Presidente pide avalar un decreto de retiro voluntario

Lo solicita para los jubilados o en proceso de jubilación con un empleo estatal

La Asamblea Legislativa ya tiene en su poder el decreto de retiro voluntario para empleados del sector público que están pensionados o que están tramitándola.

La solicitud fue introducida ayer como pieza para que la próxima semana sea discutida formalmente en la comisión de Hacienda.

"La motivación de esta solicitud se fundamenta en el hecho de generar mecanismos que faciliten la promoción y creación de un mayor número de empleos, que podrían materializarse con el retiro voluntario de buena parte de empleados del sector público, que puedan optar para acogerse a los beneficios que contempla el proyecto de decreto adjunto, sin perjuicios de los ahorros que pudieren generarse dentro del presupuesto aplicable para el entrante ejercicio fiscal 2013", reza en la solicitud girada por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres.

La solicitud estipula que los jubilados que se acojan a este decreto gozarán de una indemnización equivalente al pago de seis meses del último salario que hayan percibido. Además establecen que estos tendrían hasta el 31 de enero de 2013 para realizar las gestiones correspondientes para su retiro definitivo de la entidad en la que se están prestando sus servicios.

Sin embargo, en el decreto apunta que el plazo para realizar las gestiones de retiro implicará que deberán estar completados 45 días después de haber entrado en vigencia el decreto.

Las plazas, por cualquier sistema de pago, en las que se encuentren nombradas las personas que se retiren serán congeladas durante el ejercicio financiero fiscal 2013, a fin de financiar con dichos recursos, las respectivas indemnizaciones.

Establecen que todas aquellas personas que reúnan los requisitos no podrán reingresar a laborar en el sector público, hasta que hayan transcurrido 10 años contados a partir del ejercicio fiscal de 2013.

Piden que se faculte al Ministerio de Hacienda para que emita todas aquellas disposiciones administrativas pertinentes e indispensables, para hacer viable y entregar oportunamente la citada indemnización, así como para que se formulen los registros, controles e informes necesarios relacionados con la vigencia del decreto.

Apoyo

El tema ha tenido, de manera general, el beneplácito de los diputados, con algunas diferencias en determinados aspectos.

Norma Guevara del FMLN dijo estar de acuerdo con el decreto, sobre todo porque especifica que es de carácter voluntario. Sin embargo, dice que no están del todo de acuerdo en que se congelen las plazas de todos los sectores, lo avalarían si excluyen al sector salud y educación, pero no los administrativos.

"Nos llama la atención positivamente que no es obligación, que las personas que tienen pensión salgan de sus labores, es voluntario. Esa era la mayor preocupación que teníamos como FMLN porque de ser obligatorio podían verse sacrificadas algunas personas que tienen pensiones muy bajas. Queda una preocupación y es la congelación de las plazas, si se hace en la rama de salud y educación, quedarían sacrificados los estudiantes y los pacientes; si es así, como FMLN no estaríamos de acuerdo", apuntó.

Asegura que si estos dos escollos se superan y si se mantiene de carácter voluntario, darán sus votos.

Milena de Escalón, de ARENA, dice que analizarán el tema, sobre todo que quede especificado que es voluntario y que no se aceptarán presiones para que los empleados se adhieran al decreto.

La diputada asegura que ha recibido denuncias de personas cuyos jefes les han enviado una circular en la que les dicen que saldrá el decreto de retiro voluntario y que tienen que tomarlo.

"Tiene que quedar claro de que es voluntario, nosotros estamos por proteger a las personas que quieren seguir trabajando porque tienen necesidades aunque tengan su jubilación", dijo.

Arnoldo Marín, del PDC, afirmó que no conocían detalles de la propuesta, sin embargo, aseveró que para poder apoyarla debe ser de carácter voluntario.