Golpe a práctica de obligar a firmar pagarés en blanco

La justicia salvadoreña asestó un golpe esta semana a la vieja práctica de prestamistas de obligar a sus deudores a firmar pagarés o letras de cambio en blanco.

Al menos tres implicados en varios fraudes de este tipo fueron puestos tras las rejas. Sin embargo, quedó al descubierto cómo, pese a que la ley lo prohíbe, todavía hay individuos que se aprovechan de esta manera de la necesidad de la gente, como le ocurrió a 17 empleados públicos.

La Fiscalía detalló que, después de que estas personas le pagaran sus deudas al prestamista Johnni B., uno de los imputados, este se fue a los juzgados de Paz de Ciudad Delgado y Apopa a demandarlos por incumplimiento de deuda, y logró que los tribunales embargaran los salarios a las víctimas.

A cada uno de los ofendidos, entre los que figuran deudores y fiadores, les pusieron dos demandas en juzgados diferentes y por distintas cantidades de dinero. Para ello, según el Ministerio Público, el acusado utilizó las letras de cambio y los pagarés firmados en blanco.

"Ellos firmaban sin haber llenado los documentos de títulos valores", explicó una fiscal del caso.

Lo que pasó es que el prestamista calzó altas cantidades de dinero, en las letras de cambio y en los pagarés, que nunca recibieron los ofendidos, y con esos documentos inició de forma ilegítima las demandas.

A manera de ejemplo, a uno de los ofendidos le prestó 1,000 dólares, pero lo demandó por 30,000 dólares.

Los tribunales, sin saber que se trataba de una maniobra del prestamista, decretaron embargos a los ofendidos y así les comenzaron a descontar de sus sueldos.

"Los tribunales que ordenaron los embargos no tenían conocimiento de las estafas, sino hasta que se les solicitó las certificaciones de los expedientes de cada uno de los denunciantes", dijo uno de los fiscales del caso.

Los embargos oscilan entre 2,000 y 30,000 dólares y, en la mayoría de los casos, a los afectados todavía se les sigue descontando de sus salarios.

"Los embargos no están en suspenso, porque hasta que un tribunal mande una orden de suspenso de los embargos y que haya una resolución tácita se podría determinar", dijo la fiscal.

La Fiscalía estima que estas tres personas han estafado a las 17 víctimas con una cifra superior a los 50 mil dólares. Los afectados son empleados del Centro Nacional de Registro, del Instituto Salvadoreño de Seguro Social y del Ministerio de Educación.

"Alguna de la gente confiaba en que estaba pagando y él les llevaba en un libro lo que iba abonando, pero después esta persona esperaba que pasaran unos seis meses o un año para armar las denuncias", dijo la fiscal.

Los referidos descuentos iniciaron en varios casos desde el año 2006 y aún continúan, según las constancias de retención que se encuentran en los expedientes.

Asimismo hay varios ofendidos a quienes el imputado les inició dos juicios mercantiles distintos y en ambos se les ha decretado embargo ilegítimamente, pues el imputado ha llenado los títulos valores firmados en blanco por las víctimas con importantes cantidades de dinero que las víctimas nunca recibieron.

"Era un doble descuento, porque la letra de cambio la habían ejecutado en un juzgado de Ciudad Delgado y el pagaré en uno de Apopa; había una doble acción que reclamaban contra las víctimas", dijo uno de los fiscales.

Los denunciantes, sorprendidos por los descuentos, a pesar de que ellos ya habían cancelado los préstamos, decidieron individualmente denunciar al prestamista en la Fiscalía, desde el 8 de junio de 2009 hasta el 21 de mayo de 2012.

La Fiscalía en su acusación presentada al Juzgado 15° de Paz de San Salvador señala que Iris M., esposa de Johnni, y Roger G. también colaboraron con el prestamista para ejecutar los fraudes.

A la mujer la observaron los ofendidos en reiteradas ocasiones en el Juzgado de lo Civil de Apopa cuando llegaba a tramitar la mayoría de los juicios mercantiles en contra de los denunciantes. También la señalan como la persona que llegaba a las pagadurías de las diferentes instituciones estatales a presentar los oficios judiciales donde se ordenaron los descuentos de los salarios de los denunciantes. En ocasiones, ella se ha encargado de retirar el dinero de las retenciones hechas a las víctimas.

Roger G. se ha hecho pasar como el abogado de los esposos y se habría encargado de llamar por teléfono a las víctimas para amenazarlas con las demandas de embargo.

Acusados concilian

El miércoles pasado, el Juzgado 15° de Paz realizó la audiencia inicial en contra de las tres personas. Durante la diligencia, los imputados acordaron conciliar con las 17 víctimas y regresarles el dinero de los embargos que promovió de forma ilegal, según la Fiscalía General.

En la misma audiencia, los fiscales revelaron que los tres acusados tienen cinco cuentas bancarias en dos distintos bancos. Tres de las cuentas ascienden a unos $60 mil y las otras dos suman al menos $20 mil, según fuentes fiscales. Mientras los imputados les cancelan el dinero estafado a las víctimas permanecerán detenidos.

Ramiro Z. es uno de los afectados y lo menos que pudo externar fue su alegría por que le van a devolver el dinero que le descontaron por varios años y, además, porque ya no seguirá pagando una deuda que no debía. "Con el esfuerzo de todos se ha logrado de que este señor nos haga las devoluciones. La verdad es un robo el que nos ha hecho", dijo.

Gloria G., otra afectada, dijo: "Me siento alegre de que Dios ha hecho la obra de que él nos devuelva lo que nos ha quitado".