Veintena de familias fueron desalojadas

En medio de golpes, gases lacrimógenos y empujones, la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) desalojó ayer a 21 familias que se habían asentado de manera ilegal en la hacienda San Ramón, caserío Los Ranchos, cantón La Leona, en el municipio de Intipucá, La Unión.

Este es el primer capítulo de desalojos que se registra en la zona, la cual ha estado en conflicto desde hace casi 12 años.

A lo largo de todo ese tiempo, los habitantes habían logrado frustrar muchas actividades como la de ayer.

Las autoridades no descartaron que en las próximas semanas más familias sean desalojadas de la hacienda, propiedad de una cooperativa dedicada a cultivar marañones.

Los usurpadores no esperaban a las autoridades con las manos vacías. Desde temprano, sitiaron el lugar, tomaron posiciones para resistir, y se armaron con palos, machetes y piedras. Mujeres, niños y ancianos formaron un débil frente para no permitir que les quitaran terrenos que consideraban como propios.

El desalojo fue ordenado por la jueza de Paz de Intipucá, Ingrid Berríos, quien llegó con una escolta policial.

Los desalojos estaban programados para horas de la mañana, pero fue al mediodía que la Policía hizo el llamado a los lugareños a abandonar pacíficamente las tierras, porque no pudieron comprobarlo en los tribunales que les pertenecían.

Como los habitantes hicieron caso omiso de los llamados, los agentes de la UMO rompieron los cercos de alambre y sacaron a quienes se resistían.

José Cañas, uno de los desalojados, cargaba a un recién nacido en brazos y con su otra mano lleva a su hija, de un año, dijo que la acción era injusta: "No tienen humanidad, estamos en pleno invierno y en temporal y aún así nos han mandado a desalojar", vociferó.

La jueza dijo que son unas 98 familias las usurpadoras, pero que la orden de desalojo en esta ocasión era solo para 21, "porque el resto de procesos están pendientes de resolverse; a estas familias se les dio el periodo de un mes para que pudieran salirse del lugar, de forma voluntaria, sin utilizar la seguridad pública".

El resto de familias serán desalojadas en el término de un mes y medio dijo la jueza, que arremetió contra los asesores de los desalojados.

"Le hago un llamado a instituciones como Fespad y Procuraduría General de la República, que están asesorando a las personas con situaciones que no son (correctas); yo no sé de donde han inventado que hay documentación y nunca la han presentado en este juzgado; y el llamado es a que hagamos responsables a las personas", agregó Berríos.