Definen pruebas por difamación en caso STISSS

El director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores, y la secretaria general del Sindicato de Trabajadores (STISSS), Armida Franco, fueron convocados ayer por el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador para que, en audiencia especial, aporten las pruebas que tienen en cuanto al proceso de difamación que la última tramita contra el primero.

Por segunda vez, Flores no se presentó a la cita judicial, pero sí los abogados que lo representan, dijo el abogado del STISS, Luis Mario Pérez.

En una entrevista televisiva difundida el 29 de marzo de 2012, el director del ISSS afirmó estar interesado en solicitar una auditoría a las finanzas del STISSS.

La decisión del funcionario surgió ante una supuesta serie de irregularidades observadas dentro del sindicato y la posibilidad de una presunta malversación de fondos por parte de la secretaria general.

De acuerdo con lo expuesto por Flores, la vivienda de Franco era pagada con fondos del sindicato y es por esa razón que el STISSS se encontraba en bancarrota.

Como prueba de lo dicho habría un contrato firmado por la líder sindical que data del año 2010; sin embargo, la afectada ha demostrado con documentos que no necesita alquilar casa para vivir, porque desde 1979 cuenta con casa propia.

"Quiero dejar claro que todo lo expresado a lo largo de la entrevista en cuanto a la transparencia o falta de transparencia del STISSS es tan solo una réplica de los documentos de denuncia recibidos, es decir, que no estoy haciendo una valoración personal. No he acusado ni difamado a nadie", dijo Flores en declaraciones pasadas.

En respuesta a lo expresado por Flores, Pérez presentó, el pasado 9 de mayo, una demanda en contra del funcionario por el delito de difamación en perjuicio de Franco.

El abogado del organismo sindical manifestó que han solicitado al tribunal ordenar la realización de una experticia grafotécnica (verificación de autenticidad de rúbricas) a la firma que aparece en el contrato de arrendamiento que supuestamente firmó Franco para alquilar la residencia.

El abogado defensor aseguró que hay una serie de cuestionamientos contra el director, pero que mientras no tengan las pruebas pertinentes no las puede hacer públicas para evitar caer en difamación.

La defensa de Franco también ha solicitado un examen siquiátrico para el director, para evaluar su personalidad. Las partes esperan que sea programada la fecha en la que se realizaría el juicio.