Indiferencia de Hacienda ante paro en Procuraduría General

Ministro del ramo, Carlos Cáceres, dijo que no hay dinero para subir presupuesto a la institución

Unos 4 mil usuarios de la Procuraduría General de la República han dejado de recibir servicios por el cese de labores. Foto EDH

"Que los empleados quieren $13 millones para la Procuraduría... es imposible. Así permanezcan donde quieran estar, que vayan a donde quieran ir. No hay dinero para la Procuraduría".

Así de tajante fue la respuesta que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dio ayer a los empleados de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes demandan un incremento de $13 millones en el presupuesto general de esa institución para el próximo año.

Para presionar a ministerio de Hacienda, el sindicato de trabajadores inició el martes una huelga indefinida que ha impedido atender a más de cuatro mil usuarios diarios en sus oficinas centrales y en las 17 sedes auxiliares del país.

Mientras que en los tres días que lleva el paro se han suspendido cuatro audiencias en el Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, ante la ausencia de defensores públicos que son puestos a disposición del Órgano Judicial por la PGR, informó la unidad de Prensa.

Los demandantes aseguran que los $21 millones que actualmente recibe la PGR como presupuesto no son suficientes para mejorar o para ampliar los servicios que brinda a la población.

Cáceres aseguró que el país enfrenta un problema financiero que le impide desembolsar más dinero a las instituciones para su funcionamiento.

"Yo les he pedido a los ministros y presidentes de instituciones que por favor se ciñan al techo que les hemos dado. Ya ese techo nos va a generar algún tipo de dificultades financieras y estamos haciendo lo posible por ellos", señaló Cáceres.

Según el ministro, la situación ya se le dio a conocer a la titular de la PGR, Sonia Cortez de Madriz, por lo que pidió que se haga un sacrificio para trabajar con el dinero que se les ha asignado.

Por su parte, la funcionaria expresó que es consciente de los problemas de dinero que enfrenta el país y llamó a los empleados de la PGR, sobretodo a "las bases que están exigiendo que continúe el paro", a que lo suspendan.

"Dicen que las bases son las que obligan a que siga el paro. Tenemos personal comprometido, que tiene vocación de servicio, y que siempre hemos trabajado para los más pobres con los salarios que tenemos", aseguró Cortez.

La funcionaria agregó que hasta ayer a las 11:00 a.m. no se había hecho una evaluación del impacto negativo originado por el paro de labores.

Por ejemplo, Cortez dijo desconocer cuántas cuotas alimenticias se han dejado de entregar; ni cuántas mujeres no han podido ser atendidas en la Unidad de Género, que es una de las oficinas que tiene mayor demanda de las usuarias.

Sin audiencias

Los empleados de la PGR que promueven y apoyan el cese de labores advirtieron que las personas que sean capturadas por diferentes delitos en los próximos días podrían quedar en libertad en cuestión de horas ante la falta de abogados públicos que los defiendan.

La procuradora general admitió que esa sería una de las consecuencias negativas de la suspensión de labores.

La misma opinión tuvo la fiscal adjunta Paula Patricia Velásquez, al ser consultada sobre el tema.

"Existe el riesgo (de que reos queden libres) porque la ley establece que debe nombrarse un defensor inmediatamente después de haber sido capturado", dijo Velásquez.

No obstante, la fiscal adjunta dijo que los jueces tienen la opción de recurrir a los servicios de un "defensor de oficio", que es abogado particular que no cobra honorarios por efectuar su labor.

El juez Sexto de Instrucción de San Salvador, Roberto Arévalo Ortuño, sostuvo que si bien se puede recurrir a esta figura jurídica ante la falta de abogados públicos, los "defensores de oficio" solo pueden intervenir en las audiencias iniciales donde se juzgan delitos graves y no los leves como amenazas, lesiones simples o robos menores.

No obstante, si los delegados de la PGR faltan a las audiencias preliminares o juicios las diligencias deben reprogramarse, lo que implica que el sistema judicial debe incurrir en gastos innecesarios por el traslado de reos.

"Como juez puedo liberar a un raterito (asaltante de cadenas) pero no a un violador, un extorsionista o un homicida", opinó Arévalo.

Los sindicalistas de la PGR amenazaron con mantener el cese de labores hasta obtener una respuesta favorable.

Los delegados del sindicato de la PGR han asegurado que los diputados de todos los partidos políticos, menos el FMLN, se han comprometido a respaldarlos en su demanda.

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