Magistrada: Presidente CSJ ya anunció que la destituirá

Ella es uno de los jueces que revisan si el nombramiento de Padilla fue constitucional tras vincularlo con el partido oficial

La magistrada Sonia Barillas de Segovia denunció que el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Salomón Padilla, ya anunció que la destituirá, justo en momentos en los que ella revisa si es inconstitucional el nombramiento del funcionario por presuntamente haber admitido que tiene vínculos con el partido FMLN.

Padilla le abrió en un primer momento un expediente disciplinario a Barillas de Segovia y al colega de ambos, Álex David Marroquín, por un caso que dirimieron sobre la custodia de dos niños cuya madre falleció.

Según la magistrada De Segovia, en la última resolución que se les notificó "se revela el verdadero propósito del licenciado Padilla, en donde además de reiterar que como Magistrada y Magistrado no tenemos derecho a recurrir o impugnar las decisiones en un proceso disciplinario, nos anuncia claramente la destitución".

La anterior denuncia está contenida en un escrito que los magistrados De Barillas y Marroquín presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la misma Corte, con el que buscaban un amparo ante la denunciada pretensión de Padilla; un amparo que aún no ha decidido dicha Sala si concederá o no concederá a ambos funcionarios.

El presidente de la Corte abrió el proceso poco después de que la magistrada Barillas de Segovia fuera llamada por la Sala de lo Constitucional de la Corte para decidir si es legal el nombramiento de Salomón Padilla, que enfrenta dos demandas de inconstitucionalidad, cuyos autores cuestionan que dicho funcionario ha admitido públicamente y sin reservas que tiene vínculos partidarios y consideran que eso compromete su imparcialidad como juez del Estado.

De Segovia y su colega Marroquín, a cargo de la Cámara de Familia, recriminan que Padilla les abrió un proceso disciplinario de remoción de sus cargos, vulnerando derechos constitucionales de ambos, como el de pedir una explicación y recibir una respuesta oficial sobre los hechos que se les atribuyen.

"El licenciado Padilla omitió, de forma consciente, darnos razones o argumentos del por qué iniciaba una investigación, basado en un actuar ilegal e inconstitucional de la PDDH (Procuraduría de los Derechos Humanos)", dicen en su escrito.

Con lo anterior se refieren a que el presidente de la Corte abrió el expediente en contra de ellos basado en una resolución de la PDDH que, según exponen, "no está firme" y contra la cual han apelado sin hasta la fecha haber recibido una respuesta a esa apelación.

Además, explican los magistrados, Padilla pretende revisar por la vía del proceso disciplinario una decisión que corresponde a un tribunal diferente y con independencia para juzgar y que también ha sido analizada antes por la Sala de lo Constitucional.

Por su parte, según el mismo escrito, en su resolución Padilla atribuye a los magistrados que fueron notificada el 19 de agosto, dos supuestas fallas: que sustanciaron el caso de los niños mediante un "proceso abreviado" y no por el general de protección y que presuntamente se violó el "derecho de opinión" de los niños sobre si querían quedarse con el padre biológico o con la abuela materna.

Padilla califica estos hechos como "incumplimiento de deberes" y le pone como consecuencia de ello la causal de "remoción del cargo", según explican.

Para los magistrados, ese proceso iniciado por Padilla "no puede ser tramitado… por estar en su inicio, en su fuente y su origen, viciado de vulneraciones a la Constitución, particularmente al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la independencia judicial y al derecho de petición y respuesta".

De Barillas y Marroquín advierten a los magistrados de la Sala de lo Constitucional en este caso se libra una batalla por la independencia de los jueces para emitir sus decisiones sin el peligro de que se les atemorice con procesarlos por lo que resuelvan.

"Honorable Sala de lo Constitucional… en sus manos está cerrar las puertas a la arbitrariedad, a la discrecionalidad ilegal, antojadiza, en este caso de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en materia disciplinaria", expresan.

Los magistrados les advierten a sus colegas que ahora les toca a ellos "vivenciar este ejercicio de arbitrariedad… mañana podrán ser otros jueces o juezas a los que les toque enfrentar esta injerencia indebida a la independencia judicial".

Hasta ahora ninguna asociación de jueces o magistrados se ha pronunciado al respecto.

Sindicalistas

Entre tanto, miembros de la Asociación Sindical de Empleados Judiciales Salvadoreños denunciaron ayer en horas de la mañana que fueron víctimas de agresión por parte de vigilantes y Policías de Personalidades Importantes (PPI) de la Corte Suprema de Justicia.

Los sindicalistas aseguraron que fueron agredidos por órdenes del presidente Salomón Padilla y por instrucciones del jefe de Seguridad de la misma Corte, Manuel Vega, y de Francisco Martínez, coordinador de Seguridad de la CSJ.

El incidente se originó cuando la Asociación se disponía a ofrecer una conferencia de prensa en la que denunciarían diferentes problemas que están enfrentando los empleados y que no han sido resueltos por la "infuncionalidad institucional del Órgano Judicial".

Algunos de ellos resultaron con lesiones leves, por lo cual acudirán a la Fiscalía General de la República a interponer demandas.

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