En C.A.: El Salvador con más gasto en seguridad pública

Más de $612 millones destinó el Estado a la seguridad entre junio 2011 y marzo 2012

Las diversas empresas deben pagar por contratar seguridad privada, además de blindar sus instalaciones para evitar robos o asaltos. Foto EDH / archivo

El Salvador es el país de Centroamérica que más gasta en justicia y seguridad pública, indica un informe del Banco Mundial (BM), resultado de un estudio de violencia y criminalidad realizado entre junio de 2011 y marzo de 2012.

Los ejecutivos del BM aclaran que la investigación no incluyó el periodo de la tregua entre pandillas, pues el mismo finalizó antes de que ésta iniciara.

La investigación del organismo internacional en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública concluyó que el país gasta el 2.4 del Producto Interno Bruto o el valor monetario de la producción de bienes y servicios de la Nación en un año.

Solo en 2011, el sector Justicia y Seguridad Pública gastó 612 millones de dólares en las diferentes áreas de la seguridad y justicia del país.

Mientras la empresa privada destinó 650 millones de dólares anuales en seguridad. (Ver nota aparte).

Entre tanto, la mayor parte del presupuesto del Estado es destinada a las actividades de patrullajes de la Policía Nacional Civil y vigilancia con 268 millones de dólares, un equivalente al 43.8 por ciento.

En El Salvador hay 340 policías por cada 100 mil habitantes, segundo en Centroamérica después de Panamá con 512 agentes.

A diferencia de la seguridad pública, las áreas de prevención del crimen y la ejecución de sentencia, prisión y rehabilitación son de los rubros a los que el Ministerio de Justicia destina menos, entre un 3 y 6.9 por ciento respectivamente.

A pesar del excesivo gasto, los homicidios no se redujeron en el periodo de estudio, pues pasaron de 2 mil 835 en 2002 a 4 mil 361 en 2011.

El director del Banco Mundial para Centroamérica, Carlos Felipe Jaramillo, manifestó que la entidad para la cual trabaja sintió la necesidad de involucrarse en las áreas de seguridad y justicia, porque "la criminalidad y la inseguridad se ha vuelto un obstáculo crítico para el desarrollo social y económico de El Salvador y de algunos vecinos".

Tanto es así que en los últimos siete años las empresas has visto triplicados sus gastos de seguridad pues han pasado de 200 millones a 650 millones de dólares anuales.

Jaramillo afirmó que este es un tema difícil, "que no tiene soluciones fáciles ni rápidas, ni hay recetas internacionales que puedan ser fácilmente copiadas y adaptadas a un país en particular.

Añadió que la inseguridad no es como los temas tradicionales de los economistas y macroeconomistas que para resolverlos ya hay fórmulas establecidas.

Puntualizó que en los temas de inseguridad y criminalidad las soluciones son complejas y tienen que ser hechas a la medida de cada país.

"Por eso nuestro papel es de facilitación y apoyo en el proceso, pero el papel de ustedes los salvadoreños es de ser los verdaderos autores y forjadores de las soluciones propias a la realidad de país", subrayó.

El representante del Banco Mundial dijo que su aspiración es que los resultados del estudio contribuya "a que El Salvador sea un país más seguro, próspero, y más justo".

Irónicamente, el encargado del Ministerio de Justicia y Seguridad, Douglas Moreno, dijo: "Yo jamás me imaginé de tener el privilegio desde que estaba en la cárcel como director del sistema, de contar con un estudio de esta envergadura que nos permita trabajar unidos a todos los salvadoreños en un tema tan delicado como es la seguridad y la justicia".

Moreno afirmó que se busca que este estudio sea insumo para el desarrollo de propuestas que innoven y mejoren las áreas que comprenden las justicia y seguridad.

Agregó que la investigación servirá al gobierno para delinear las bases de trabajo en el área de justicia y seguridad a largo plazo, pensando en una estrategia y compromiso de acción para el país; en el que este tema sea prioridad nacional.

"La finalidad es utilizar los recursos financieros de manera eficaz de forma participativa, consensuada y que sirva para todos los ciudadanos: partidos políticos, sector privado, sociedad civil e instituciones públicas", argumentó el ministro de Justicia y Seguridad en funciones.

"Solo así podemos dar una respuesta integral a este problema que nos compete a todos los salvadoreños", reiteró.

De ahí que los funcionarios a cargos de las diferentes instituciones de Seguridad y sector Justicia participen desde ayer y hoy en un taller, para que, con base en los resultados de la investigación, formulen una propuesta contra la criminalidad y la violencia que agobia a los salvadoreños.

Por su parte el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, manifestó que el estudio será de mucha utilidad porque permitirá mejorar los resultados y hacer más eficientes la labor de seguridad pública y justicia en el país.