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Advierten cierre de empresas por nueva ley sobre indemnizaciones

Microempresa no aguantarán nueva carga en tiempos difíciles

Óscar Iraheta Juan José Morales nacional@eldiariodehoy.com Sábado, 27 de Abril de 2013

El sector empresarial del país, pero sobre todo las micro y pequeñas empresas que abarcan más del 80 % del total, presagian un duro golpe para sus economías por la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional en febrero pasado, acerca de las indemnizaciones que se darían a los trabajadores por retiro voluntario.

Los magistrados de la Sala declararon inconstitucional la omisión de parte de la Asamblea Legislativa en regular la indemnización a los trabajadores en caso de renuncia voluntaria y dieron un plazo hasta el 31 de diciembre de 2013 para aprobar una ley que regule las condiciones en que los patronos estarán obligados a pagar a los trabajadores que renuncien.

Hasta ahora los diputados no han tenido mayores avances en la creación de la nueva ley. Pero si, ya hubo algunas reuniones en la Comisión de Trabajo.

El presidente de la Unión de la Micro y Pequeña Empresa (Mipymes), Pablo Durán, declaró que los más afectados con la resolución serán las microempresas, ya que su capital es bajo y muchas no tienen la capacidad de pagar de inmediato las indemnizaciones, sobre todo cuando hayan renuncias colectivas de los trabajadores.

Sin embargo, esperan que los diputados legislen adecuadamente y les tomen la palabra a los empresarios con un proyecto de ley que pretenden enviar a la Asamblea Legislativa y esa sea la base para crear una nueva legislación.

"Los diputados deberán estudiar las economías de las empresas para dejar claras las causas de renuncias de los trabajadores, de lo contrario, habrá mucha corrupción generalizada que afectará a las pequeñas empresas", adelantó el dirigente empresarial.

Durán indicó que si la ley no está apegada a la realidad de las pequeñas empresas traerá graves problemas y en algunos casos podría generar quiebras en sus capitales.

Sugiere que la nueva ley establezca "que todo trabajador que renuncie lo haga después de dos o tres años de trabajo".

"Esta resolución nos cae como balde agua fría. Ya que muchas son pequeñas empresas no sobrevivirían con una ley que afecte la economía", dijo Durán.

El empresario advirtió que ocurrirá un "robo de empleados" entre las empresas, ya que los mejores trabajadores no dudarán en renunciar e irse a otras empresas que les paguen mejor.

Agrega que varias empresas tienen dinero listo para las indemnizaciones; sin embargo, otras harían préstamos para pagar las renuncias.

"Habrá una fuga de trabajadores. Esa ley deberá estar bien regulada. Las empresas están teniendo problemas con los préstamos, los bancos lo están limitando", expresó Durán.

Los magistrados establecieron que el artículo 38 ordinal 12 de la Constitución de la República indica que la ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, un monto proporcional a salarios y tiempo de servicio.

Según los magistrados la indemnización por renuncia no está regulada en el Código de Trabajo, ni en otra ley secundaria.

Por su parte el director Ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, afirmó que se deberá hacer un análisis numérico para medir el impacto que tendrá la nueva normativa en las empresas.

Agregó que pedirán ser llamados a la Comisión de Trabajo de la Asamblea para discutir la nueva ley y hacer sus valoraciones y recomendaciones.

Indicó que en países como Nicaragua donde se aplicó la nueva legislación existe mucho la migración de los empleados hacia otras empresas, para cobrar sus indemnizaciones.

"Con una ley que no existan regulaciones adecuadas hay pérdidas económicas tanto por el pago a los trabajadores como el material humano que las empresas han invertido durante varios años", añadió Arriaza.

Sostuvo que será un impacto alto y se reflejará en bajas en la productividad de las empresas.

Impactará textileras

Para los ejecutivos de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex), es "un poco apresurado establecer el impacto que puede producir la resolución de la Sala de lo Constitucional, pues a la fecha no se conocen propuestas de decreto que regulen esta prestación".

Sin embargo, advierten que siguiendo el ejemplo de países como México o Nicaragua, probablemente traería un impacto significativo, ya que los montos a reconocer no exceden de seis salarios por todo el tiempo de prestación de servicios y cada salario que se le pague no debe de excederse de los cuatro salarios mínimos.

Los empresarios aclararon que el impacto se puede ver desde varias perspectivas, entre las dos principales está: una erogación directa a través del pago y, la otra, se puede generar un canibalismo entre empresas para contratación de talentos de la competencia.

Todos los empresarios coinciden en ese problema y aseguran que esto llevaría a un incremento en los costos de contratación, pues se estaría buscando siempre que "el empleado no se vaya después de las curvas de aprendizaje, lo que ya se ha visto en empresas locales que si pagan esta prestación".

Agregan que es ahí donde realmente puede provocar un importante impacto en las economías de las empresas, a la vez que esta determinación afectaría fuertemente la competitividad y la estabilidad laboral de las empresas", dijeron los empresarios.

Ley estaba en el 'tintero'

Según los archivos de la Asamblea Legislativa, desde hace 12 años se introdujo el primer proyecto de Ley de Indemnización Universal. Sin embargo, la iniciativa no avanzó y fue archivada.

Cuatro años después se introdujo otro proyecto, el cual también no pasó de una discusión estéril y fue archivada.

Anteriormente se justificó el atraso de la discusión legislativa por el conflicto armado que afectó mucho la productividad empresarial en todo el país. Además el Ministerio de Trabajo tendría que hacer un estudio sobre los efectos y posibilidades de esa legislación para tener una base fuerte en la legislación.

El diputado Walter Guzmán, de Gana, confirmó que desde que salió la nueva resolución de la Sala de lo Constitucional, en la Comisión de Trabajo de la Asamblea, no se ha discutido el tema. "Hasta ahorita hemos trabajado en el tema del aumento al salario mínimo y el aumento del aguinaldo", dijo el legislador.

Agregó que en los próximos meses agendarán el tema, en el que augura una fuerte discusión.