resumen noticias

Advierten de evolución de maras en extorsiones

Empresas están presupuestando cobro de "renta" en costos de operación

David Marroquín sucesos@eldiariodehoy.com Domingo, 17 de Marzo de 2013

A un año de que las pandillas se comprometieran a no agredirse entre sí, a través de un pacto que ha incidido de forma contundente en la reducción de la cifra de homicidios, la extorsión se ha convertido en el problema delictivo que más está afectando a la población salvadoreña.

Las cifras oficiales destacan una disminución de las denuncias por el delito de extorsión, pero en la realidad la "cifra negra" parece haberse disparado, según denunciaron algunos investigadores de la propia Policía Nacional Civil (PNC) y un exdirector de esta misma institución.

Las fuentes advirtieron sobre la evolución que están teniendo las pandillas en el cobro de las extorsiones, es decir, la aplicación de nuevas formas de extorsionar.

Los investigadores policiales consultados por El Diario de Hoy aseguraron que solo el 10 por ciento de las empresas o personas que son víctimas de extorsión deciden denunciar ante las autoridades policiales y fiscales. Mientras que el resto prefiere callar por miedo a represalias por parte de los pandilleros.

A manera de ejemplo, citaron el caso de una empresa instalada en Soyapango, la cual ha destinado la cantidad de 27,000 dólares mensuales para el pago de las extorsiones. Ese dinero ya forma parte de los costos de operación de la empresa.

Cada vez que sus vehículos comerciales entran a las zonas de asedio de pandillas a distribuir sus productos, los mareros les cobran entre 30 y 40 dólares; si no los pagan, los empleados se arriesgan a sufrir ataques armados, a que les roben el dinero de la venta, o a que les roben los productos a distribuir.

Hay muchas otras compañías que actúan de la misma manera, asignan ya como parte del presupuesto el pago de la renta a criminales, porque no quieren exponer a sus empleados a algún atentado o a que les dañen sus vehículos distribuidores de productos cuando ingresan a una comunidad o colonia asediada por pandilleros.

Asesores en seguridad de algunas de las empresas que son extorsionadas explicaron que hay compañías que han presupuestado entre 8,000, 25,000 y hasta 27,000 dólares, cada mes, para el pago de los chantajes.

Lo grave de esta situación es que estas empresas prefieren no denunciar porque no confían en que la justicia castigará a sus chantajistas.

Tampoco confían en el que califican de "frágil sistema penitenciario": porque, a pesar de que los extorsionistas son arrestados y enviados a los penales, estos siguen extorsionando desde las cárceles y para ello cuentan con un grupo de colaboradores que varias ocasiones son sus mismos familiares, quienes se encargan de cobrar los chantajes.

Los investigadores de la Policía revelaron, de forma extraoficial, que se estima que las pandillas realizan en promedio unas 75 llamadas telefónicas diarias con un solo celular a potenciales nuevas víctimas. La mayoría de las llamadas salen de los centros penales.

La cifra anterior no toma en cuenta a las víctimas que ya tienen establecido un monto de pago.

Los pandilleros encarcelados no extorsionan precisamente a las personas ni a los comerciantes que se encuentran en los alrededores de donde son originarios o donde viven sus familiares ni donde ejercen su presión delincuencial, sino que su radio de acción depende de la información que les proporcionan desde fuera sus parientes, integrantes de su pandilla o colaboradores de la misma.

Utilizan a menores de edad para cobrar renta

Los asesores de seguridad de las empresas extorsionadas que platicaron con este periódico explicaron que las pandillas siguen utilizando a menores de entre 10 y 13 años de edad para que sean ellos los que les lleven el mensaje de las pandillas.

Relatan que estos jóvenes llegan hasta las entradas de las compañías o negocios con un celular y le dicen al vigilante que le lleven el teléfono al encargado porque desean hablar con él.

