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Sala declara improcedentes peticiones de diputados

Parlamentarios denunciaron en conferencia el ofrecimiento de dinero por votar en contra de la posición de su partido en elección del fiscal general

Óscar Iraheta Sábado, 26 de Enero de 2013

La Sala de lo Constitucional declaró improcedentes las peticiones hechas por los diputados David Reyes, Gustavo Escalante y el señor Ernesto Muyshondt, por presuntos actos de hostigamiento, persecución y arbitrariedades por parte del Organismo de Inteligencia del Estado y la Policía Nacional Civil.

Los diputados denunciaron en conferencia de prensa "el ofrecimiento de dinero por votar en contra de la posición de su partido para la elección del titular de la Fiscalía General de la República".

Asimismo, argumentaron que "que han sido víctimas de persecuciones por vehículos no identificados e intervenciones telefónicas".

En el caso de Muyshondt, expone "que ha sido sujeto de persecución por vehículos desconocidos, registro de su vehículo y plagio de su cuenta de correo electrónico".

Por lo anterior, pidieron a la Sala que decrete hábeas corpus para evitar una lesión al derecho a la libertad.

Los magistrados de la Sala fallaron que las peticiones "no revelan un atentado contra la libertad de las mismas, al no aportar un dato objetivo a partir del cual se concrete la comisión de los hechos por parte de las autoridades demandadas".

La Sala estableció que eso no implica que se califique de lícitos los hechos señalados, pues los mismos pueden ser sujetos de investigación por otras autoridades ante la posible comisión de delitos.

Además, la instancia también conoció la petición de hábeas corpus del señor Miguel Ahués Karrá, quien demandó a la Fiscalía General de la República debido a la presunta denuncia que existe en su contra por parte de miembros de un partido político, y solicitó que la Sala intervenga a efecto que no se lleve a cabo una limitación a su derecho a la libertad personal.

La Sala declaró improcedente la petición por "tratarse de conjeturas o sospechas provenientes del inicio de la supuesta investigación en

sede fiscal, lo cual no se traduce en un acto restrictivo real e

inminente del derecho a la libertad".