Fusades pide que se cumpla fallo en caso CEL-ENEL

Dice que si no se cumple, se estaría violando la "libertad contractual" y se violaría el Estado de Derecho y la institucionalidad del país

El Departamento de Estudios Legales de Fusades presentó su Informe de Coyuntura Legal e Institucional correspondiente al segundo semestre de 2012. foto EDH/CORTESíA DE FUSADES

El incumplimiento por parte del Estado de la sentencia que otorga la mayoría de acciones a ENEL para la explotación de los recursos geotérmicos de la empresa LaGeo, traería un mensaje negativo a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho en el país, de acuerdo con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

Además, consideró que con este impasse, en el que el gobierno se niega a acatar el fallo de un tribunal internacional (Corte de París), manda un mal mensaje a inversionistas extranjeros y estaría violando la "libertad contractual".

Por su parte, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), por medio de su abogado externo, Juan Pablo Córdova, sostuvo que el contrato en el que se decide otorgar la mayoría accionaria a ENEL es contrario a los intereses del Estado y a la Constitución de la República.

Mientras que el abogado y árbitro en este tipo de procesos, Roberto Romero Pineda, cree que la Corte de París ya habló y hay que cumplir su sentencia, pues los laudos arbitrales son inapelables (ver entrevista).

Sobre el punto, Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, aseguró que el arbitraje en favor de ENEL debe cumplirse como cualquier sentencia judicial.

"Fusades lo que ha manifestado con vehemencia es que la confirmación de un laudo arbitral, de la naturaleza que sea y para el caso que sea, tiene la validez y peso de una sentencia judicial", acotó.

Al decir de Castro, Cel puede apelar a cualquier instancia si así lo decide, pero considera que debe respetarse la institucionalidad. "Todavía se puede hacer uso de medidas legales, de eso no nos oponemos en ningún momento, pero debe prevalecer la seguridad jurídica", manifestó.

Eso sí, Castro sostuvo que si hubo regularidades en el contrato entre los involucrados debe investigarse. "Acá nosotros estamos defendiendo principios y valores y en ningún momento a ninguna de las partes", detalló.

"Creemos que estos temas deben resolverse en las instituciones, para eso existen las instituciones... Por eso decíamos que no nos parecía que la vía en que se estuviera tratando este conflicto fuera en los medios de comunicación", declaró Castro.

En tanto ARENA y el FMLN pidieron ayer la creación de una comisión especial para investigar el caso de Cel-ENEL (leer nota aparte).

El arbitraje internacional surgió a partir de que el Estado salvadoreño se niega a otorgarle el 53 % de las acciones al consorcio de origen italiano. En este sentido, Castro sostuvo que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe pronunciarse sobre el caso.

Cel: Hay más recursos

De acuerdo con el abogado externo de Cel, el Estado aún tiene varios caminos que tomar para poder revertir los efectos del laudo arbitral en favor de la empresa ENEL.

Uno de esos recursos, indicó a la radio 102nueve, es acudir a la CSJ o cualquier tribunal nacional. "De acuerdo con el Estado salvadoreño, (el caso) tiene que ir a la Corte Suprema y si ella lo avala (fallo internacional) no podemos hacer nada", aseveró Córdova.

A juicio del abogado, la resolución es contraria a la Constitución de la República porque los bienes del Estado, según dijo, no pueden otorgarse sin que antes haya habido una autorización de la Asamblea Legislativa.

"No se puede cumplir una sentencia de este orden, no se puede cumplir venga de donde venga. No se puede disponer de los bienes del Estado. No hay que hacer interpretaciones excesivamente abusivas", manifestó el defensor.

Y agregó: "¿Hay un funcionario que me diga en qué parte existe una disposición legal que le diga a él que para disponer de los bienes del Estado, no hay que ir a la Asamblea, sino que (puede hacerlo) por medio de este tipo de artilugios (contrato con ENEL)?".

Según dijo Córdova, el país estaba en desventaja ante este tipo de laudos arbitrales, pues la empresa ENEL tiene presencia en Europa y los árbitros internacionales entienden de asuntos mercantiles y "se tienen que asistir de peritos locales para entender la leyes nuestras", acotó.

Añadió que el país no tiene recursos suficientes y que eso debe pensarse antes de asegurar, como lo han hecho varias organizaciones como Fusades, que se está enviando un mensaje negativo a los inversionistas.

Al final, Córdova apeló a la empresa ENEL para que se busque una salida negociada entre ambas partes. "Eso sería lo mejor", aseveró.

Clima de inversión

En su más reciente Informe de Coyuntura Legal e Institucional, Fusades consideró que este conflicto entre el Estado y la empresa de capital italiano genera una percepción negativa entre los inversionistas extranjeros, pese a que, según consideró, existen oportunidades importantes en materia de leyes para atraer negocios al país.

El director del Departamento de Estudios Legales del tanque de pensamiento indicó que las reformas a las leyes de zonas francas y de servicios internacionales, y los proyectos de ley de firma electrónica y de estabilidad jurídica para las inversiones, constituyen buenas oportunidades para que el país se expanda en materia de inversión local y extranjera.

Eso sí, pidió a la Asamblea Legislativa a que inicie lo antes posible el estudio de estos proyectos, además de que establezca un "marco legal adecuado para el régimen de concesiones".

En cuanto a la seguridad ciudadana, Fusades destacó que la tregua entre pandillas ha generado la reducción de muertes violentas en el país, pero al mismo tiempo sostuvo que no hay claridad sobre los términos de la misma y pidió un plan integral contra la delincuencia en el país.

En el mismo estudio, Fusades también destaca que ha habido pocos avances en materia de transparencia, ya que aún no han sido nombrados los comisionados del Instituto de Acceso a la Información por parte de la Presidencia.

A su juicio, el fallo de CSJ que obliga al presidente Mauricio Funes a elegir a los funcionarios es lo único positivo.