Piden que se incluya a clase TPS en discusión de reforma migratoria

Organizaciones de centroamericanos creen este grupo ha contribuido a EE.UU.

La legisladora de origen salvadoreño, Ana Sol Gutiérrez, aboga por los centroamericanos con TPS. foto edh / tomás guevara

Un grupo de organizaciones proinmigrantes tira sus fichas en la arena política de Washington para que a unos 270 mil centroamericanos que tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS) se les otorgue una residencia permanente. Creen en que este grupo debe ser considerado como el primero en la lista en el debate previo hacia una reforma migratoria integral.

La legisladora de la Cámara de Representantes de Maryland, Ana Sol Gutiérrez, aprovecha cualquier acercamiento a legisladores federales y funcionarios de la Casa Blanca para impulsar una propuesta que conlleve a que este grupo en especial tenga un trato preferencial ante un eventual acuerdo para solucionar el complejo sistema migratorio estadounidense.

La legisladora, de origen salvadoreño, se presenta como una de las voces de un conglomerado de activistas y también de 15 organizaciones en nueve estados de la Unión Americana que impulsan la medida bajo el lema "Residency Now" (residencia ya).

Con ello se busca el estatus legal definitivo de los beneficiarios del TPS centroamericanos, entre los que se calcula hay unos 200 mil salvadoreños, más de 60 mil hondureños y seis mil nicaragüenses.

"Estamos impulsando este esfuerzo porque en los proyectos de ley migratoria que se han puesto en la mesa como el de Luis Gutiérrez (congresista demócrata por Illinois) no se menciona al grupo TPS, así que nos queremos asegurar de que esta vez este grupo sea el primero, porque tiene bien ganado el derecho a una residencia permanente antes que cualquier otro", comentó Ana Sol Gutiérrez.

Los aportes a las arcas de Estados Unidos de los portadores de TPS de los tres países de la región se contabilizan en más de un billón de dólares en conceptos de reinscripciones, desde 1999 para hondureños y nicaragüenses y desde 2001 para salvadoreños, según datos del gobierno federal.

"Al iniciar la sesiones en la legislación de este año en Maryland he estado hablando con los representantes y senadores federales del Estado y con nuestros enlaces en la Casa Blanca porque necesitamos un buen grupo de aliados para lograr que estos centroamericanos que han pagado impuestos y están debidamente registrados por las instancias de seguridad nacional cambien a un estatus permanente", enfatizó Gutiérrez.

Republicanos anuentes

La usual oposición de la mayoría de legisladores del conservador Partido Republicano a conceder beneficios a los inmigrantes que han entrado de manera ilegal a territorio estadounidense no sería norma al abordar la situación del grupo de centroamericanos amparados por este beneficio concedido por el presidente de Estados Unidos a extranjeros cuando sus países sufren catástrofes causadas por fenómenos naturales.

Ana Negoescu, directora de Educación y Propugnación del Centro de Recursos para Centroamericanos (Carecen), la única organización en la capital estadounidense enrolada en la búsqueda de una salida definitiva ante el limbo legal para los beneficiarios del estatus temporal, dice que es factible la propuesta al ver la reacción — a raíz de los primeros acercamientos— de parte de legisladores republicanos en ambas cámaras.

"Este grupo no es tan controversial cuando hablamos con los republicanos. Ellos no lo ven como algo muy difícil, en parte por la situación que se sabe que estas personas están en el sistema, han pagado impuestos y han fundado familias aquí", dice Negoescu.

Esta activista es optimista y ve propicio el momento para impulsar la medida, pues tanto Carecen como la otras organizaciones que impulsan esta iniciativa desde el año pasado consideran que este es el momento oportuno al haber cambiado el discurso y el clima político en Washington.

"Pensamos que existe una gran oportunidad de incluir este grupo en un proyecto de ley para reforma integral", comenta Negoescu al tiempo que dice que hay un poco de confusión respecto al grupo de beneficiarios del TPS, porque se le considera un grupo documentado, aunque no tenga un estatus legal permanente.

Pese a esa condición, los 270 mil centroamericanos con TPS están olvidados y son dejados fuera de las discusiones en los cabildeos de las organizaciones proinmigrantes que tienen acción en Washington, porque es un grupo especial que ya tiene su permiso de trabajo y están autorizados para vivir en Estados Unidos, aunque no haya un camino a la residencia ni ciudadanía para ellos, considera la activista.

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