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Cambios a ley ahuyentarían inversión a Nicaragua y Honduras

Industriales dicen que si se aprueban los cambios por debajo de la mesa que Hacienda ha hecho a la Ley de Zonas Francas, el país perderá competitividad

Karla Argueta nacional@eldiariodehoy.com Miércoles, 13 de Febrero de 2013

¿Qué pasaría si después de formalizar un acuerdo su contraparte decide modificarlo bajo la mesa, sin comunicárselo?, ¿estaría dispuesto a continuar la inversión?, ¿no pensaría en hacer negocios en otro sitio, con socios más transparentes? La decisión del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, de modificar unilateralmente las reformas a la Ley de Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo que tomó casi tres años consensuar ha desatado una tormenta de incertidumbre y malestar entre el sector privado, que recuerda cómo el año pasado posó junto a diferentes funcionarios para la fotografía de un "acuerdo histórico" que hace un par de días fue violado.

Cáceres defendió ayer a su salida de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa los cambios que envió el 4 de febrero pasado a la Comisión de Hacienda, a espaldas del sector con el que negoció los cambios.

El nuevo documento excluye a la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex), uno de los participantes en la elaboración de las reformas, del consejo consultivo, y que incluso formó parte de la "mesa de honor" el día que Casa Presidencial anunció que por fin había un documento que gozaba de aval público y privado.

Por otro lado, la propuesta de Cáceres grava con el 5 % los dividendos de los accionistas; elimina la exención de por vida del 40 % del impuesto sobre la renta, y también elimina la posibilidad de que productores locales se establezcan en recintos calificados como zona franca.

Ante las modificaciones de última hora, Javier Simán, presidente de la ASI, resaltó que el sector privado está sorprendido de la jugada, cuando se trataba de una norma que ya gozaba del visto bueno del mandatario de la República Mauricio Funes.

"Esto demuestra una falta de liderazgo del presidente, una falta de visión de unificada de su gabinete y una falta de coordinación de sus ministerios", afirmó el empresario.

Más allá de la nueva polémica que ha desatado el Gobierno, en cifras concretas, lo que está en juego es el 50 % de las exportaciones, 240,000 empleos directos, 80,000 indirectos y alrededor $600 millones en compras que, al año, las empresas bajo este esquema hacen al mercado local para llenarse de insumos, según los datos de Inteligencia de la ASI.

Si las cifras anteriores parecen pocas, de acuerdo con la gerente de ese departamento, Doris Rivera, el régimen de Zonas Francas también ha ofrecido oportunidades de desarrollo a ciudades como La Libertad, Sonsonate y Santa Ana, donde antes el empleo era escaso.

Los cambios

El presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas (Camtex), José Antonio Escobar, explicó que "dentro de las nuevas modificaciones que el ministro ha hecho, la más grave, y que nunca estuvo en la mesa, es la de pagar impuestos sobre las utilidades de las corporaciones".

A simple vista, la ley gravaría con el 5 % los dividendos de los accionistas, pero el porcentaje se eleva a 25 % si la empresa tiene su sede en cualquier ciudad del mundo considerada como paraíso fiscal. Delaware, Nevada, Wyoming y Florida, en Estados Unidos, cuna de firmas importantes y en constante expansión como Google, Coca Cola, Walmart y Dell figuran en ese listado.

Escobar indicó que más de una veintena de empresas multinacionales dedicadas al corte y la confección y que ya están radicadas en el país, se verían afectadas. Dos de ellas, por ejemplo, generan una cuarta parte de los 80,400 empleos directos en el sector textil, detalló, por lo que ante un nuevo impuesto, para las corporaciones es más fácil buscar otros destinos de inversión.

Sobre el cambio en el pago del impuesto sobre la renta (ISR), el documento pactado entre el Gobierno y los empresarios acordaba el aumento progresivo en el pago de impuestos . Así, después de entre 15 y 20 años de transcurrido el establecimiento de una firma bajo ese régimen quedaba exenta en 60 % del pago del ISR. Vencido ese periodo, y de por vida, la empresa quedaría librada del 40 %; sin embargo, la propuesta de Hacienda plantea que el último beneficio solo dure cinco años, y de ahí en adelante cancele sobre el 100 %.

Con la ley vigente a "un inversionista extranjero se le prometió total exención. Invirtió. Luego, nosotros lo convencimos de que era necesario reformarlo y sacrificar ese plazo indefinido, y ahora viene el ministro y lo recorta más todavía. ¿Qué cree que va a hacer ese inversionista extranjero?", profundizó Simán para explicar la incertidumbre que ha generado la intromisión de Hacienda.

El presidente de la ASI enfatizó que, incluso, algunas de las reformas son violatorias de la OMC.

Según él, una de las razones medulares por las que se hizo la reforma fue la exigencia del organismo mundial de eliminar los incentivos basados en la exportación.

La actual legislación obligaba a las empresas bajo el esquema a pagar impuestos si vendían en el mercado local, pero las liberaba de tributos si decidían exportar. Con la reforma, se creó un mecanismo para regular las ventas locales y los incentivos se enfocaron en la inversión hecha por la empresa, el número de empleos generados y la zona geográfica en que se establece.

Sin embargo, Cáceres, que estuvo en las negociaciones, ha interpretado que estos empresarios quieren tener ventajas para vender en el país, y quiere imponer nuevamente diferencias para quienes comercian en el extranjero y en El Salvador, con lo que se estaría repitiendo lo que la OMC prohibe.

Tanto Camtex como la ASI han hecho público su malestar ante la falta de palabra del Gobierno. Los textileros recalcaron ayer en un campo pagado que "de ser aprobado con los cambios, el proyecto de reformas, lejos de construir una herramienta de atracción de inversiones, será el motivo de la fuga de estas a Honduras y Nicaragua".

Los industriales coincidieron y en su publicación de hoy recuerdan que "los acuerdos deben honrarse, la palabra empañada debe cumplirse, caso contrario, se rompe la confianza necesaria para mantener un adecuado clima de inversión".

Finalmente, ambas exhortaron a los diputados a honrar cumplir lo acordado y aprobar la reforma original.