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FMLN, PCN y Gana unen votos de nuevo

Horas antes habían dicho no estar de acuerdo con Fondo para víctimas de accidentes

Eugenia Velásquez politica@eldiariodehoy.com Viernes, 14 de Diciembre de 2012

El llamado "bloque partidario", formado por el FMLN, Gana y PCN, aprobaron en un madrugón de ayer un nuevo tributo que deberán pagar todos los salvadoreños que poseen vehículo.

Se trata de un pago adicional para quienes tienen vehículo, el cual oscila entre $35 hasta un máximo de $250 para autobuses y transporte de carga.

La contribución se realizará anualmente junto al pago de la refrenda de la tarjeta de circulación que hacen los automovilistas.

En el transcurso de la plenaria el FMLN no tenía los 43 votos para avalar el Fondo que dará Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

ARENA, PDC y CD se opusieron, y sólo contaban con los tres votos de los diputados disidentes de ARENA: Rigoberto Soto, Santos Adelmo Rivas y Jesús Grande.

Sin embargo y después de más de una hora de discusión del dictamen, el PCN y Gana acuerparon de nuevo al FMLN en otra medida que no goza del favor de ARENA.

Respaldar al FMLN ha sido la constante de los partidos Gana y PCN. En este año, han sido varias las ocasiones en que han aprobado varios dictámenes juntos.

Antes lo han hecho con la petición del presidente Mauricio Funes, quien separó a los representantes del sector privado de las juntas directivas de 19 entidades autónomas, a través de la reforma de sus reglamentos internos.

Con dicha medida, el gobierno logró tener no sólo mayor representación en las autónomas, sino también más control de ellas, en especial sobre el Instituto de Formación Profesional (Insaforp), en el cual hasta el presidente es electo por Funes, después de la modificación de su Reglamento.

Los $800 millones para el pago de bonos también fueron apoyados sin ninguna objeción por Gana y el PCN, así como el préstamo de $80 millones para Salud Pública y el que se debate actualmente en el Congreso, de $60 millones para Agricultura.

En el de Salud Pública, ARENA dio sus votos después de realizar varias reorientaciones al contrato del préstamo y finalmente fue avalado por unanimidad de los 84 diputados. El de Agricultura no logra el voto 56 para ser aprobado.

Y el caso más emblemático fue el de la elección del Fiscal General de la República (FGR), un proceso que se llevó varios meses en el Congreso, dado que el FMLN, Gana y el PCN no cedían a retirar su apoyo a Ástor Escalante.

Al final, se decidieron por Luis Martínez, el candidato que menos apoyos tenía entre la derecha y la izquierda, de los tres que habían quedado después de evaluar a 47.

Ayer durante la plenaria se vio de nuevo la correlación de fuerzas que existe entre el FMLN, Gana y el PCN, al aprobar juntos la creación de un fondo estatal que servirá para atender a víctimas de accidentes de tránsito.

Francisco Merino, del PCN, había afirmado en la tarde del jueves que su partido no daría los votos por considerar que el beneficio no llegaría a quienes en realidad lo necesitan.

"El mecanismo ni siquiera nos lo han explicado, si usted ve como se hará el desglose de los tantos millones, lo que queda más a la cola es la protección de víctimas de accidentes, y la inversión se va distribuyendo en otras cosas, incluso se crea más burocracia, porque se crea un ente directivo y otros aspectos que hay que ir revisando", acotó.

Mario Ponce, también del PCN, aseveró que se estaba cargando un impuesto a quienes menos culpabilidad tienen de los percances viales.

Ponce dijo que son los buseros y los transportistas de carga quienes más protagonismo tienen en los choques, que muchas veces son los de este tipo los que más luto dejan en las familias.

A su criterio, no era correcto cargarle a los automovilistas de carros una imposición cuya responsabilidad es más del sector del transporte público.

Pero pese a estas declaraciones, en la madrugada los diputados del PCN terminaron votando para aumentar el costo de la tarjeta de circulación al agregarle la contribución que irá para el Fondo de Atención a las Víctimas.

Merino justificó ayer que el viceministro de Transporte (VMT), Nelson García, les disipó las dudas que tenían sobre la nueva imposición.

Según dijo, la interrogante del grupo parlamentario era a que en la ley del Fonat no se estipulan las categorías en que se cobrará el tributo, únicamente que será un pago mínimo de $35 para vehículos livianos y un máximo de $250 para autobuses.

Es decir, que en la Ley tal como fue aprobada ayer no se distingue con exactitud cuánto se cobrará por un pick-up, o por un camión, sino que se establecerán en el Reglamento, el cual aún no está diseñado, pues después de aprobada la normativa se tienen 15 días para redactarlo y es competencia del Ejecutivo.

Merino recordó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en atención al artículo 231 de la Constitución de la República, ha resuelto en casos anteriores que es inconstitucional no detallar en la ley las cantidades exactas cuando se trata de contribuciones que pagará la población.

"Lo que advertíamos es el riesgo de una inconstitucionalidad, yo hablé con el viceministro de Transporte y él me aseguró y desvaneció, y dijeron que ya consultaron con la Sala de lo Constitucional, la discrepancia que teníamos. El asegura que la Sala de lo Constitucional acepta ese criterio", argumentó.

Sin embargo, no descartó que si alguna persona considera que el Fondo no es legal, puede acudir a la Sala de lo Constitucional a interponer un recurso de amparo.

En tanto que Lorenzo Rivas, diputado de Gana, expresó que el resto de sus colegas, como Guillermo Gallegos, Mario Tenorio y Franzi Zablah, tenían cierta reserva sobre dar sus votos o no, debido a que consideraban que se estaba cayendo en una duplicidad de pagos para la población que ya cuenta con un seguro de daños a terceros privado.

De hecho, Gallegos afirmó el jueves por la tarde que él no daría su respaldo a la iniciativa; Tenorio, por su parte, dijo que no había decidido qué hacer aún; y Zablah expresó no conocer en detalle el dictamen y que hasta que lo estudiara bien daría su opinión.

Este periódico intentó hablar ayer por teléfono con cada uno de ellos, pero ninguno contestó a su teléfono móvil.

Sin embargo, Rivas aseveró que la duda que todos ellos tenían era porque poseen un seguro privado que les cubre los daños a terceros, pero que al final habían accedido, al aceptar la justificación de que se trata de un pago que se hará una sola vez al año.