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Dueños de armas sin permiso tienen tres meses para entregarlas

Es una Ley transitoria para las armas que no tienen registro legal

Eugenia Velásquez politica@eldiariodehoy.com Jueves, 17 de Enero de 2013

Con 57 votos de todos los partidos políticos, la Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley Especial Transitoria para la Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, Explosivos, Municiones y Artículos Similares.

La petición fue ingresada al pleno ayer por el diputado Antonio Almendáriz, de CN, y avalada posteriormente como dictamen con carácter de urgencia.

Según explicó Almendáriz, la normativa tiene como objetivo que todas aquellas personas naturales y jurídicas que poseen un arma sin registro la puedan entregar sin ningún obstáculo y en cumplimiento de la ley.

La vigencia de la normativa será de tres meses y será responsabilidad del ministerio de la Defensa el control en la entrega y destrucción posterior del armamento que se recaude una vez entre en vigencia la ley.

Será también el ministerio de Defensa quien designe el lugar y la forma de entrega de las armas de fuego, de acuerdo con lo que estipula el artículo 3 de la ley en mención.

Almendáriz informó que si en caso hubiera una nueva entrega de armas por parte de las pandillas recluidas en los centros penales será el recinto quien responderá por el armamento incautado, aun cuando se supone que en las cárceles no debería de haber armas de fuego, por estar en contra de la ley, indicó.

Para el diputado Benito Lara, del FMLN, con el aval a esta normativa transitoria se estaría facilitando precisamente que las maras puedan entregar las armas en su poder.

Sin embargo, en este punto hubo alguna discordancia entre el diputado Guillermo Gallegos, de Gana, y Almendáriz, de CN.

Almendáriz asegura que toda arma que llegue al ministerio de Defensa deberá pasar por un registro para conocer si no ha sido usada en algún homicidio u otro tipo de hechos de violencia.

El inciso tercero del artículo 3 reza de la siguiente manera: "Previa a su destrucción se deberá verificar con las autoridades competentes que éstas no están vinculadas en la comisión de un hecho delictivo".

Para Gallegos aplicar lo anterior no motivaría a ninguna persona a entregar su arma, pues al no estar registrada y en caso se detectara que ha tenido participación en algún delito se estaría exponiendo a que se le persiga, justificó.

Gallegos aseguró que se trata de una "amnistía" para favorecer el proceso y ayudar a la seguridad de la población.

Consultado a Almendáriz como funcionaría una entrega de armamento al interior de las cárceles por parte de los pandilleros, éste expuso que se harán centros de acopio, y tal como lo dice la ley, el ministerio de Defensa estipulará los sitios y las fechas en que deberán ser recolectadas.

El ministerio deberá rendir un informe casi al finalizar el plazo de los tres meses de la cantidad de armas que fueron incautadas y destruidas.

El diputado Arístides Valencia, del FMLN, informó que se estima que existen en el país medio millón de armas de fuego, pero que de éstas sólo cerca de 200,000 están debidamente legalizadas.