Asamblea sin pagarle indemnización a exempleada

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó pagar el dinero al que tiene derecho la exempleada legislativa

La última acción de Iris en su búsqueda de justicia ha sido escribirle una carta al presidente Mauricio Funes, la cual fue recibida en Casa Presidencial la semana anterior. Foto EDH / Marlon Hernández

El suplicio por alcanzar la justicia sigue a cuestas para Iris Lissette Chavarría Rodríguez, una exempleada de la Asamblea Legislativa que fue despedida injustamente, a inicios 2010 y después de seis años de trabajo, según determinó un fallo de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre de 2011, una Cámara de lo Laboral condenó al Estado de El Salvador (en particular, a la Asamblea Legislativa) a que indemnizara a la profesional con cerca de 7 mil dólares.

La Fiscalía General de la República, no obstante, como representante legal del Estado, apeló la decisión ante la Sala de lo Civil. Pero el 8 de febrero pasado, luego de que el caso fuera revisado por dicha Sala, los magistrados dejaron firme la sentencia de la Cámara y ordenaron a los diputados indemnizar a Chavarría.

"La Sala de lo Civil concluye que la terminación del contrato de la profesional fue sin causa legal y es procedente condenar al pago de indemnización por despido injusto pronunciado por la Cámara Primera de lo Laboral", afirma la sentencia de la Sala.

Hasta ayer, Chavarría no había recibido ningún centavo por haber sido despedida tras demandar a un jefe por acoso sexual, laboral y emocional.

La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, sin embargo, ni siquiera ha discutido hasta la fecha la resolución. La diputada Milena Calderón Sol de Escalón, quien se desempeña como secretaria de esa Junta Directiva, admitió que el Parlamento recibió esa notificación y dijo que tal vez para esta semana el tema sea incluido en la agenda de la reunión semanal.

Los magistrados de la Sala de lo Civil se refirieron al delito de acoso laboral que fue alegado por la demandante: según ellos, los abogados de Chavarría sí lograron demostrar que la trabajadora fue objeto de "degradación y menosprecio en el desempeño de sus funciones y actividades laborales", lo que se evidenció por cambios arbitrarios e injustificados a los que Iris fue sometida cuando fue una y otra vez asignada a diferentes áreas de la Asamblea en sus últimos días en esa institución.

"A criterio de esta Sala, existió el acoso laboral en contra de Iris Lissette Chavarría Rodríguez, cuando desempeñó el cargo de colaboradora administrativa IV en el Órgano Legislativo", reza la resolución.

Calvario económico

Iris Chavarría es madre de dos niñas, una de 12 y otra de seis años. Asegura que el daño que le provocó su despido la ha dejado en bancarrota.

Su despido en 2010 provocó la peor crisis económica que ha sufrido su familia. Una crisis llena de deudas y de embargos, donde los únicos responsables han sido funcionarios del Estado, según explicó.

La cadena de deudas empieza con la mora que ha alcanzado la no cancelación de la cuota mensual de su casa, en la colonia Zacamil, en Mejicanos.

Asegura que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) realiza constantes llamadas telefónicas de amenaza de desalojo, si no paga la cuotas pendientes en los próximos meses.

Su situación está afectando a toda su familia, alcanzando a su madre y hermanos, y las familias de estos.

Iris relata que otro problema económico que ha sufrido es el embargo que realizó el Fondo en una casa donde vive su madre, ya que también entró en mora porque ella sirvió como codeudora.

"Todos entre la familia hemos sido codeudores. Mi madre intentó vender esa casa, situada en Ilopango, para tener dinero y ayudarme, pero ya está embargada. El sacrificio de 25 años está tirado", expresó la profesional.

Su carro también le fue retenido. En la tarjeta de circulación aparece la orden de embargo.

Otro daño ha sido la falta de salud para ella y sus dos hijas. No tiene derecho del seguro que gozaba cuando era empleada de la Asamblea.

Chavarría señaló que sus dos hijas estudiaban en colegios privados; y que ahora asisten a escuelas públicas por la falta de dinero.

"Ha sido un sufrimiento grande. Pero no le estamos pidiendo a nadie dinero, sólo queremos que se cumpla la ley de este país", dijo.

