Sala Constitucional emplaza asamblea por la elección de magistrados de CCR

Magistrados constitucionalistas le dan 24 horas a la Asamblea para que emita un informe

El presidente de la Asamblea, Sigfrido Reyes, juramenta a los abogados Javier Bernal, Gregorio Sánchez Trejo y Rony Huezo como los nuevos funcionarios a cargo de la contraloría estatal. foto edh / jorge reyes

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emplazó ayer a la Asamblea Legislativa para que explique en qué condiciones eligió a tres abogados como magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR).

La Sala "resuelve: 1. Rinda informe la Asamblea Legislativa, dentro de las próximas veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación de esta resolución, mediante el cual haga saber a esta Sala en qué forma ha dado cumplimiento a la Constitución en la elección del presidente y los magistrados de la CCR, atendiendo a los parámetros delimitados por este tribunal en la sentencia de 23-I-2013 y en la resolución de seguimiento de 21-III-2013".

Fuentes de la Sala confirmaron que la Asamblea fue notificada a las 3:00 de la tarde de ayer. A la misma hora de hoy se vence el plazo.

El máximo tribunal demanda el informe legislativo a pocas horas de que los diputados eligieron por tercera vez a Gregorio Sánchez Trejo y Javier Bernal como presidente y magistrado respectivamente de la contraloría estatal y a Rony Huezo como tercer magistrado de la misma.

La Asamblea tiene 24 horas para rendir el informe que le exige el Tribunal Constitucional, "con el propósito de constatar si el mencionado acto se ajusta a los parámetros delimitados por la Sala como lo ordena el Artículo 172 inc. 3º de la Constitución de la República".

Los magistrados firmantes, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González, habían anulado dos previas elecciones de titulares de la Corte de Cuentas considerando que estos últimos tenían reclamos pendientes por desempeño en cargos anteriores o por presunta militancia en los partidos FMLN o Gana.

La Sala ha declarado en dos ocasiones inconstitucional el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas. El 23 de enero pasado declaró ilegal la elección de Marcos Gregorio Sánchez Trejo, Javier Tránsito Bernal Granados y José Andrés Rovira Canales, dirigente del partido Gana y quien renunció luego a sus pretensiones al cargo.

Luego el 22 de marzo la Sala declaró ilegal por segunda vez el nombramiento de Sánchez Trejo, Bernal y el de la abogada y dirigente del partido Gana, Silvia Aguilar.

En la resolución de ayer el presidente de la Sala, Salomón Padilla, no firmó, según confirmaron fuentes del Máximo Órgano de Justicia.

"Teniendo conocimiento a través de los diferentes medios de comunicación social, y particularmente por el canal de televisión legislativa, que en horas de la madrugada de este día y en sesión plenaria la Asamblea Legislativa 'eligió' al presidente y magistrados de la CCR, quienes fueron juramentados y supuestamente han tomado posesión de sus cargos, es necesario constatar urgentemente si tal 'elección' se ajustó a los parámetros determinados por esta Sala", dice el fallo.

La Sala urge la entrega del documento antes de que los funcionarios electos efectúen actos oficiales.

"La urgencia de solicitar tal información se justifica por la necesidad de evitar la realización de actos normativos, administrativos y jurisdiccionales de los profesionales 'electos', que pudieran en su caso tener repercusiones a los intereses de terceros o generar situaciones jurídicas consolidadas", dice la resolución.

La elección de los funcionarios se produjo ayer en la madrugada después de intensos debates entre el partido de gobierno FMLN y sus aliados y los diputados opositores de ARENA, que la calificaron de "viciada" y "fraude a la Constitución".

Pero más allá de estos señalamientos, los mismos diputados advirtieron que el partido oficial y sus afines en el Congreso estaban preparando el terreno para volcarse contra cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional o separar a uno de ellos.

El diputado Douglas Avilés, del izquierdista CD, llegó a advertir que se podía producir un nuevo choque entre el Tribunal Constitucional y el oficialismo legislativo como ha ocurrido en los últimos dos años.

Antes del nombramiento de los magistrados a la CCR, el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, criticó a la Sala de lo Constitucional no sólo por las resoluciones de la elección de la Corte de Cuentas, sino en otros fallos donde se han anulado medidas del Congreso y calificó esto como de insensatez y arbitrario.

"Hemos visto cómo se quebranta la Ley de Procedimientos Constitucionales. Hemos visto cómo se declaran inconstitucionales decretos que ni siquiera han sido firmados. Tenemos que estudiar medidas como Junta Directiva, para que esta situación de capricho, de insensatez, llegue a un término", advirtió Reyes.

El nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas se realizó durante una plenaria maratónica que inició a las 2:00 de la tarde con temas de menor importancia y finalizó a las 3:40 de la madrugada (ver siguiente página).

Los ciudadanos Carlos Posada Majano, Olimpia Jirón Hilleprandt y Pedro Antonio Salamanca pidieron por escrito a la Sala que exhorte a la Asamblea para que elija al presidente y magistrados de la Corte de Cuentas de la República y verifique que dicho Órgano dé a conocer públicamente los parámetros y requisitos que sirvieron para evaluar a la totalidad de aspirantes que se sometieron al proceso para optar a los citados cargos.

Requisitos pedidos por la Sala de lo Constitucional

En su sentencia de enero pasado, la Sala ordenó que los candidatos a la Corte de Cuentas deberán cumplir con cuatro requisitos.

El primero es la obligación de documentar objetivamente las cualidades de honradez y competencia notoria de las de las personas que se elijan.

La segunda era expresar las razones por las cuales una determinada persona es idónea para desempeñar la función pública, con el cumplimiento de un procedimiento público y transparente.

Tercera: la Asamblea debe de otorgar igualdad de oportunidades a todos los candidatos.

La cuarta ordenaba que las personas electas no tengan afiliación político–partidaria y la elección no esté sujeta a repartos de cuotas partidarias, según la resolución pasada.

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