En algunos casos, los custodios han accedido a llevar el teléfono, y el pandillero comienza a negociar el monto de la extorsión que deberán pagar las víctimas. Pero también ha habido casos en los que el vigilante se ha opuesto a llevar el mensaje, y entonces los cabecillas de la pandilla que opera en la zona donde se encuentra instalada la empresa o el negocio envían luego con el menor, una nota mal escrita en una hoja de papel en la que advierten que deben de negociar la cantidad del dinero de la "colaboración" o de lo contrario no responderán por los ataques que puedan sufrir sus empleados cuando lleguen a distribuir sus productos a las zonas de asedio pandilleril.

En las notas señalan el sobrenombre del pandillero con quien deben iniciar las negociaciones.

Justifica extorsiones

El ministro de Justicia y Seguridad, Pública David Munguía Payés, justificó que las pandillas sigan extorsionando.

El funcionario explicó que la extorsión no solo es la única forma de vida de los mareros, sino que también es la única forma que tienen para sostener a sus familias.

Munguía Payés sostiene que el hecho de que nunca hayan logrado un compromiso por parte de los cabecillas de las pandillas Salvatrucha y Dieciocho para que disminuyan o erradiquen las extorsiones es parte de las "imperfecciones" que tiene la tregua firmada entre ambas estructuras criminales.

"Las pandillas ya dijeron que no van a dejar de extorsionar, porque de eso viven, a menos que tengan otra alternativa diferente de conseguir recursos, como el trabajo; y sabemos que aquí en el país hay mucho desempleo y por eso nos está costando", admitió Munguía Payés.

Para combatir este delito, el titular de Justicia y Seguridad Pública señaló que las autoridades están dando prioridad a las investigaciones relacionadas a ese ilícito y para ello han multiplicado la cantidad de policías que han sido especializados para investigarlo.

"El tema de las extorsiones lo estamos combatiendo con pura represión policial, pero requiere de la colaboración de la gente que está siendo extorsionada y es ahí donde estamos teniendo problemas", dijo.

En ese sentido, el exdirector de la Policía Rodrigo Ávila sostiene que la mayoría de las empresas y personas prefieren no denunciar porque no tienen confianza en el proceso legal, porque aunque los extorsionistas están encarcelados, siempre siguen extorsionando desde las prisiones.

Ávila piensa que el fenómeno de las extorsiones se ha convertido la problemática número uno que enfrenta El Salvador y, por lo tanto, combatirla requiere de reformas a la legislación para que la lucha sea más eficiente. Y recomienda que las penas de prisión sean endurecidas, sin importar la cantidad de dinero por la que un imputado es acusado.

Además, cree importante que la extorsiones sean investigadas "de oficio" por la Policía y por la Fiscalía, es decir, que no haya necesidad de esperar a que la víctima ponga la denuncia para que ambas instituciones abran una investigación.

Como parte de las metas del convenio Asocio para el Crecimiento, que impulsa el gobierno de Estados Unidos en el país, la Policía prepara un equipo especializado en investigar las extorsiones que afectan a la micro, pequeña y mediana empresa. La referida unidad policial estará integrada por 150 investigadores.

Ávila advierte del riesgo de que los salvadoreños se acostumbren a vivir con este flagelo sin que las autoridades hagan algo por frenarlo.

"La extorsión esta secuestrando la tranquilidad de los salvadoreños; la extorsión nos ha quitado la libertad. Nadie está libre de poder distribuir sus productos, hacer su venta, poner su negocio, poner su empresa; nadie esta libre de la extorsión", señaló.

Cuestionó el discurso del ministro Munguía Payés sobre que esté aceptando que no se puede hacer nada para erradicar la comisión de los chantajes, mientras estos sigan siendo el sustento de los pandilleros y de sus familias.

Se mostró escéptico con la reinserción de los mareros como grupo y no como individuos. A su juicio, los mareros que desean reinsertarse en la vida productiva de la sociedad deben hacerlo desde su propia voluntad y renunciar a esas organizaciones criminales, las cuales tienen que desaparecer.