El calvario después de que muere un familiar en accidente vial

Las muertes por accidentes de tránsito provocan serios problemas emocionales, financieros y legales a las familias dolientes. La peor parte de este calvario es que nunca se está preparado para enfrentar el duro momento y menos cuando la víctima es una persona económicamente activa, como el caso de Amanda Elisa Santamaría de Porras, quien murió atropellada en la 49a. Avenida Norte de la Colonia Zacamil, Mejicanos, hace dos meses.

El percance vial que acabó con la vida de Santamaría de Porras, a sus 52 años, se registró a las 7:45 de la mañana del 5 de junio, cuando se dirigía a su trabajo en el hospital de maternidad del Seguro Social, 1º de Mayo.

Amanda Elisa logró cruzarse la 49a. Avenida Norte para tomar el autobús de la Ruta 9, que subía pasajeros a varios metros antes de la parada correspondiente. Pero en un hecho confuso, la pasajera se cayó de la unidad del transporte colectivo y fue arrollada por otro microbús que también circulaba en el sector. Murió en minutos, afirmó su esposo, Carlos Napoleón Porras.

Al parecer, todo sucedió en medio de las carreras de los conductores por cazar a la mayoría de usuarios en las calles.

Aún con vida, Amanda fue llevada al hospital de la Zacamil, pero murió en el camino. Santamaría de Porras, madre de tres hijos, era el principal sostén de la familia, ya que su esposo está desempleado desde hace tres años.

El conductor infractor, quien luego del percance escapó, tenía 75 esquelas en su contra y una deuda de más de 2,700 dólares en multas.

Diez días después del hecho, el motorista y su abogado acudieron a una audiencia en un tribunal capitalino, donde se comprometió a pagar mil dólares en cuotas de 250 mensuales a la familia doliente. El dinero aún no ha sido honrado a favor de los Porras Santamaría.

El proceso judicial

El esposo de la víctima no denunció el percance, pero la Fiscalía inició de oficio la investigación para procesar al implicado.

"Varios días después me llamó la Policía como testigo para que rindiera mi declaración a un investigador. Nosotros no habíamos denunciado porque estábamos más consternados por la pérdida de mi esposa", afirmó Porras.

Luego de vivir aquella triste pesadilla, la familia inició el calvario de las diligencias de todo tipo.

"Esto es tan difícil que no se lo deseo a nadie (...) La muerte de las personas es tan mecanizada que los buseros en los procesos conciliatorios acuden como si acudieran a una subasta a ponerle precio a la vida de una persona", exclamó el cónyuge.

En esas audiencias, "todo es dinero: los infractores dicen: 'Yo doy mil dólares y los voy a pagar de esta manera'", lamenta el doliente.

Carlos Napoleón destacó que de lo que menos o nada se habla es del dolor que ha causado aquel accidente. Tampoco se profundiza en cómo ocurrió el hecho, si fue por negligencia por alguna otra razón.

La preocupación de la dueña era poner a trabajar rápido de nuevo su bus, no el dolor que estaban padeciendo los parientes. La idea era que el juez, luego del acuerdo conciliatorio, autorizara el funcionamiento de la unidad.

"La dueña dijo: 'Yo le doy mil dólares y el motorista que le dé otros mil. Se los vamos a descontar en cuotas de 250 por mes'", afirmó el doliente.

A juicio de Porras, esto es una falta de respeto al dolor de la familia; distinto sería si consciente del agravio ofrecieran alguna ayuda para cubrir algunos gastos funerarios en lugar de ponerle precio a la vida de un ser querido.

Cuentas pendientes, sin empleo y sin "el bono"

La situación de Porras todavía es más compleja: por su desempleo, quien sostenía a la familia y pagaba las cuotas del crédito de la vivienda era su esposa.

Porras laboraba en la oficina de Informática de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda), pero fue despedido luego de que el presidente Mauricio Funes asumió el Gobierno.

La razón de su destitución no fue por falta de capacidad u otro motivo grave, sino porque lo consideraron del partido opositor, asegura él. Agregó inclusive que, al contrario de lo que piensan, Porras otorgó su voto al FMLN en las últimas elecciones presidenciales. "Pero así de ingrata es la vida, que mal paga al que bien le sirve", reflexionó.

En vista de la injusticia y de la confusión, acudió al presidente Funes para denunciar esta violación, quien luego de tener conocimiento, ordenó en una nota a Marco Fortín Magaña, presidente de Anda, para que escuchara al exempleado y que en la medida de lo posible lo reinstalara en su cargo. Sin embargo, desde el 17 de febrero de 2010 que el mandatario extendió la carta, Fortín no ha cumplido con la orden de recibirlo en audiencia y analizar su situación.

En el caso de su pareja, ella tenía 21 años de laborar en el Seguro Social y su muerte ocurrió 20 días antes de que la autónoma entregara un bono anual de 600 dólares que da a los trabajadores.

Aunque acudió a la oficina que paga este beneficio, para solicitarlo en nombre de su esposa, una empleada del Instituto le contestó fríamente "que no tenía derecho al bono porque no había laborado hasta el 30 de junio", como si su señora hubiese decidido que el busero la matara antes de cumplir el año, para que el ISSS le negara el bono, se cuestionó Porras.

Tramitología engorrosa

Como consecuencia de la muerte de Amanda Elisa, Porras debe ingeniárselas para pagar la cuota de su casa.

A raíz de su desempleo y tras el atraso en el pago de las cuotas de su casa, antes del percance de su esposa fue replanteada la deuda en el banco. El problema es que se gestionó que ya no estuviera a su nombre, sino a cargo de su esposa, por ser ella quien trabajaba y obtenía un ingreso mensual.

Tras la muerte de su señora, el seguro de la casa debía asumir la deuda del banco y luego seguir el trámite para heredarla él, sus hijos y a quienes la difunta haya dejado como beneficiarios. Pero, para su sorpresa, ahora que su esposa está muerta, la deuda sigue a nombre de él y el seguro de vivienda no se puede hacer efectivo.

Lo anterior le complica aún más la existencia, por no tener un trabajo que le permita estar al día con las cuotas.

Otro tropiezo es la gestión del seguro de vida, pues para ello debe reunir una serie de requisitos.

"De todo le piden documentos originales a uno, como partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, partidas de nacimiento de sus hijos y demás beneficiarios que haya dejado", afirmó.

Cada documento tiene un valor de entre tres y cinco dólares; y como su esposa era oriunda de Santa Ana, ha tenido que viajar varias veces y aumentar los gastos.

Más aún: el libro donde estaba asentado el nacimiento de la víctima fue destruido en la alcaldía municipal de Santa Ana, por lo que ha debido acudir al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) para gestionar la certificación de una fotocopia de la partida de nacimiento de la difunta.

Con ese documento ha regresado a Santa Ana para asentarla en el libro correspondiente.

Para realizar otros trámites también le han exigido el DUI Y NIT originales y recientes de su esposa. Quienes no poseen estos documentos, se ven obligados a pagar los honorarios de un abogado para obtenerlos.