Policías no pasan prueba para centro de escuchas

Varios policías y fiscales que han concursado por una plaza para formar parte del Centro de Intervenciones Telefónicas han sido descalificados, lo que ha complicado el proceso de selección del personal, reconoció ayer el fiscal general, Romeo Barahona.

Los candidatos deben pasar varios filtros, como reunir el nivel académico, pasar una prueba de polígrafo, un test psicológico, no tener antecedentes policiales ni penales en su contra, así como no tener denuncia por violación a los derechos humanos.

Los requisitos son aplicados por igual a policías y fiscales; algunos pasan unos filtros y se quedan en otros, por lo que son depurados de las listas, pues deben reunir todas las condiciones establecidas, subrayó el fiscal general.

"Muchos buenos fiscales se han quedado en el proceso", reiteró Barahona, para mostrar el nivel de complejidad de las evaluaciones.

Por ejemplo, la prueba del polígrafo está a cargo del personal de la DEA y del FBI, en la Academia del Cumplimiento de La Ley (ILEA).

Agregó que varios candidatos no han pasado la prueba del polígrafo.

Barahona citó como ejemplo el caso de un policía que se sometió a las evaluaciones para el cargo y ya había pasado los filtros, pero a última hora resultó que presentaba una situación irregular que ni siquiera la Policía conocía.

El director de la Policía, Francisco Salinas, confirmó que de una lista de unos 80 agentes, 42 reúnen las condiciones.

El fiscal general afirmó que el personal ofrecido ya ha sido preverificado por la embajada de Estados Unidos, la Fiscalía y Policía. Pero afirmó que Barahona aun no le ha precisado el personal que escogerá.

El director policial reconoció que los agentes propuestos gozan de alto nivel de probidad, responsabilidad y disciplina.

"Vamos a revisar este listado y determinaremos el número que necesitamos", afirmó el titular de la Fiscalía General.

El funcionario agregó que su misión no es cerrarle las puertas a los policías y fiscales en el centro de escuchas telefónicas, sino cumplir con el memorándum de entendimiento suscrito entre las autoridades salvadoreñas y las estadounidenses.

Barahona aclaró que, de no cumplirse con lo establecido en el memorándum, se corre el riesgo de que Estados Unidos retire los equipos.

Reiteró que el problema en el centro de intervención no son los equipos a utilizar, sino el personal que trabajará en el.

Por su parte, Salinas manifestó: "Nosotros queremos es que este centro empiece a dar resultados, comience a funcionar a la brevedad posible".

A este inconveniente, se suma la falta de presupuesto para las 88 plazas de este centro, que la Fiscalía General ha solicitado en reiteradas ocasiones al Ministerio de Hacienda sin éxito.

Barahona se quejó de la falta de respuesta de la cartera de Hacienda; sin embargo, afirmó que no se ha quedado de brazos cruzados, pues el centro de escuchas ya empezó a funcionar con los pocos recursos disponibles.

El centro de intervenciones de las comunicaciones será un instrumento para perseguir delitos del crimen organizado, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros.