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Fusades dice que la ley de partidos nacerá sin dientes

Considera que no tiene poder ni ente para fiscalizar el financiamiento de las agrupaciones políticas

Rafael Mendoza López nacional@eldiariodehoy.com Miércoles, 13 de Febrero de 2013

La Ley de Partidos Políticos que la Asamblea Legislativa busca aprobar hoy no tiene los suficientes mecanismos para regular el financiamiento ni fiscalizar los fondos de los partidos políticos, según consideró la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

El tanque de pensamiento ha encontrado "10 fallas de fondo" en la normativa, según el director del Departamento de Estudios Políticos, Luis Mario Rodríguez. Las principales están relacionadas con el financiamiento partidario.

Por su parte, legisladores de la comisión de Reformas Electorales consideraron que el proyecto tiene los elementos necesarios para saber quiénes son los donantes de las agrupaciones políticas y cuánto dinero aportan.

De acuerdo con Rodríguez, el anteproyecto que irá a aprobación en la sesión de hoy no establece ningún ente independiente que verifique las finanzas de los partidos, sino que se deja esa potestad al Tribunal Supremo Electoral (TSE), un ente de carácter político.

"Si se quiere dejar al TSE como la autoridad deberían crear una unidad especializada autónoma en el Tribunal, con suficiente presupuesto y atribuciones que hiciera ese papel. De lo contrario vamos a tener lo que hemos tenido en justicia electoral, cero condenas e investigación parcializada", consideró Rodríguez.

Por otra parte, aseguró, al TSE no se le otorgan las facultades para poder realizar auditorías, investigaciones o solicitar documentación financiera acerca de los partidos políticos. "No hay ningún mecanismo que facilite la contraloría del Tribunal. Eso es un déficit importante", acotó.

En esa misma vía, destacó Rodríguez, no se detallan los datos que deben contener los informes financieros de las formaciones políticas, "de tal forma que ni el TSE ni la población vamos a tener acceso a la información detallada de las donaciones que han recibido los partidos por entes privados".

Más omisiones

Otra de las deudas, de acuerdo con el tanque de pensamiento, es que no se obliga a los partidos publicar en medios escritos o electrónicos ningún tipo de financiamiento o gasto.

"Esto es grave porque la visión original del proyecto que había hecho la Unidad de Análisis de la Asamblea sí le ordenaba a los partidos contar con una página con datos importantes, desde la normativa aprobada por lo órganos de dirección hasta los montos de financiamiento público y privado", expresó Rodríguez.

El análisis de Fusades también establece que, establecer el 2 % del presupuesto del año anterior del TSE, en el caso de donaciones para actividades ordinarias, y del 3.5 % del presupuesto de campaña de la elección anterior, en el caso de donaciones en períodos preelectorales, "se abre la puerta" a la evasión de dichos límites.

"Una forma de evadirlos es nombrando prestanombres de la persona o empresa que desea hacer un donativo que sobrepase el límite. Otra manera de evasión es omitiendo tal donativo del informe financiero", señaló Rodríguez, algo que según dijo deja poco espacio para la fiscalización.

Asimismo, otra de los puntos ausentes en la legislación es la falta de regulación del secreto bancario y fiduciario, lo cual "podría ser una limitante para el TSE al momento de realizar alguna investigación".

Para Fusades, tampoco se da espacio para la transparencia cuando no se permite en la normativa publicar más datos de los candidatos que su nombre completo, algo que no permite conocer más a fondo la trayectoria, el grado académico y otras generales de los aspirantes a un cargo de elección popular, según el tanque de pensamiento.

Otro punto no menos importante para Fusades, según Rodríguez, es que no se obliga a los partidos a destinar parte de su presupuesto a la formación de nuevos liderazgos políticos ni para otorgar una importante cuota de participación a las mujeres.

"La continua necesidad de capacitación y formación de liderazgos resalta la necesidad de contar con un financiamiento permanente para actividades ordinarias y por tanto corresponde al Estado también ser parte de esta financiación", aseveró.

Sanción débil

Fusades es de la idea que las sanciones se han quedado cortas en la normativa, ya que éstas han sido planteadas para el partido político como tal sin que haya la posibilidad de que dirigentes u otros mandos medios del mismo puedan ser responsables de algunas faltas.

"El hecho que el objeto de las sanciones sean los partidos políticos, hace que la responsabilidad directa de actores claves se diluya en la figura del partido. La eficacia del sistema de sanciones recae en la personalización de la responsabilidad", aseguró Rodríguez.

La legislación establece sanciones menos graves y graves, cuyos castigos van de 10 a 15 salarios mínimos mensuales del sector comercio.

Respecto a las opiniones del tanque de pensamiento, la diputada del FMLN, Jackeline Rivera, sostuvo que no están haciendo una ley "a la medida de los intereses de Fusades", y que se trata de un anteproyecto que aún está por aprobarse.

Además, señaló que si alguien no está conforme con la normativa, puede "utilizar los recursos (legales) correspondientes".

Uno de los puntos que según la legisladora del FMLN no se ha podido establecer en la ley es la "equidad de género". "ARENA es la que no ha querido, hemos dado la batalla para que el tema de la participación de las mujeres quede de obligatoriamente", señaló.

En tanto, la diputada de ARENA, Mariela Peña Pinto, manifestó que hay suficientes elementos en la legislación que permiten la fiscalización de los institutos políticos, uno de ellos la facultad que tendrá el Ministerio de Hacienda para verificar el origen de los fondos que reciban los partidos.

Por su parte, Rodríguez sostuvo que la ley sólo está diseñada para regular el funcionamiento y constitución de los partidos, que consideró importante, pero "carece de instrumentos que permitan a la autoridad electoral fiscalizar a los partidos".

La normativa regula la participación de los partidos en los eventos electorales y sostiene que para no ser cancelado debe obtener al menos 50 mil votos en una elección.