercios abiertos y la economía en general siguió su curso. Pequeños grupos de adherentes del expresidente Lugo realizaron algunas manifestaciones aisladas que fueron mermando en el transcurso de las horas y que hoy en día han desaparecido".

Los directivos del CEAL traen a cuenta que la reforma agraria fue una de las principales promesas del gobierno anterior y en los 4 años que gobernó Lugo, no se logró dar mínimamente solución al problema. Al contrario, dicen, se agravó con ocupaciones ilegales, atropellos a propiedades privadas, y la destrucción de costosas maquinarias agrícolas. La demostración más fehaciente de la falta de voluntad en solucionar el problema fue que, según el CEAL, el Instituto Nacional encargado de las tierras, distribuyó cerca de $4 millones sin entregar ningún título de propiedad. Este dinero fue a parar en manos de operadores políticos y de dirigentes de los supuestos sin tierra.

Uno de los objetivos del CEAL es incentivar el desarrollo de la integración económica, social y cultural entre los países latinoamericanos, en el marco de la democracia y en un ambiente de paz y seguridad institucional y personal, por ello hacen un llamado a la comunidad internacional de que Paraguay necesita del apoyo y la solidaridad para lograr atraer las inversiones necesarias para su desarrollo. —AGENCIAS