Sigue demora para construir cárceles y otros proyectos

Mientras que en las 19 cárceles del país hay un hacinamiento de reclusos del 316 por ciento, el Gobierno depende de un préstamo de unos 49 millones de dólares, solicitados al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para dar respuesta a la problemática.

El director de Centros Penales, Nelson Rauda, aseguró que, si el BCIE desembolsa el dinero, este será invertido en la construcción de la siguiente fase de la granja penitenciaria para hombres, inaugurada ayer en Metapán, Santa Ana; y en la de mujeres, que está habilitada desde febrero en Izalco, Sonsonate.

Además, se echaría a andar un proyecto que consiste en colocar brazaletes electrónicos a los reclusos de baja peligrosidad, quienes podrían salir de los presidios bajo ciertas condiciones y estarían siendo monitoreados vía satélite desde una central.

Otro porcentaje del préstamo, según Rauda, serviría para continuar la tercera etapa del penal de Izalco, que tendría capacidad para recibir a 2,300 internos. Dicha obra, que iba a tener un costo de 6 millones de dólares, debió concluirse en 2009, pero por falta de presupuesto permanece estancada desde 2011.

En febrero pasado, el Ministerio de Justicia y Seguridad reconoció que la institución no cuenta ni con el presupuesto para retomar el proyecto ni mucho menos con la constructora adjudicada.

El director de Centros Penales aclaró que, con el deterioro de la obra en abandono, más el cambio de costos, el monto total de la construcción podría elevarse en un 60 por ciento.

La situación se complica si se considera que, para reanudar los trabajos, el Gobierno, además de gestionar los fondos, deberá iniciar de nuevo el proceso de licitación que demanda la LACAP y que podría llevarse varios meses.

Aunque el Gabinete de Seguridad sostiene que estas alternativas permitirían descongestionar las cárceles (que actualmente albergan a más 25, 700 personas), la concretización de estos proyectos no se haría a corto plazo.

"Depende de la fecha de la aprobación (del préstamo) del banco. Si, digamos, lo aprueban a finales de este año, al principio del otro podríamos estar iniciando todo esto", señaló Rauda.

Mientras se espera una respuesta del BCIE, se corre el riesgo de que ocurran más fugas masivas de internos, como pasó a inicios del mes en las bartolinas de la Policía de San Francisco Gotera.

En esa ocasión, siete sujetos se escaparon mientras se celebraba un supuesto culto religioso sin que los agentes se percataran del hecho hasta varias horas después.

"Estaban en bartolinas porque no los reciben en los penales. Tenían más de un mes de estar a la orden de los jueces, pero seguían acá por cuestiones de hacinamiento", dijo esa vez un oficial, quien argumentó que no pretendía excusar la fuga, pero sí aclarar que la Policía no debía tener a esos reos bajo su cargo.

Inauguran granja entre queja de reos

El presidente de la República, Mauricio Funes, acompañado por miembros del Gabinete de Seguridad, inauguró ayer, con tres meses de retraso, la primera etapa de la segunda granja penitenciaria del país, la cual está situada en Metapán, Santa Ana.

El lugar alberga ya a 100 reclusos en fase de confianza y semilibertad que provienen de los penales de Mariona, Apanteos y Metapán. Los internos realizarán en el lugar labores agrícolas, confección de ropa e implementos deportivos y otras actividades que les ayuden a reinsertarse a la vida productiva.

Para ejecutar el proyecto, según el ministerio de Justicia, se invirtieron 148 mil dólares y el Gobierno de la República de China (Taiwán) donará 2.5 millones de dólares, según anotó el embajador de ese país en El Salvador, Jaime Chen.

El donativo del país asiático, de acuerdo con el funcionario, servirá para ejecutar labores de ampliación y readecuación de la infraestructura de la granja penitenciaria.

" Taiwán pretende ayudar a crear un sistema penitenciario moderno, seguro para enfrentar la preocupante situación de violencia y delincuencia que ha impactado tanto a la sociedad salvadoreña como a la comunidad internacional", aseguró Chen.

Por su parte, el presidente Funes sostuvo que, con la habilitación de esta nueva granja, "vamos en camino a mejorar el sistema penitenciario y la política de rehabilitación del país".

Durante la actividad, algunos reos se quejaron de las "pésimas" condiciones en las que supuestamente están en el inmueble y dijeron que fueron llevados al recinto sin saber qué tareas específicas debían cumplir.

Otros dijeron que las raciones de comida son pequeñas, comparadas con las que recibían en las cárceles de donde procedían. Agregaron que el agua que beben no es potable, sino que la reciben de un pozo contaminado.

El director Rauda, por su parte, negó los señalamientos: "Uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno. Estar acá siempre va a ser mejor que estar en un centro penal. Cada uno de ha sido notificado del tipo de trabajo que va hacer. Jamás haríamos algo que vaya en contra de los derechos o la dignidad de ellos", afirmó el funcionario.