resumen noticias

Gobierno impone uso de tarjeta prepago en transporte público

La nueva normativa fue acordada por el VMT el 16 de octubre de 2012

Regina Miranda nacional@eldiariodehoy.com Miércoles, 26 de Diciembre de 2012

Otra ruptura entre los buseros ocasionó el anuncio hecho ayer por el Viceministerio de Transporte (VMT), a través de la Secretaria de Comunicaciones de Casa Presidencial, sobre el inicio del plan piloto de la aplicación de la tarjeta prepago, a partir de enero, en buses de la zona de Santa Tecla.

Para los críticos es una imposición, una obligación puesta por el gobierno.

Para otros es una medida que está contemplada a través de una "resolución razonada" del Viceministerio de Transporte, firmada el 16 de octubre pasado en las instalaciones del VMT.

Roberto Soriano, presidente de la gremial ATP, manifestó que el gobierno no puede obligar la implementación del sistema prepago, debido a que la medida no está regulada dentro de la Ley de Transporte Terrestre por la que se rige el sector.

"Ahí es donde van a tener problemas legales porque no nos pueden obligar a nosotros a meternos a una asociatividad con la que no estamos de acuerdo, por lo menos no conocemos el proyecto", comentó Soriano.

Pero Rodrigo Contreras Teos, nombrado secretario de la Mesa Nacional de Transporte y accionista de la empresa Sipago, alegó que existe un decreto ejecutivo publicado el 23 octubre de este año en el Diario Oficial, que estable como requisito la implementación de la tarjeta prepago en las unidades del transporte que quieran seguir operando.

"Ya hay una resolución legislada por el VMT y ya se ha autorizado, hay un decreto", dijo Contreras Teos.

El artículo 9 del decreto establece: "La implementación del Nuevo Sistema de Recaudo es de carácter obligatorio para todos los prestatarios del servicio público colectivo de pasajeros del Área Metropolitana de San Salvador, a partir de la fecha de implementación de éste..."

Y en el artículo 12 de dicho documento establece que en enero 2013 se inicia el nuevo sistema.

Contreras Teos expuso que el Reglamento general de tránsito y seguridad vial da potestad al VMT para definir el sistema de recaudo para la tarifa del pasaje.

Sin embargo, Soriano considera que los usuarios no podrán estar recargando la tarjeta prepago y, a la vez, cancelar con efectivo en el resto de las rutas que circulan en San Salvador.

A pesar de que los transportistas tenían conocimiento sobre el proyecto planteado dentro de la Mesa de Transporte, y de la firma de un fideicomiso por 10 mil dólares en noviembre de 2011 para el inicio del sistema, hay empresarios que alegan que no han sido informados sobre la aplicación de la medida.

Catalino Miranda, presidente de inversiones y negocios de Fecoatrans y quien participó en la Mesa de Transporte, dijo que a pesar de que forma parte de la directiva de la empresa Sipago, formada por otros empresarios, no se le ha notificado sobre el inicio del plan, pese a que gran parte de sus rutas recorren el sector de Santa Tecla.

"Quienes han dirigido y han llevado la batuta de todo este proyecto se llaman: Miguel Castañeda, (Rodrigo) Contreras y Eduardo Mendoza", expresó Miranda.

Añadió que necesitan información sobre la adhesión de contrato con Bandesal, Fideicomiso y venta de acciones. "Cuando se comienza con detrimento se pone cuesta arriba el convencimiento de algunos compañeros que son socios de las mismas rutas", expresó.

No obstante, las declaraciones de Miranda parecen asombrar a Contreras Teos, quien asegura que como representantes de la Mesa de Transporte, han informado al sector sobre la prueba piloto que arrancará en enero.

"No sé porque diga él eso, porque incluso hasta el mismo viceministro Transporte (Nelson García) le ha informado", aseguró Contreras Teos.

Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), comparte la moción de que no puede convertirse en un requisito indispensable formar parte de la empresa Prepago, ya que existe libertad de contratación de las empresas operadoras para el sistema.

"No nos pueden obligar a firmar un contrato. No puede estar sobre la ley un reglamento o un interés particular de un grupo de personas", comentó Ramírez.