Saturan 26,350 reos el sistema penal del país

Las cárceles salvadoreñas siguen saturadas de reclusos y no hay posibilidades, al menos no en el corto plazo, de contar con nuevos centros penitenciarios o con ampliaciones en las que ya existen, aseguran las autoridades penitenciarias.

Para reanudar los proyectos de ampliación de algunos centros penales se requieren 49 millones de dólares, pero los fondos todavía están siendo negociados bajo la figura de préstamo con el Banco Centroamericana de Integración Económica (BCIE).

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, afirmó recientemente que el Gobierno negocia un préstamo con el BCIE para darle vida a los proyectos de expansión de los presidios.

Los documentos de solicitud al Banco podrían ser presentados entre septiembre y octubre de este año.

El trámite implica que primero sea aprobado el crédito por parte del Banco y luego el documento pase a ser analizado por la Asamblea Legislativa para que los diputados le den el visto bueno y lo aprueben o lo rechacen.

La negociación de los términos bajo los cuales sería firmado el empréstito corre por cuenta de la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República.

Hasta el 1 de agosto recién pasado, en los 19 centros penales permanecían recluidos un total de 26 mil 358 internos. Más de 10 mil de estos son miembros de pandillas.

La abultada cifra ha convertido a las prisiones del país en una verdadera "bomba de tiempo": el hacinamiento es superior al 316 por ciento.

Aunque la situación en los penales no ha desembocado en incidencias mayores como violentos amotinamientos, el temor de que los ánimos de los presos llegue a caldearse de un momento a otro está latente en la cabeza de las autoridades.

La Dirección General de Centros Penales (DGCP) tiene en la mira algunos proyectos de ampliación de cárceles como las de Izalco (Sonsonate), La Esperanza (Mariona, San Salvador) y Zacatecoluca (máxima seguridad, La Paz), entre otras.

Una de las obras que el Gobierno ha proyectado construir con el dinero que provenga del BCIE es la ampliación del sector tres del penal de Izalco.

El proyecto debió estar listo en 2009, pero está estancado desde 2011. La obra ya tenía un avance del 80 por ciento, pero tuvo que ser paralizada por falta de liquidez por parte de la empresa constructora. Pero si todo sucede como lo han planeado las autoridades, en esa cárcel podrían cumplir sus condenas más de 2 mil 300 reos.

Alzas en costos

Los tres años de suspensión de la obra, sin embargo, añaden un problema más: podría haber dañado el avance obtenido en más de un 45 por ciento, dijo Rauda.

Lo anterior significa que al reanudar la obra debe evaluarse la condición en que se encuentran las edificaciones que ya habían sido avanzadas, debido al deterioro que pueden haber sufrido ante las inclemencias del tiempo.

Además del daño que podría haber causado la paralización de la obra, el valor de los trabajos podría aumentar también por el alza en los materiales de construcción.

Las autoridades estiman que los costos podrían elevarse hasta en un 60 por ciento sobre el presupuesto original del proyecto.

A manera de ejemplo, Rauda manifestó que si una obra costaba 100 dólares, en la actualidad podría ascender 10 veces más, es decir, a los mil dólares.

Aunque la empresa constructora con problemas financieros pagó la fianza por incumplimiento de contrato, el dinero entregado no equivale a la inversión que se necesita para terminar ya no solo el 20 por ciento que restaba de la edificación , sino el 60 por ciento de la construcción del penal, afirmó Rauda.

Más aún, la reanudación del proyecto en Izalco no se realizaría inmediatamente después de obtenido el préstamo del BCIE, ya que debe seguirse todo el trámite legal que exige la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP), lo que podría demorar otros seis meses como mínimo.

Obras alternas

Proyectos de readecuación de algunos penales han surgido como alternativas a la ampliación y edificación de nuevos recintos ante el desfinanciamiento del Gobierno central, y de forma específica de la cartera de Justicia y Seguridad, para impulsar las obras necesarias.

En Izalco, por ejemplo, han sido construidos calabozos en un sector donde funcionaba un comedor.

Dichas ampliaciones significarían unos 300 nuevos espacios para igual número de reos, no obstante, sigue pendiente la compra de materiales para edificar otras obras alternas en ese penal.

Estas obras que todavía están en desarrollo han podido ser financiadas con la implementación de algunas medidas estrictas como obtener recursos de economías salariales. En otras palabras, recortes de personal y de prestaciones adicionales a la ley que eran otorgadas a los empleados. También se han recaudado recursos de los ingresos de las tiendas penitenciarias (trabajos que realizan los reos).

"El Estado tiene una situación financieramente compleja en esta época y de la cual no escapa Centros Penales", reconoció el director de esa entidad, Nelson Rauda.

Los planes

Justicia y Seguridad Pública también está analizando otras posibilidades, a partir del dinero que podría desembolsar el BCIE.

Una de esas posibilidades es el uso de tecnología de punta. Esto se refiere a la dotación de pulseras o brazaletes electrónicos a los reos, con fines de localización.

El sistema consiste en un dispositivo que consta de un chip que permitiría rastrear los brazaletes desde un sistema de monitoreo.

El mecanismo serviría para controlar a unos 2,000 reos de baja peligrosidad que se encuentran en fase de confianza o semilibertad.

El presupuesto que se necesita para las pulseras es de $6 millones, para un plazo de dos años. El costo por interno es de 3 mil dólares (125 dólares por mes).

Aunado a lo anterior, Centros Penales busca ampliar las dos granjas ya habilitadas en Izalco y Metapán (Santa Ana).

La primera (Izalco) alberga a unas 100 mujeres, aunque su capacidad total es de más de mil internas, en algunos casos para madres con hijos pequeños. El problema de que cantidad de mujeres no haya aumentado en el último semestre (desde que fue habilitada) es porque se necesita readecuar parte de las instalaciones.

En Santa Ana, las autoridades inauguraron la granja para hombres con 100 reos en fase de confianza y semilibertad de los penales de Apanteos (Santa Ana), Mariona y Metapán. Y aunque la capacidad de esta granja es de más de 2 mil internos, no puede ser utilizada al máximo porque no cuenta con las condiciones necesarias para su pleno funcionamiento.

El Estado espera la donación de gobiernos amigos para poder culminar algunas de las obras. Una de ellas es la que ha ofrecido el gobierno de la República de China (Taiwán); el monto asciende a 2.5 millones de dólares.