Seguridad Pública, tarea pendiente del gobierno de Funes

Desde que asumió en junio de 2009, la administración Funes, según analistas, ha impulsado medidas improvisadas y aisladas que han impactado muy poco en la criminalidad que abate a salvadoreños.

Foto EDH Archivo

La falta de un plan de seguridad bien estructurado que haya permitido el combate y la prevención de la violencia y la delincuencia ha llevado al actual gobierno a experimentar con una serie de medidas aisladas e improvisadas que no han arrojado ningún buen resultado en contra de la criminalidad en los cuatro años de la administración presidencial de Mauricio Funes, según coinciden exfuncionarios de Seguridad Pública y un criminólogo.

Los homicidios han tenido una baja considerable desde hace más de un año, pero esa reducción no es producto de un verdadero plan estructurado del gobierno, sino de un pacto entre pandillas, ejercida a cambio de obtener beneficios carcelarios para los cabecillas de esos grupos, según los exfuncionarios.

La decisión entre las "maras" de no seguirse matando entre sí, conocida como "la tregua", es una medida que ha sido cuestionada por distintos sectores del país, quienes dudan de la transparencia de este proceso que los funcionarios del Gobierno llaman "de pacificación".

Aunque el gobierno ha negado haber negociado con las pandillas a cambio de una reducción en el número de los homicidios, el presidente Funes ha ido a abogar por los pandilleros ante organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Recientemente, el presidente Funes le pidió al Santo Padre Francisco que la Iglesia Católica acompañe la tregua.

En marzo de 2012, la frágil tregua afrontó su mayor riesgo cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el retiro inmediato de los generales David Munguía Payés y Francisco Salinas como ministro de Justicia y Seguridad Pública y como director de la Policía, respectivamente.

Funes no arriesgó la tregua. Acató de inmediato la orden de nombrar titulares civiles en los cargos de seguridad.

El entonces director del Organismo de Inteligencia de Estado (OIE), Ricardo Perdomo, se convirtió en el nuevo ministro de Justicia y Seguridad. El exdirector de Migración, Rigoberto Pleités, fue nombrado director de la Policía Nacional Civil.

Perdomo y Pleités se convierten en el tercer relevo que hace Funes en el área de Seguridad Pública en cuatro años de gestión presidencial. Funes le encomendó continuar con la reducción de los homicidios y de las extorsiones; además, les pidió acompañar la tregua entre las pandillas.

Antes de Munguía Payés y Salinas estuvieron al frente de la seguridad Manuel Melgar y el comisionado Carlos Ascencio. La elección de Melgar, un exguerrillero, fue controversial porque Estados Unidos lo asocia con el grupo que dirigió un acto terrorista contra militares norteamericanos en El Salvador durante la guerra, en 1985.

Con Munguía Payés al frente de la Seguridad la situación mejoró sustancialmente con respecto a la reducción de los homicidios. Esa tendencia a la baja durante los primeros cuatro meses del año se rompió en mayo, luego de que el número de asesinatos superara a los registrados en el mismo mes en el 2012.

Como parte de la tregua, el gobierno ha declarado ocho municipios "libres de violencia"; en ellas se ha involucrado a los concejos municipales.

Sin embargo, algunos alcaldes se quejan de que el gobierno no les ha dado ni un centavo para impulsar programas sociales para prevenir la violencia o para facilitar la reinserción de los expandilleros.

Tregua bajo lupa

La tregua tiene sus críticos. Estos cuestionan la transparencia del proceso y sus posibles consecuencias. Sobre todo, señalan que no hay bajas sustanciales en otros delitos graves, como las extorsiones.

El sector empresarial asegura que las extorsiones de las pandillas siguen golpeando a todos los sectores productivos del país. Aunque las autoridades de la Policía registren menos denuncias que en años anteriores, las gremiales registran un incremento.

Semanas atrás la Conferencia Episcopal de El Salvador sostuvo que la tregua entre pandillas no ha arrojado los resultados esperados en beneficio de la población.

La percepción ciudadana sobre el pacto entre las pandillas también es negativa. Las ultimas encuestas revelan que la mayoría de salvadoreños no confía en la tregua y no creen que haya ayudado a mejorar la seguridad en el país.

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