Fiscalía pide destrucción de más de 36 mil armas

Según el Ministerio Público se están perdiendo de almacén en poder de la Fuerza Armada

Fiscalía y expertos en armamento recomiendan a los jueces que ordenen destruir las armas decomisadas por los ilícitos cometidos. Foto EDH / Archivo

La custodia de las armas de fuego decomisadas por cualquier ilícito en el país se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el Ministerio de la Defensa Nacional, pues pese a la estricta vigilancia que mantiene sobre el arsenal, algunas han sido saqueadas.

Lo peor ha sido que altos jefes de la institución castrense se han visto involucrados en estos ilícitos. Recientemente fue capturado el exdirector de Logística, coronel Salvador Alberto González Quezada, acusado de sustraer al menos cinco fusiles.

Junto a él fue detenido el odontólogo David García. La Fiscalía no descarta en los próximos días arrestar a otros oficiales por los mismos ilícitos. El arsenal decomisado al militar consiste en varios fusiles AK-47 en su versión civil.

Ante la vulnerabilidad de los mecanismos de control de los arsenales, la Fiscalía General de la República considera necesario y urgente ordenar la destrucción de las armas cuanto antes.

Según la institución castrense, no está en sus manos tomar esa decisión, pues los pertrechos están a la orden de diversos tribunales y mientras los jueces no den el mandato, nada se puede hacer.

Según el Ministerio de la Defensa, existe un inventario de más de 36 mil armas de fuego de diversos calibres, tipo y marcas, las cuales han sido decomisadas por diversos delitos como homicidio, lesiones, robo, portación ilegal y amenazas, entre otras.

El ministro de la Defensa, Atilio Benítez Parada, afirmó que del año 2000 a la fecha se han destruido más de 42,431 armas y explosivos de todo tipo, por orden de los jueces.

La destrucción del armamento ha sido porque los procesos judiciales en los que han estado implicadas ha terminado.

"Nosotros hemos insistido con los jueces que las liberen para destruirlas, pero no podemos hacer más", reiteró el general.

Hay armas de casos en que los procesos han finalizado y los jueces aún no han ordenado su fundición, dijo.

El ministro Benítez afirmó que la institución gasta recursos humano para custodiarlas y espacio para tenerlas.

El jefe de la unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, Rodolfo Delgado, afirmó que tanto el coronel González Quezada como el odontólogo son procesados de actos arbitrarios, comercio y depósito ilegal de arma de fuego.

También en la lista por capturar hay un teniente, quien se desempeñaba en el departamento Jurídico de la Dirección de Logística del Ejército y que por su condición podría estar relacionado con los ilícitos.

Estos dos militares y el profesional de odontología han sido vinculados a unas 20 armas de fuego encontradas en sus viviendas, cinco de ellas en la casa del coronel González Quezada y las demás en la residencia del odontólogo.

El ministro de la Defensa afirmó que el coronel que está siendo procesado tenía un año de retiro de la institución.

"Hay una investigación, todavía no lo han declarado culpable. Pero nosotros ya hemos redoblado la supervisión y las diferentes medidas de seguridad", afirmó Benítez.

Agregó que se ha cambiado parte del personal en esta dependencia. "El imputado era un oficial que contaba con toda nuestra confianza para ocupar ese puesto, por lo que estaremos pendientes de cómo se resuelve este caso", reiteró el ministro.

Según la acusación contra los militares, las armas decomisadas presentaban irregularidades en sus registros de matrícula.

Más tarde eran comercializadas con terceros como legales. Con estas acciones, según el jefe de la unidad contra el Crimen Organizado, se violaron los mandatos establecidos en convenciones internacionales como la de Palermo y la Convención interamericana, suscritas por El Salvador, como un mecanismo para controlar el tráfico ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con la acusación contra los militares, "las armas eran vendidas a terceras personas, quienes desconocían la ilegalidad", afirmó el fiscal.

El coronel González Quezada, al parecer se valía de su cargo de director de Logística para autorizar matrículas de fusiles y armas de fuego que no poseían registros, remarcó Delgado.

Uno de los fusiles decomisados al coronel tenía una pieza de otro similar, que había sido confiscado a unos secuestradores.

"Detectamos fusiles que habían sido reconstruidos con piezas de diferentes armas, particularmente los AK-47; también los M-16 los habían hecho pasar como AR-15 y en algunos casos habían alterado números de serie", explicó el fiscal. Todo esto va en contra de ley y de las convenciones internacionales que El Salvador ha suscrito en materia de prevención del tráfico ilícito de armas, afirmó Delgado.

El punto es que con estas irregularidades no se puede certificar la procedencia de las armas de fuego, tampoco es posible verificar los delitos en que han estado involucradas en otros países o en El Salvador, subrayó.

Las víctimas del supuesto engaño son variadas y no tenían ningún problemas con la Ley. "Los clientes creían que las armas estaban debidamente legalizadas. Y más con la confianza que quien las estaba vendiendo era el director de Logística de la Fuerza Armada".

En uno de los casos se le decomisó un arma a un cliente que el militar había vendido. Esta persona perdió el dinero que pagó por adquirirla. Contra estos sujetos, la Fiscalía asegura tener testimonios de víctimas como empresarios, funcionarios de gobierno y particulares.

Según la Fiscalía, estos ilícitos supuestamente ocurrieron durante la gestión de González Quezada, del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.

Armas abandonadas

La investigación contra el coronel González Quezada es parte de otro proceso grande, que permitió la incautación de más armas de fuego, abandonadas en Aduanas, las cuales no habían sido remitidas al Ministerio de la Defensa.

"Si esas armas están involucradas en hechos delictivos y si no presentan registros ni se puede determinar cuál es su origen, lo más procedente es que sean destruidas a la mayor brevedad posible", apuntó Delgado.

De esa manera se pueden evitar malos entendidos y manejos como los ocurrido en el departamento de Logística de la Fuerza Armada.

En el caso del exdirector de Logística, la Fiscalía lo vincula en cinco fusiles, tres AR-15 y dos AK-47, además está siendo procesado por haber inscrito a su nombre una pistola nueve milímetros.

De acuerdo con la acusación fiscal, González Quezada mediante declaración jurada dijo que ese artefacto era suyo desde hacía varios años, pero luego de la investigación, las autoridades determinaron que la pistola no tenía marcas del fabricante ni números de series. "Pero él antojadizamente ordenó que se le asignara una serie a dicha arma", afirmó Delgado.

Por su parte, el odontólogo está involucrado en un fusil AR-15.

La posición de González de Quezada era de gran importancia dentro del Ejército, debido al contacto que tiene con las armas bajo su cuido por ser parte de la institución castrense y con los trámites que realizan las personas que buscan matricular conforme a los procedimientos legales establecidos.

Cuando se violan esos procedimientos permite que la vida jurídica legal entren objetos ilícitos que se desconoce su procedencia.

Estos orígenes pueden ser de otros países donde pudieron haber estado involucrado en hechos ilícitos.

La unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía tardó un año en investigar estos ilícitos en la Fuerza Armada y otras armas que estaban abandonadas en las Aduanas del país y de la cual no había ningún registro.

En el caso del coronel González Quezada se descubrieron irregularidades como armas sin marcas y sin fabricante, sin números de registros y en algunos casos su numeración había sido reconstruida.

En cuanto al desglose del decomiso de seis fusiles: cuatro AR-15, dos AK-47 y una pistola 9 mm. La indagación al militar también reveló que supuestamente autorizó el ingreso de tres armas a una persona en su equipaje. Eran tres armas que la persona dijo que compró en los Estados Unidos.

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