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Solo $4 millones para ampliar cárceles en 2013

Sin avance préstamo del BCIE por $71 millones en Casa Presidencial

Jaime López nacional@eldiariodehoy.com Jueves, 27 de Diciembre de 2012

La ampliación de más cárceles en el país para solucionar el problema de hacinamiento es incierta, ya que el Ministerio de Justicia y Seguridad sólo ha dispuesto de cuatro millones de dólares para construir o ampliar las prisiones existentes para el año 2013. La población penitenciaria actual es de casi 27 mil reos.

Esta cifra implica un crecimiento superior al 330 por ciento. Y mientras la Policía y la Fuerza Armada sigan capturando en promedio 150 y 200 personas por diferentes delitos al día, la situación parece no tener fin.

Más si se toma en cuenta que por cada 20 nuevos reos solo salen libres cuatro, según estimaciones de las autoridades.

A estas circunstancias se suman las obras paralizadas. Ampliaciones en los penales de Izalco (Sonsonate), Jucuapa (Usulután), Mariona (San Salvador) y Máxima Seguridad en Zacatecoluca (La Paz) deberán esperar más los fondos que el Gobierno gestiona mediante un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Pero el trámite del empréstito no ha avanzado de noviembre a la fecha, en que fue enviado a Casa Presidencial (Capres) para su análisis técnico y el trámite posterior ante la Asamblea Legislativa.

Esa situación hace que 2012 cierra sin mayores posibilidades de financiamiento de obras para contrarrestar la saturación carcelaria, tomando en cuenta el calvario de otros préstamos en la Asamblea Legislativa como el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud, entre otros.

No se descarta que los mismos tropiezos que se dieron entre las diversas fracciones del órgano legislativo se repitan en la aprobación del préstamo de 71 millones que Justicia y Seguridad Pública gestionará para mejorar el sistema penitenciario nacional y otros rubros de esa cartera.

Únicamente con los fondos asignados en el presupuesto general de la nación para 2013 las mejoras en el sistema serían mínimas. Nelson Rauda, director de Centros Penales, afirmó que con dicha partida se financiarían obras en cárceles de mujeres en Ilopango, sector femenino del penal de Quezaltepeque y reconstrucción de acceso en dos penales más, de los cuales no precisó en cuanto a su nombre y ubicación.

Rauda no descartó que haya un renglón financiero asignado al Penal La Esperanza, en Mariona, aunado al proyecto de las granjas.

Esto implicaría que con el fortalecimiento de las granjas penitenciarias, en ese penal se promoverían más reos a la fase de confianza y semilibertad.

"Al evacuar más internos de Mariona nos daría la oportunidad de trabajar más (en las ampliaciones en ese centro)", manifestó el director de Penales. El problema se presenta en aquellos reclusorios donde ya no hay posibilidad de crecer o realizar nuevas obras de ampliación.

Ejemplo es el penal de Cojutepeque, en Cuscatlán, donde por más dinero disponible que haya no se puede hacer nada. La opción en estos casos sería evacuar a algunos reos a otros reclusorios con mayor espacio, para oxigenar los saturados.

Cuentan con préstamo

El director de Centros Penales confía que a los cuatro millones del presupuesto se sumen los fondos que provendrán del préstamo.

Pero Rauda no se ha percatado de que en la Asamblea Legislativa la aprobación del préstamo depende de las negociaciones entre las dos grandes fracciones (ARENA y FMLN) y que no siempre ocurre de la noche a la mañana.

A esto se suma el engorroso trámite de licitación y adjudicación de proyectos que demandan la aplicación de la Ley Lacap.

En tanto los cuatro millones asignados en el presupuesto del año entrante se comenzarían a ejecutar a partir del primer trimestre, dijo Rauda.

Sin embargo, el problema principal seguirá siendo un dolor de cabeza para el Estado porque mientras Centros Penales no disponga de un presupuesto para nuevas obras y ampliaciones de las ya existentes, la tendencia del hacinamiento será al crecimiento.

Las granjas penitenciarias en Izalco y Metapán, cada una con un centenar de reos, la primera para mujeres y la segunda para hombres, ha sido el horizonte de la solución del problema principal.

Pero la iniciativa ha recibido un revés con el retraso de la tercera granja en Zacatecoluca, que ha tenido que esperar por falta de recursos.

El fenómeno ocurre pese a los resultados de las granjas, donde la reincidencia del delito ha sido de cero porcentaje según Penales.

Granjas no progresan

En Izalco, las autoridades se proponen albergar a unas mil internas y en Metapán a unos tres mil reos. Pero para pasar del centenar de internos a su capacidad real está difícil, se requieren fondos y estos provendrán también del préstamo internacional del BCIE.

Paralelamente a las granjas penitenciarias hay otros proyectos, como el uso de brazaletes electrónicos, dispositivos que llevarían los reos en sus manos y desde un centro de monitoreo serían controlados vía satélite.

El total de pulseras que se adquirirían según las autoridades penales sería para dos mil reos, lo que implicaría un presupuesto de seis millones de dólares.

El costo promedio por interno en esta iniciativa sería de unos tres mil dólares, esto de acuerdo con un contrato de dos años de vigencia.

En la proyección penitenciarias también está contemplado el uso de contenedores acondicionados para dormitorios de reos.

La infraestructura sería instalada en las granjas penitenciarias como una solución paralela a la promoción de más reos a la fase de confianza. Debido a la falta de recursos, las bartolinas policiales también registran hacinamiento, lo que influye en los planes de fuga o el ingreso de ilícitos como teléfonos celulares, chips y droga, entre otros objetos prohibidos.

Como alternativa en los últimos días, las autoridades han iniciado un plan de traslado de las diferentes bartolinas de San Salvador a distintos penales del país.

Unos salen y otros entran

El director Rauda afirmó que los traslados han tenido que ver con los prisioneros que cumplen sus penas y salen libres. Esta población en los últimos meses ha sido entre 250 y 300 reos.

Los cupos que estos han dejado en los penales han sido ocupados por los detenidos en las bartolinas policiales.

Los penales que han recibido a estos nuevos huéspedes han sido Apanteos, en Santa Ana; Quezaltepeque en La Libertad; Mariona en San Salvador; Chalatenango; Izalco en Sonsonate; Jucuapa en Usulután y Gotera en Morazán.

Estos traslados han implicado molestias para familiares, pues se quejan que se deben desplazar al interior del país, lo que ha ocasionado problemas económicos y de tiempo.

Pero a pesar del hacinamiento carcelario, los hechos de violencia se redujeron significativamente en el sistema penitenciario durante 2012, según Rauda.

Los hechos de violencia en las cárceles salvadoreñas marcan un antes y un después en marzo cuando las pandillas anunciaron la tregua.

Antes de marzo el sistema penitenciario registró de nueve a 10 homicidios, pero después ya no hubo muertos, dijo Rauda.

La relativa calma también ha tenido que ver con algunas concesiones que las autoridades han hecho a las pandillas en las cárceles.

Beneficios como televisores plasma con cable, visita íntima por más tiempo del establecido y celebraciones especiales han mermado la efervescencia entre los reclusos.

"De marzo para acá no hemos tenido homicidios en los centros penales ni revueltas ni motines. La situación en general ha estado bien tranquila", subrayó Rauda.