Falta de pagos preocupa a los proveedores del gobierno

Los empresarios aseguran que las instituciones gubernamentales no les dan fecha para cancelarles

En algunos edificios y casas en las que opera la PNC no ha sido cancelada la renta por la ausencia de fondos. Foto EDH / archivo

Un grupo de empresas que le provee bienes y servicios a las instituciones del Gobierno expresaron su preocupación por el retraso de sus pagos que van desde los cuatro hasta los seis meses y lo que es peor es que hasta el momento desconocen hasta cuándo les cancelaran esas deudas.

Entre las denunciantes hay empresas distribuidoras de medicamentos, de distintos tipos de insumos, constructoras, y hasta arrendadoras de edificios donde se encuentran algunas oficinas de la Policía y la Fiscalía General, entre otras.

Lo que más les preocupa a los afectados es que según ellos, varias empresas podrían quebrar por la falta de capital de inversión y además porque no podrán cancelar los compromisos adquiridos con las agencias bancarias.

Aunque no especificaron la cantidad de dinero que les adeudan en su totalidad sólo se limitaron a decir que las deudas ascienden entre varios cientos de miles de dólares y hasta cifras millonarias.

Y lo que es peor es que ese capital invertido para suplir las necesidades de las instituciones del gobierno son créditos bancarios que tienen que estar al día con sus pagos o caso contrario les cobran altos intereses por mora.

A eso se le suma que los proveedores tienen que cancelar las deudas que poseen con las empresas locales e internacionales que les suministran de los productos o artículos para que ellos puedan abastecer de los mismos a las entidades del gobierno.

Lo contradictorio, según los denunciantes, es que en los contratos firmados para la prestación de los servicios o el suministro de insumos como medicamentos se contemplan las multas a aplicar por parte de las instituciones gubernamentales si las empresas contratistas no cumplen con las fechas estipuladas para la entrega del servicio o los bienes.

Sin embargo, no contemplan que las entidades contratantes paguen intereses a los proveedores por el atraso en el pago de sus deudas.

Señalan que la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) establece hasta un máximo de 60 días para que el Estado pueda amortizar sus deudas económicas.

"Lo ideal sería que nos pagaran intereses por cada mes atrasado en el pago de los créditos que les damos al gobierno, pero no es así. Entonces nosotros estamos en desventaja porque ellos nos exigen que seamos cumplidos con las fechas de entrega del servicio, porque de lo contrario nos multan; pero ellos pueden tardarse lo que quieran para pagarnos lo que nos deben", afirmó uno de los proveedores afectados.

Ante la falta de seriedad del gobierno, de acuerdo a los denunciantes, por pagar sus deudas en el tiempo estipulado por la Ley, muchas empresas mejor han decidido ya no presentarse a las licitaciones públicas porque además las agencias bancarias no reciben como garantía los quedan otorgados por el gobierno para acceder a un nuevo crédito.

Uno de los afectados aseguró que muchos de los pequeños empresarios que confeccionaron los uniformes escolares han quebrado porque el gobierno hasta esta fecha no les ha pagado sus deudas del año anterior.

"No se define una solución a corto plazo sino que se está viendo una solución a largo plazo", argumentó otro de los afectados.

Ante esta incertidumbre que reina entre los proveedores del gobierno por la falta de pago, los afectados piden su respaldo a las gremiales empresariales como ANEP para presionar al gobierno a que cumplan con los compromisos con esas empresas. Además emplazan al ministro de Hacienda Carlos Cáceres para que les explique la falta de los fondos que sirven para la adquisición de bienes y servicios y que según ellos, es un dinero que se debe de tener en reserva para que el Estado pueda cumplir con este tipo de compromisos.

"Ya vamos para medio año y prácticamente no se ha logrado resultados ni se les ve interés a las instituciones del gobierno de llegar a un acuerdo o que nos digan cuándo nos van a pagar, pero la verdad es que no se le haya la forma de que nos vayan a pagar", dijo un denunciante que suministra artículos de construcción a una entidad estatal.

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