Relató que ha tenido que vender varios electrodomésticos, computadoras y otras pertenencias.

La profesional sostuvo que su hermano también trabajaba en la Asamblea, pero como le sirvió como testigo en el proceso de demanda por acoso sexual, también fue despedido por los mismos jefes, según explicó.

La familia de este pariente también ha sufrido serias dificultades económicas.

"Mi madre sufrió una crisis nerviosa por todo lo que estamos pasando. Esas son las consecuencias que provocaron el denunciar a corruptos que están en las instituciones", razonó.

Persecución y amenazas de muerte

La licenciada en Administración de Empresas detalló que después de que denunció los hechos ha sido víctima de persecución.

Según afirmó, es perseguida por varios vehículos cuando sale de su vivienda hacia otros lugares. "Antes nos perseguían en carros particulares. Anotábamos los números de placas y sus características. Ahora nos preocupa que los vehículos que nos vigilan no tienen placas", relató Chavarría.

Sus teléfonos son intervenidos constantemente.

"Nos sentimos con miedo; ya nos quitaron todos los bienes que teníamos, hoy les pedimos que no nos quiten la vida. Yo fui amenazada de muerte; la Fiscalía no ha tenido interés en investigar", denunció la profesional.

Uno de sus hermanos menores inclusive tuvo que emigrar a Estados Unidos.

La víctima dice que toda su familia ha padecido "un daño moral grave, emocional y sicológico. Sigo siendo víctima no solo de un acosador laboral y sexual, sino una víctima del Estado. A nuestros niños se le están violando los derechos que tienen como niños".

Chavarría asegura que su único afán es buscar la justicia salvadoreña, empero ya tiene más de dos años buscándola y la mayoría de veces lo que ha encontrado son obstáculos por parte de altos funcionarios y de las instituciones que debería velar por que se cumplan las leyes.

Acciones legales con pocos avances

Chavarría Rodríguez detalló que durante la batalla legal que ha tenido que lidiar ha presentado más de 10 acciones legales.

Entre ellas hay tres demandas contra la directiva de la Asamblea por incumplimiento a sentencia de la Sala de lo Civil.

También hay una denuncia contra un diputado por supuestas amenazas de muerte. Dos denuncias por omisión a la investigación contra el exfiscal general Romeo Barahona, basadas en la tipificado en el artículo 322 del Código Penal.

Además ha realizado siete denuncias contra el exembajador y exdirector de Protocolo y Órdenes de Cancillería.

Asimismo, está la implicación directa de dos directivos legislativos -la diputada Lorena Peña y Alberto Armando Romero- en las demandas de los procesos laborales y constitucionales, algunos de ellos ya terminados y ganados a favor de la víctima.

Iris Chavarría señaló que ha agotado todos los medios durante su lucha contra las instituciones del país. Su último intento ha sido una carta de cuatro páginas que va dirigida hacia el presidente Mauricio Funes.

"Retomo sus palabras, Señor Presidente, cuando dijo que un delito contra la mujer es un delito contra la sociedad. Usted mismo ha dicho que se denuncie cualquier tipo de atropello contra la mujer. Que las instituciones están para cumplir su trabajo y garantizar la protección de las víctimas de violencia de género. Le pido ayuda", destacó en una carta que fue recibida en Casa Presidencial la semana anterior.

Una copia de esa misma carta fue enviada a la secretaria de Inclusión Social, primera dama de la República, presidenta del Instituto Salvadoreño de la Mujer y encargada de Ciudad Mujer, Vanda Pignato.

Proceso por difamación en la Sala de lo Penal

Uno de los reveses que Iris Chavarría ha tenido que enfrentar intentando encontrar justicia es el hecho de que fue condenada en febrero pasado por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador por calumnia y difamación, a favor de dos funcionarios de la Asamblea.

El tribunal la condenó a pagar 7,033.80 dólares: $3,000 en concepto de indemnización a su exjefe y el resto a las arcas del Estado.

La profesional apeló el fallo y el caso está en manos de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante la que ha alegado que en ese proceso no le permitieron defenderse con todas las pruebas que había presentado, y que hubo desinterés de sus abogadas públicas en defender el caso, lo que la habría puesto en desventaja.

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