Sala de lo Constitucional frena los desmanes del Ejecutivo y Legislativo

Aunque se enojen los políticos y el presidente, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional están decididos a ayudarle a los salvadoreños a "ordenar la casa"

Sala de lo Constitucional frena los desmanes del Ejecutivo y Legislativo

Cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ hicieron un análisis del trabajo que han realizado en los últimos cuatro años y su impacto para El Salvador

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El presidente Mauricio Funes puede despotricar contra cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, pero eso, en boca de uno de ellos, "no les preocupa", sino sólo la independencia, la transparencia y la Constitución y el freno a los desmanes del Ejecutivo, el Legislativo y el poder político.

Incluso los magistrados no descartan remitir los que consideran desacatos del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, a la Fiscalía General de la República para que lo procese, de la misma manera que lo ordenaron en el caso de los exmagistrados de la Corte de Cuentas (ver nota aparte).

Al cumplir cuatro años de tutelar los derechos constitucionales de la población, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González explican en entrevista con El Diario de Hoy que lo único que quieren es ayudarle a los salvadoreños a "poner en orden la casa", el país, la administración pública, después de que los políticos han hecho y desecho con las instituciones por décadas.

"Les guste a los políticos o no les guste", los magistrados se sienten satisfechos de "tener la capacidad para enfrentar los distintos problemas que se nos han presentado sin ninguna clase de temores, influencias ni tampoco hacer consideraciones sobre qué le puede gustar o qué no le puede gustar a determinados sectores".

"Resolver con independencia, digo como juez... es una gran satisfacción resolver con absoluta independencia, que es lo que vivimos a diario aquí, sin intromisiones ni interferencias de ningún sector", expresó el magistrado Sidney Blanco.

Para Blanco, "la Sala de lo Constitucional ha afrontado casos muy delicados, especialmente en el ámbito político, pero al final se ha reestructurado el sistema político, y lo más importante que se han cumplido las sentencias".

Por su parte, el magistrado Jaime recuerda que la labor de los cuatro no ha estado exenta de presiones e intentos de bloqueos. "Aquí presiones e intentos de ver cómo nos bloquean han habido de todo tipo..., pero no vamos a cambiar nuestra línea de conducta, siempre vamos a continuar haciendo lo correcto, y si se enojan los políticos, pues es problema de ellos, que se enojen", enfatizó.

No se trata de la única ocasión en que la Asamblea se ha negado a atender una resolución de la Sala, sino que en cuatro años se han producido al menos cuatro crisis, pero, aclaran los jueces, no porque haya un "choque de poderes", sino por la "resistencia del poder político" a someterse a la justicia.

Esto ha significado al menos un intento de amarrar a los magistrados (Decreto 743), un segundo de desarticularlos o destituir a uno (comisión contra González y Jaime) y dos crisis por desacatar sentencias emitidas por ellos (elecciones de magistrados de Corte Suprema y Corte de Cuentas).

Estos hechos se han producido después de que los magistrados resolvieran que los ciudadanos deben votar por candidatos con sus rostros en las papeletas, que no era constitucional el mecanismo de transferencias de los ministerios a Casa Presidencial y que los candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas y la Corte Suprema no deben ser militantes políticos.

"El presidente en exceso de su potestad reglamentaria se estaba recetando otras cosas que no estaban contenidas en la ley. Eso provocó un distanciamiento grande con el presidente y no nos importa. Seguimos haciendo lo que tenemos que hacer", afirmó el magistrado Jaime.

Pero lo que quizá más ha incomodado es la exigencia de la Sala de exigirle transparencia y rendición de cuentas a los funcionarios, así como que funjan con independencia y lejos de las influencias y militancias políticas.

El magistrado Florentín Meléndez afirma que las sentencias contra los políticos han encontrado "resistencia", ya que no ha existido una cultura de acatamiento de las sentencias y eso una de las fragilidades del Estado.