Centro de Intervención enfrenta al Ejecutivo con Ministerio Público

La queja del Fiscal General, Romeo Barahona, ante los diputados de la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, de que el Ministerio de Hacienda no le quiere dar el dinero para la contratación del personal técnico y fiscal del Centro de Intervención de las Telecomunicaciones, no le cayó en gracia al presidente de la República, Mauricio Funes, quien le sugirió el viernes pasado que usara el dinero de los narcobarriles para comenzar a contratar al personal del Centro.

"Yo le propongo al fiscal una cosa, que utilice los 14 millones o parte de los 14 millones de dólares de los barriles en contratar personal y que lo contrate por un año y después incluimos en el presupuesto del próximo ejercicio fiscal la partida para que él pueda tener esos fiscales de modo permanente", dijo Funes durante el discurso que al inaugurar las granjas agrícolas penales en Metapán.

Un día antes, Funes dijo a la prensa en forma de reclamo que si el centro de intervención estuviese a cargo del ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, ya estuviera funcionando.

El fiscal Barahona por medio de la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía respondió que la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas establece cuál es el destino que se le deben de dar a los bienes e inmuebles producto del narcotráfico que sean confiscados por las autoridades fiscales o policiales.

Indicó que el dinero de los narcobarriles sólo puede ser usado para inversión, pero nunca para salarios de los empleados.

Destacó que el artículo 68 de la referida ley establece la creación de un patrimonio especial al que se le asignarán los recursos provenientes de la liquidación de los bienes decomisados de ilegítima procedencia.

Señala además que los fondos serán destinados a reforzar el financiamiento de las instituciones del Estado que se encargan de combatir el narcotráfico en el país.

También servirán para fortalecer el programa de programa de protección de víctimas y testigos; otorgar recompensas a personas que hayan contribuido al esclarecimiento de casos de narcotráfico, para programas de atención a personas drogadictas y para programas de prevención de la drogadicción.

El lunes pasado, el Fiscal General aseguró en la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa que el centro de intervención está funcionando de forma irregular porque el Ministerio de Hacienda no les ha erogado el dinero suficiente para el pago de los salarios del personal que estará en el mismo.

Barahona les dijo a los diputados que Hacienda les había entregado $420 mil 620 que sirvió para el pago de salarios de los empleados del centro desde octubre hasta diciembre del año pasado.

Agregó que el centro de intervención requiere de un presupuesto de $1.7 millones para pagarles a los 88 empleados que pretende contratar para que funcione al 100 %.

El artículo 29 de la Ley de Intervención de las Telecomunicaciones señala que el centro tendrá su propio presupuesto de funcionamiento que será otorgado por el Ministerio de Hacienda.

En una carta enviada el 4 de enero por el fiscal Barahona al ministro de Hacienda Carlos Cáceres, le recuerda que le había solicitado un monto de un millón 740 mil 895 para los sueldos, aguinaldos, y prestaciones de 88 plazas de los empleados.

En la misma misiva, Barahona le señala a Cáceres que los recursos del presupuesto de la Fiscalía no pueden ser utilizados para el centro de intervención por tratarse de "un presupuesto de funcionamiento, y como es de su conocimiento, enfrenta déficit para pagar la contratación de los bienes y servicios a partir del segundo semestre de 2012".

En la carta le advierte a Cáceres del riesgo que se corre en que la Fiscalía General no pueda cumplir con el mandato constitucional de perseguir e investigar el delito.

"Como garantes de la legalidad, es prioridad de esta administración, dar cumplimiento a los compromisos laborales de manera apremiante, de lo contrario se advierte un efecto negativo en el propósito de defender a las víctimas y al Estado, en adicción a las posibles detracciones político y social que se pueden ocasionar", señala Barahona en la carta.

Como respuesta a la solicitud del fiscal Barahona, el ministro Cáceres le respondió en otra nota que lamentaba no poder acceder a los fondos solicitados, ya que en esa oportunidad no disponían de asignaciones presupuestarias para otorgar refuerzos de fondos.

Agregó que le recomendaba realizar los esfuerzos necesarios para financiar temporalmente el costo de las 22 plazas que están ocupadas con sus propias asignaciones presupuestarias.

El ministro Cáceres dice que esa cartera de Estado está dispuesta a realizar los movimientos presupuestarios que sean necesarios, y en esto incluye el uso de las economías salariales que se vayan generando, las cuales en enero alcanzaron un monto de $41 mil 746. Se comprometió además buscar alternativas de financiamiento para superar el déficit real que en su oportunidad se determine.