Humala recrudece su choque con la oposición

PERÚ. Mientras el gobernante Ollanta Humala visita Ginebra y Estrasburgo, capitales internacionales de la defensa de los derechos humanos, en su país crecen las críticas por el uso instrumental del aparato de inteligencia y el poder judicial al menos en tres casos recientes.

Por un lado, para neutralizar o atacar a un respetado parlamentario. Y por otro a dos líderes políticos de sendas movilizaciones contra proyectos mineros en Espinar (Cusco, sierra sur) y Cajamarca (norte).

El martes hubo fuertes críticas contra el oficialismo debido a que un fiscal ordenó levantar el secreto de las comunicaciones de un teléfono del congresista Luis Galarreta, presidente de la comisión de Economía. La medida fue ordenada como parte de un proceso judicial contra un periodista que accedió ilegalmente a correos electrónicos del ministro de Comercio.

El legislador Carlos Bruce declaró el martes que es ilegal intervenir las comunicaciones de un congresista sin antes haberle quitado la inmunidad parlamentaria. Mientras que la congresista Carmen Omonte, portavoz de la alianza Perú Posible, dijo que "no hay nada que justifique esos métodos heredados de Vladimiro Montesinos", el exasesor del expresidente Alberto Fujimori.

Por otro lado, tras estar 15 días preso, un juez dictó la libertad del alcalde de la provincia de Espinar, Oscar Mollohuanca, líder de la protesta social de la zona contra Xstrata Tintaya. El lunes 28 de mayo, murieron tiroteados por la policía dos personas en una protesta: ese día el Gobierno declaró el estado de emergencia y un par de días después detuvo a Mollohuanca, en un proceso que ha sido criticado por abogados y analistas.

Entre los datos que se cuestionan, está el traslado de la causa de un juzgado a otro que se supone más favorable a los intereses del Gobierno. "El cambio de administración judicial de Cusco a Ica (para que se vea allí el caso Mollohuanca) fue una muestra de la complacencia del Poder Judicial con el Ejecutivo, pues la resolución respondió a un pedido del ministerio del Interior", dijo el abogado Carlos Rivera.

Mientras, en el conflicto por el proyecto Conga en Cajamarca, quizá el que más repercusión ha tenido fuera de Perú, el presidente del Gobierno regional, Gregorio Santos, es investigado de oficio por una fiscalía de Lambayeque por supuesto delito de "apología a la rebelión". El origen de la investigación está en unas declaraciones de Santos en las que afirmó: "¿Qué se hace cuando un presidente [Humala] no cumple sus promesas?". Sus seguidores clamaron: "¡Lo sacan!".

Mientras tanto, el otro líder de la huelga indefinida que vive Cajamarca, el fundador del movimiento político Tierra y Libertad, Marco Arana, es seguido muy de cerca por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) y por la dirección de inteligencia de la Policía Nacional. —AGENCIAS.