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Sala de CSJ abre caso por contaminación

La demanda es contra Baterías Récord, y los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Protección Civil y otros.

Viernes, 19 de Octubre de 2012

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió ayer una demanda de amparo en contra de dos sociedades empresariales y varias autoridades del Gobierno, con relación al caso de contaminación ambiental con plomo generada en la zona de San Juan Opico, La Libertad.

Los magistrados admitieron el recurso por la "presunta vulneración al derecho al medio ambiente, con posible incidencia en los derechos a la salud y a la vida".

La demandante ha señalado que se han vulnerado los derechos a la vida y la salud; asimismo con relación a la infracción del derecho al medio ambiente.

La demanda establece que las autoridades contra las que dirige su reclamo no previnieron la lesión al medio ambiente que generó la construcción realizada en el municipio y, por tanto, no protegieron a la población afectada.

En la resolución, la Sala de lo Constitucional determinó que la demanda se admite contra la sociedad Baterías de El Salvador, S.A. de C.V.; la sociedad Salazar Romero, S.A. de C.V.; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el Concejo de San Juan Opico, el director general de Protección Civil y el Fiscal General de la República por la presunta vulneración del derecho al medio ambiente, a la salud y a la vida.

Además se ordenó al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, que remita al Tribunal la información que posee del caso de contaminación ambiental generada por la fábrica de la empresa Baterías de El Salvador, S.A. de C.V., en el Sitio del Niño, San Juan Opico.

La admisión de la demanda de amparo fue firmada por los magistrados Salomón Padilla, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González.

En el mismo caso de contaminación existe un proceso penal abierto en un tribunal de Santa Tecla contra varios imputados, entre ellos varios empleados.

Todo el proceso tiene más de dos años de estar en los tribunales y aún no ha sido dictada una sentencia, según fuentes judiciales.